Cada ampolla puede costar hasta G. 115 mil y se necesita entre 20 o 40 por día, son el Atracurio y el Midazolan, dos fármacos indispensables para el tratamiento de pacientes intubados por COVID-19 que no hay en stock en IPS y que días pasados se denunció la venta en las afueras del INERAM pese a ser de uso exclusivo del IPS.

“Es una realidad que los asegurados tienen que comprar. Ahora mismo no hay”, afirmó el presidente de la previsional Andrés Gubetich, en contacto con la 730 AM.

Admitió que lo esencial para tratar a los asegurados con COVID-19 están en falta y deben ser comprados por los famliares. Aseguró que nada pueden hacer debido a que todo depende de los procesos licitatorios que tienen su aristas que se declaran desiertos y se debe volver a llamar.

“No podemos hacer nada”, señaló Gubetich.

Justificó la situación diciendo que no pasa por una mala gestión ya que desde mazo del año pasado iniciaron varios procesos licitatorios para insumos y medicamentos y también ocurre que el proveedor entrega el 20 o 30 por ciento de lo adjudicado y luego informa que a su vez su proveedor no realiza la entrega de lo contratado.

Son tres los medicamentos que fueron encontrados en fuga desde el IPS y se trata de lotes correspondientes a los entregados al Ministerio de Salud Pública (MSP) en convenio y estos fueron distribuidos a los hospitales públicos, entre ellos el INERAM desde donde surgió la denuncia de los familiares.

Con el primer equipo de Ondas de Choque Radial en el Hospital de Trauma, se introduce una innovadora terapia en Salud Pública para combatir dolores articulares con un tratamiento no invasivo que produce alteraciones en la permeabilidad celular, generando un efecto analgésico y metabólico.

Las ondas acústicas generadas por esta terapia activan efectos biológicos que conducen a la curación más rápida y regeneración de los tejidos a largo plazo cuando están lesionados, logrando así disminuir la inflamación y, por consiguiente, el dolor articular, informó el Ministerio de Salud.

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Este tratamiento ayuda a acelerar el alivio del dolor y restablecer la movilidad de la zona afectada con altos niveles de éxito, sin el uso de medicamentos ni sedación y sin efectos secundarios.

La terapia de ondas de choque cubre una amplia gama de indicaciones: bursitis de hombro, codo, cadera y rodillas, epicondilitis lateral y medial, diversas tendinitis (bicipital, rotuliana, aquiliana, entre otras), fascitis plantar y espolones calcáneos. Cada sesión dura entre 20 y 30 minutos, y se necesitan entre 4 y 5 sesiones, una vez por semana, para lograr el porcentaje del éxito esperado.

En promedio, 2.900 pacientes son atendidos al mes en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación.

De acuerdo al protocolo de atención, el paciente puede acercarse con cualquier orden proveniente de servicios dependientes del Ministerio de Salud, no solamente del hospital de Trauma.

Al paciente que se acerca con su orden de onda de choque se le requerirá evaluación del kinesiólogo certificado. Todos los pacientes indicados deberán estar munidos de sus estudios por imágenes, como ecografía de partes blandas.

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El agente fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Zonal de Luque, interviene en el Anticipo Jurisdiccional de Prueba de pericia en obras, para determinar el sistema de seguridad civil y vial del tránsito. Es en el marco de la investigación por la muerte de Sara Nilde Benítez (48) y Nilda Luján Barrios Benítez (21), quienes fueron arrastradas el miércoles por el caudaloso raudal al cauce hídrico en cercanías del club Balderrama.

Participaron de la diligencia, la perito Olga Fleitas del Laboratorio Forense del Ministerio Público y la defensora pública en lo Penal de Luque, Zulma Sánchez. La profesional perito deberá establecer como puntos de pericia: la verificación de las obras o construcciones técnicas y si las mismas poseían las caracteristicas de seguridad para el tránsito de peatones y vehículos.

El fiscal Romero solicitó como urgente este procedimiento teniendo en cuenta que la zona es de alto tráfico de vehículos y personas, y se debe precautelar la escena para que no sea modificada, ocultada o destruida.

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El juez laboral Rubén Darío López hizo lugar al amparo de la abogada Alejandra Peralta Merlo y ordenó a la senadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, que la desbloquee en la red social “X”, permitiendo” el acceso inmediato a la información de índole pública que transmita en la misma”.

Además de realizar dicho desbloqueo, la congresista se debe hacer cargo de las costas del juicio, de acuerdo con el fallo del magistrado.

Según el fallo, la lesión se configura por el hecho mismo de la privación de la libertad a la libre expresión, de pensamiento y de opinión, y el de difundir información. Con el bloqueo la demandada restringe la toma de conocimiento de las actuaciones realizadas como autoridad pública en su gestión, también pública, como así también la posibilidad de formarse una opinión libre de prejuicios o errores, de trascendental importancia para la futura elección de sus representantes, de acuerdo con la apreciación del juez.