Cualquier trabajador formal, como tal, debe ganar cuanto menos el salario mínimo vigente, y estar asegurado al IPS. Sin embargo, esto no ocurre con los empleadores o patrones, quienes no pueden aportar para sí mismos.

No obstante, el nuevo decreto mediante el cual, se reglamenta la ley que establece un sistema especial de beneficios del sistema de seguridad social (IPS) a los microempresarios, permite que los emprendedores también puedan acceder a la jubilación.

“Esta ley permite que los dueños de esas microempresas que antes no podían inscribirse al IPS hoy también puedan inscribirse”, explicó la gerente de prestaciones económicas del IPS, Vanessa Cubas, en una entrevista con Gen-Nación Media.

El patrón deberá aportar el 23 % de la mayor remuneración que paga en su equipo de trabajo. Por ejemplo, el dueño de una pizzería tiene ocho empleados, de los cuales, el de mayor salario gana 6 millones de guaraníes. En ese caso, el microempresario deberá aportar al IPS el 23 % de 6 millones de guaraníes.

La distribución de ese 23 % es la siguiente:

a) Fondo de Jubilaciones y Pensiones: 12,5, calculado sobre el monto de la base imponible sobre la que fueron pagadas las cuotas.

b) Fondo de Enfermedad y Maternidad: 9% calculado sobre el monto de la base imponible sobre la que fueron pagadas las cuotas.

c) Fondo de Administración General: 1,5%, calculado sobre el monto de la base imponible sobre las que fueron pagadas las cuotas.

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CÁLCULO PARA LAJUBILACIÓN

Las prestaciones económicas de largo plazo se calcularán tomando como Periodo de Referencia el promedio de los últimos 120 (ciento veinte) salarios mensuales sobre los cuales se cotizó al Seguro Social, ya sea únicamente como sujeto de la presente ley, o en forma combinada con otras categorías de cotizante.

El régimen especial no solamente beneficia al propietario, sino también al socio o responsable de una Microempresa. La cobertura es para el propietario de la microempresa y su grupo familiar.

Son consideradas microempresas, y, por tanto, beneficiarias de esta ley, las unidades económicas formadas por hasta un máximo de 10 personas, en la que el propietario trabaja o integrantes de su familia y tenga una facturación anual de poco más de Gs. 600.000.000.

La cobertura abarca los riesgos, accidente y enfermedad común, accidente y enfermedad profesional, maternidad, invalidez, vejez y muerte, conforme a las disposiciones legales que rigen para los cotizantes del Seguro General Obligatorio del IPS.

Además, establece que para las empresas registradas hasta el año 2018, la inscripción será voluntaria y a partir del 1 de julio del 2028, todos los sujetos obligados de la Ley deberán estar inscriptos en el IPS, según la categorización del MIC.

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Por Cinthia Mora

Periodista

La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.

La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.

Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.

Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.

Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.

En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.

Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.

DILACIÓN EN LA CORTE

Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.

Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.

NUEVO EQUIPO DE FISCALES

Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.

La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En total, presentaron sus propuestas 11 empresas, en forma individual y consorciadas. Conforme a los procedimientos, toda la documentación fue entregada a la Coordinación de Evaluación de Ofertas para continuar el proceso correspondiente.

Las obras sanitarias de la Cuenca Lambaré, mejorarán la calidad de vida de más de 335.000 personas de los municipios de Lambaré, Asunción y Fernando de la Mora que verán una transformación real de sus condiciones de salubridad y del medioambiente. Además, a través del proyecto se generarán cientos de nuevos puestos de trabajos directos e indirectos antes, durante y después de la ejecución de las obras.

Las tareas comprenden la construcción de 22 Km de colectores principales, 16 Km de líneas de impulsión, 15 estaciones de bombeo, 877 Km de colectores secundarios y terciarios a más de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Lambaré, cuya apertura de propuestas de para precalificación se realizó en la fecha, la cual tendrá capacidad para procesar hasta 2.226 litros por segundo de aguas cloacales, devolviéndola limpia mediante un emisario subfluvial al cauce principal de río Paraguay.

El emprendimiento implica una inversión de USD 165 millones proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), junto con la donación de la UE/LAIF, ambos gestionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El suboficial mayor Aldo Paredes, subjefe de la Comisaría de Natalio, contó a Telefuturo detalles del ataque tipo comando perpetrado por al menos 15 delincuentes a la sede del BNF.

Al respecto, indicó que recibió una llamada telefónica de un transeúnte sobre la presidencia de clavos miguelito en varios puntos de acceso a la ciudad. Esa situación hizo que la fuerza policial se movilice y al llegar hasta la sede del BNF, fueron recibidos a balazos.

📼🤯Video del circuito cerrado del atraco a la sede del BNF en la localidad de Natalio, departamento de Itapúa

💣💸Los delincuentes explotaron la bóveda y se alzaron con aproximadamente G. 1.000 millones.

📻#Universo970AM pic.twitter.com/YfRqDNyWOH

— Universo 970 AM (@Universo970py) April 28, 2024

El jefe policial indicó que otros agentes quedaron en custodia de la Comisaría, ya que los delincuentes intentaron tomarla, tal como lo hicieron semanas atrás en la localidad de Yatytay, donde explosionaron un cajero automático.

Por su parte, el Crio. Ramón Delvalle, jefe policial de Itapúa, relató a Radio Ñandutí que aparentemente los delincuentes tenían un dato erróneo sobre una recarga de dinero que finalmente se tenía que dar recién el lunes.