Durante su comparencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández fue consultado sobre cómo avanzan las investigaciones referente a los 54 reportes de indicios de hechos punibles que remitió en septiembre pasado la Contraloría al Ministerio Público.

La autoridad se excusó con que es compleja la tarea de la Fiscalía, que hay muchos casos y que no existe la suficiente cantidad de agentes fiscales

“Nosotros tenemos una buena cantidad de casos, algunos están en la preliminar. Esa investigación preliminar a veces es densa, no tiene tiempo fijo, depende de la prescripción del caso. Mientras el caso no esté prescripto el Ministerio Público tiene la obligación de investigar. Entonces algunos tienen mesa de trabajo con agentes fiscales asignados que se encargan del estudio primeramente de correspondencia de los datos que brindan. (…) Tenemos volúmenes de informaciones, Delitos Económicos está abarrotado de trabajo con la carencia de fiscales y adjuntos. Estamos trabajando a pulmón y con mucha fuerza”, arguyó.

Rolón Fernández dejó en claro que “la Contraloría no emite evidencias, emite informaciones que deben ser procesadas y ese procesamiento se hace a través del Ministerio Público, se busca a través de filmaciones, fotografías, testimonios, documentos, grabaciones, etc., para que la propuesta fáctica tenga una consistencia. Una vez que se tenga la información, el fiscal decide o el equipo de trabajo, si imputa o no”.

Señaló que existe la falsa creencia que porque un hecho ocurrió ayer, al día siguiente ya se debe procesar a los sospechosos, sino que primeramente debe hacerse un análisis respetando todas las garantías constitucionales y procesales.

“La Contraloría no otorga ninguna información con grado de evidencia, sino que solamente habla de indicios que hacen sugerir que haya una irregularidad. La irregularidad la tenemos que buscar nosotros a través de un examen exhaustivo en auditorías, informática y otros métodos”, ahondó en otro momento.

En el caso de que el Congreso decida denunciar los clavos del Gobierno de Marito, el Fiscal General confirmó que únicamente dicha denuncia se va a adherir a la carpeta que ya está abierta.

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El transporte público vigente en nuestro país fue diseñado para un Paraguay de hace 30 años, con una población más pequeña, con una movilidad diferente, en la que los usuarios se desplazaban a ciertas horas del día, mientras que hoy, requieren del servicio todo el tiempo, a criterio del presidente Santiago Peña.

“Tenemos un sistema que funciona de manera parcial hasta las 11 de la noche y esto no responde a la necesidad que tiene la ciudadanía. El sistema quedó desfasado y necesitamos actualizar”, reconoció Peña, durante una entrevista con la vocera presidencial, Paula Carro.

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Sobre el punto, confirmó que su entorno está trabajando en un proyecto de ley que será presentado en los próximos días al Congreso, en busca de mejorar el servicio y colocarlo a la altura de las exigencias.

“Queremos tener un nuevo sistema, donde el Estado tenga que reconocer la importancia de este servicio público, donde el Estado tenga que poner recursos, invertir en este sistema”, expresó Peña.

Para el mandatario, los recursos destinados al transporte público no están arrojando los resultados más eficientes, por lo cual, es momento de un cambio.

A propósito de movilidad, la reunión tripartita realizada ayer entre el Ministerio del Trabajo, el Viceministerio del Transporte y los empresarios del rubro, fue declarada en cuarto intermedio hasta el próximo jueves 16 de mayo, y, de momento, el paro de 3 días que iniciará el lunes 20, se mantiene.

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Antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, sueros, anestésicos, IOP, jeringas de 5ml y 10 ml, antimicóticos sistémicos, medicación del programa de psiquiatría y medicamentos para pacientes con afecciones reumatológicas integran la lista de lo que recibió el Hospital Nacional de Itauguá entre el 6 al 10 de mayo.

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También llegaron fármacos para pacientes renales y diabéticos, insumos para diálisis y paquetes quirúrgicos, guantes, gasas, tapabocas y electrodos. Todo esto permitirá dar cobertura suficiente y necesaria para la demanda de atención.

Según Salud Pública, esta entrega forma parte de una distribución que realiza de manera semanal en dicho hospital, por tratarse de un centro de referencia al que acuden y derivan a pacientes de diferentes puntos del país.

Provisiones como estas, también se realizan en las demás regiones sanitarias, a fin de abastecer las farmacias y los servicios.

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Un allanamiento se realizó este viernes en Asunción, dentro de un local comercial que funcionaba como despensa, bodega y heladería, pero cuyo rubro verdadero y principal era la droga.

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Del lugar se incautaron 116 gramos de cocaína, equivalentes a casi 300 dosis y 147 gramos de “chespi” suficiente para la venta de unas 1.000 dosis, según los intervinientes.

También incautaron un arma de fuego, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y un automóvil.

En el sitio detuvieron a Juan Andrés Aquino, de 35 años, alias Cafú, quien tenía consigo las evidencias mencionadas. La Policía lo trasladó a él, junto con las sustancias, a la base de operaciones de la Senad.

El detenido es Juan Andrés Aquino alias “Cafú”.

El caso está a cargo de la fiscal María Irene Álvarez, quien encabezó el operativo con la Senad y la Dirección de Operaciones Urbanas.

Lo preocupante del caso es la ubicación de este foco de distribución de drogas, muy próximo a tres instituciones: Centro Educativo La Amistad, Escuela Solar de Artigas y Escuela Sagrada Familia.

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