En noviembre de 2022, se aprobó un programa de dos años en el marco del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP) para Paraguay. El ICP respalda las políticas macroeconómicas y las reformas estructurales de Paraguay, con el objetivo de garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal, fomentar el crecimiento económico y reforzar la protección e inclusión social

Según el FMI, ocupan un lugar prioritario en la agenda las medidas para contener las pérdidas del fondo de pensiones de la función pública (Caja Fiscal) y los riesgos financieros contingentes que emanan de los fondos de pensiones no supervisados.

Entre el 27 de marzo pasado y el 4 de abril, un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) liderado por Mauricio Villafuerte visitó a Asunción para discutir sobre la primera revisión bajo el Instrumento de Coordinación de Políticas.

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“El gobierno paraguayo se compromete a avanzar en los objetivos de reforma del PCI establecidos para 2023. Estos incluyen la elaboración de una ley de transición para la Caja Fiscal y una nueva versión de la ley para la supervisión del sistema de pensiones, que sentarían las bases para una reforma más integral del sistema de pensiones. Las autoridades tienen la intención de emitir pronto las regulaciones que respaldan la implementación de la Ley de Contrataciones Públicas recientemente aprobada y finalizar un proyecto de ley que ordene la estructura del Estado.

Lo acordado por el Gobierno de Mario Abdo Benítez con el FMI obligaba a Paraguay, dentro del 2023, a crear por ley una entidad que supervise las cajas fiscales, es decir, una Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, tal cual ocurrió.

De aquella última reunión participaron el entonces presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas.

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Agentes de civil llegaron hasta el sitio en dónde se encontraba el sujeto identificado como Matías Aron Vega (22) quien, al igual que su cómplice atrapado ayer, es estudiante del centro de la Armada para conducción de embarcaciones mercantes.

El detenido en Roque Alonso, confesó a la Policía que participo del atraco al cambista. Pero afirmó que la plata que sustrajeron no es en la cantidad que afirma la victima, sino mucho menos. Deslizó, incluso, que el cambista habría sido parte del esquema montado para el arrebato de dinero.

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La versión del detenido instala un elemento controversial para los investigadores, ya que al complicar la situación de la víctima del asalto, lleva la investigación a la apertura de otro frente.

De hecho la plata sustraída, presunto US$ 30.000, pertenece a un capitalista y no al operador de cambios asaltaron. Otra arista de asunto, es que el BCP emitió un recordatorio de la ley que señala que una operación de cambio de monedas, a partir de USD 10.000, obligatoriamente debe ceñirse a un protocolo de registro especial. Si fue el monto denunciado, lo que se sustrajo, la operación es ilegal.

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El Ministerio de Industria y Comercio junto con la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA) firmaron un convenio que apunta al fortalecimiento del sector mediante el mejoramiento de áreas técnicas y la elaboración de un estudio que refleje la realidad de la industria farmacéutica en nuestro país.

El acuerdo, abarca áreas como estudios sectoriales, análisis de factores productivos, evaluación del impacto socioeconómico, identificación de desafíos y oportunidades, y formulación de recomendaciones estratégicas del sector.

Durante su intervención, el titular del MIC, Javier Giménez indicó que desde la institución se busca el acercamiento constante con el sector privado, que tengan voz y participación en las políticas que hacen al desarrollo industrial.

“Las políticas públicas deben ser claras hacia la libre competencia, el desarrollo, la protección de las inversiones, sobre todo en un sector emblemático del Paraguay”, indicó.

Remarcó que el sector farmacéutico mueve alrededor de USD 300 millones al año de movimiento económico sumando exportaciones e importaciones, además de 4.000 empleos directos aproximadamente.

A través de un mensaje en vivo transmitido en cadena nacional, Santiago Peña comunicó los alcances de la nueva tarifa de Itaipú, la cual regirá durante el 2024, el 2025 y el 2026.

Este valor implica que Paraguay recibirá 280 dólares en concepto de royalties, 650 dólares en inversión social, 265 dólares en compensación de energía y 53 dólares en utilidades de capital. Esto hace un total de 1.250 millones de dólares por año.

“Hemos logrado mantener el acuerdo operativo vigente. Además, se ha conquistado una reivindicación histórica al permitirle al Paraguay la venta de energía al mercado brasileño, lográndose después de más de medio siglo la ansiada soberanía energética”, expresó el presidente.

En cuanto al uso que se les dará a los 1.250 millones anuales, el presidente expuso que se invertirá en:

Centros de salud, alimentación y educación para los niños

Refuerzo dela seguridad nacional

La construcción de tres grandes hospitales

Modernización de la infraestructura vial en el interior

Inversión en el transporte público

Infraestructura energética

A partir de ahora queda por resolver la revisión del Anexo C. Ambos países fijaron como plazo este año, es decir, terminar de negociar como máximo el 31 de diciembre.