El 27 de agosto pasado, el oficial Benito Javier Báez Figueredo, de 39 años, fue asesinado a balazos por parte de un adolescente que en ese entonces tenía 17 años. El crimen grabado en un circuito de cámara mostró  el momento en que el asesino actuó a sangre fría, eliminando a su víctima al momento en que iba con su esposa embarazada. Días después fue detenido y recluido como menor de edad, en el Centro de Rehabilitación de menores de Itauguá.

Ocho días después de haber perpetrado el homicidio, el marginal cumplió 18 años, convirtiéndose en mayor de edad. Esos 8 días lo salvaron de sufrir una pena de, cuanto menos, 25 años de prisión, pero cono era menor de edad a la fecha del hecho luctuoso, su pena prevista es de solo 8 años. 

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La “buena suerte” del criminal, sin embargo, no fue la única arista llamativa que rodea al acusado. En efecto, el mismo podía seguir estando recluido en Itauguá, que, al ser penal de menores, tiene un régimen mucho más benevolente y flexible que los otros penales de mayores.  Ahora el homicida pidió ser trasladado a Tacumbú, y, según dieron a conocer a medios de comunicación, la petición fue en tono de amenaza.

El insólito pedido deja de serlo, desde el momento en que el penal mayor pasó a ser un sitio de reclusión “apetecido” por delincuentes, como el caso de Tío Rico Insfrán, que recurrió a varios recursos legales a través de su abogado, para ser llevado igualmente a Tacumbú. 

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En el caso del asesino del policía Benito Javier Báez, la lógica  apunta al hecho de que el asesino, al ser miembro del clan Rotela (según la pesquisa policial, el grupo que ordenó  el crimen) será recibido con “honores” por parte del cartel, y pasaría a ser una figura de relieve entre los delincuentes.

👇 Así fue como asesinaron al policía Benito Javier Baez (39) cuando estaba volviendo de la cancha a su vehículo junto a su esposa e hija de 1 año en Asunción.

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— A24compy (@a24compy) August 29, 2023

El ministro de Defensa Nacional, General (SR) Oscar González, señalo que las charlas y advertencia para erradicar esa práctica, se realizan de manera sistemática en cuarteles y centros de enseñanza.

“Personalmente doy charlas para comunicar que esas prácticas no están permitidas en las FF.AA. Desde que asumí el cargo (agosto pasado) hemos insistido con énfasis en esta cuestión”, dijo Gonzáles en comunicación con la 1080 AM. Agrego que las agresiones de ese tipo reciben castigos ejemplares. En el último caso dado a conocer en la última horas, remarcó, la penalización en ambitos del Tribunal de Justicia Militar, contempla años de cárcel y de baja deshonrosa.

La advertencia del titular de Defensa viene a colación al volver de vuelta al tapete los episodios de agresiones en las FF.AA, perpetrados por oficiales superiores.

El cadete al que tuvieron que extirpar un bazo, tras sufrir una golpiza, fue internado siete días después de recibir golpes que desembocaron en esa dolencia.

Tras ser socializada la causa, se supo, entre otras cosas, que la ley del silencio le impidió que se ventile el episodio. Las consecuencias que persisten en la milicia, señalan analistas castrenses, van desde castigos corporales a freno de carrera interna y de presiones psicológicas conocidas también como bullying.

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En las últimas horas surgió la versión de que en la Fuerza Área había un caso en que oficiales agredieron a cadetes. Consultado sobre el tema, el ministro González dijo que desde que asumió no hay caso de ese tipo, y que averiguara los expedientes existentes relacionados a años anteriores

A través de un comunicado divulgado este jueves, representantes de la familia Ruiz Diaz Peralta expresaron “su más profundo agradecimiento a toda la ciudadanía” por el inmenso apoyo y la solidaridad demostrados tras la trágica muerte de la escribana y sus dos hijos.

Dentro de este agradecimiento incluyen a los bomberos voluntarios, las fuerzas policiales, navales y civiles, así como también a los medios de prensa y a todas las personas que han colaborado en la búsqueda de la pequeña Isabela, cuyo cuerpo aún sigue con paradero desconocido.

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“La dedicación y compromiso de todos nos ha brindado una luz de esperanza en medio de esta aflicción. Este triste acontecimiento ha dejado un vacío irreparable en nuestros corazones”, menciona el texto.

En ese mismo sentido, la familia agradece “a todos los que se han acercado a la residencia de nuestra querida Carmen, encendiendo velas, ofreciendo oraciones, cánticos y manteniendo vigilias”, asegurando que sus muestras de cariño y apoyo “les dan la fortaleza para seguir adelante”.

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“La familia Ruiz Diaz Peralta, padres y hermanos, se mantiene unida y fuerte en esta adversidad”, reza la parte final del comunicado, al tiempo de enfatizar que “no buscan venganza sino solamente piden justicia”.

Hoy se cumplen 8 días del lamentable episodio que tuvo como protagonistas a la escribana Carmen Ruiz Díaz y sus dos hijos, siendo la niña de 3 años quien aún permanece con paradero desconocido tras ser arrojada por su madre a las aguas del río Monday.

El retraso en honrar dichos compromisos, por parte de los vecinos, implica problemas al gobierno paraguayo en pagar a su vez a varios frentes que se proveen de esos recursos.

Los atrasos y pagos irregulares de Argentina ya habían generado en marzo pasado, el reclamo del Ministerio de Economía de Paraguay al gobierno de Javier Milei, para el pago, al menos en cuotas mínimas de 30 millones de dólares, que inicialmente fue aceptado por el mandatario argentino. Sin embargo, ese acuerdo no lo ejecutaron.

La idea de esa oferta de acuerdo hasta ahora incumplido era evitar la acumulación excesiva de las deudas y de ir amortizando las consecuencias que de ella derivan.

La binacional cerró el año 2023 con siete meses de deuda impagas, transfiriendo solo un total USD 54.296.786.

El año pasado, se dio un impasse entre las autoridades de ambos países, que empujó al gobierno nacional a poner en jaque la continuidad de cesión de energía a Argentina.

El episodio en cuestión se había dado durante el período final del gobierno de Alberto Fernández.

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