El listado de adjudica­ciones de empresas vinculadas al sena­dor Luis Pettengill Vacca y su clan familiar publicado en nuestra edición impresa de ayer jueves fue disparán­dose con datos proporcio­nados por los lectores que identificaron otras megad­judicaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS) y una heredada en Petropar sumando así contratos con el Estado por G. 6,3 billo­nes en la última década. (Ver infografías)

Pettengill es considerado también un “pulpo” de las licitaciones por la cantidad de multimillonarias adju­dicaciones que acapara en varias instituciones estata­les que se convirtieron en clientes fieles como el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC); la Ande, en el rubro de las construcciones a las que se suman el Minis­terio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el IPS, tras su incorpora­ción al rubro de negocios de los insumos médicos. Cua­tro empresas y una red de consorcios en los que figu­ran el parlamentario y su clan familiar compuesto por una hermana de nom­bre Blanca María Pettengill Vacca; los hijos del mismo, Juan Carlos Pettengill Cas­tillo y Olivia Mercedes Pet­tengill Castillo, articulan facturaciones al Estado.

Una rápida revisión de algu­nos contratos entre las empresas del “pulpo” Pet­tengill y el Estado muestran que varios se encuentran en vigencia y aseguran traba­jos hasta el segundo semes­tre del año 2029, generando dudas sobre su inhabili­dad en el cargo, según los requisitos establecidos en los artículos 196 y 197 de la Constitución Nacional.

Según el artículo 196 de la Constitución Nacional, que se refiere a las incom­patibilidades de las auto­ridades electas, “ningún senador o diputado puede formar parte de empre­sas que exploten servicios públicos o tengan concesio­nes del Estado, ni ejercer la asesoría jurídica o la repre­sentación de aquellas, por sí o por interpósita persona”. Mientras que el inciso 6 del artículo 197 señala que no pueden ser candidatos a senadores ni a diputa­dos, “los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provi­sión de bienes al Estado”.

“Los ciudadanos afecta­dos por las inhabilitacio­nes previstas en los incisos 4, 5, 6, y 7 deberán cesar en su inhabilidad para ser can­didatos noventa días, por lo menos, antes de la fecha de inscripción de sus listas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral”, esti­pula también el artículo 97 de la Constitución.

En la declaración jurada de Pettengill, al asumir el cargo, había consignado acciones en una docena de empresas, entre las que apa­rece Frigorífico Guaraní, que tiene contratos en ejecu­ción con el Estado y adjudi­caciones después de que este se haya ubicado en el Con­greso, situación que coli­siona con los artículos 96 y 97 de nuestra Carta Magna.

Así también, el senador Pettengill declaró accio­nes por G. 51.000 millones en la Constructora Paraná, firma que en acta del 20 de junio del año pasado apa­rece como accionista de la megacontratista estatal Ocho A SA que, como parte del Consorcio GIS Redes Eléctricas, tiene contrato vigente hasta julio de 2029 con la Ande.

Los medios de prensa difun­dieron que Pettengill inscri­bió su candidatura a sena­dor el 6 de junio de 2022; sin embargo, en el acta del 20 de junio de 2022 de Ocho A SA estuvo presente como accio­nista, junto con la Construc­tora Paraná y su hijo Juan Carlos Pettengill. La ley exige desvinculación de al menos 90 días antes de suscripción de candidatura.

Este mañana se produjo la fuga de un recluso en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná.

Se trata de Alberto Ramón Kaufmann, de 24 años, quien se encontraba recluido en la citada cárcel esteña luego de ser procesado por el hecho punible de robo agravado.

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El joven había logrado trepar la muralla perimetral desde el sector del patio de visitas, tras lo cual decidió saltar al predio de la Dirección de Policía que se encuentra contiguo.

Una vez allí, personal del Grupo Lince de la Policía Nacional se encargó de recapturar al interno del penal, frustrando así su intento de fuga.

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El hecho fue comunicado a la fiscal Olga Melgarejo, mientras que Kaufmann fue devuelto al Pabellón Negro – sector pasillo donde cumplía con su prisión.

Poco después de la medianoche se reportó un tiroteo con resultado fatal en la Compañía San Roque de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

Resultaron víctimas de este episodio Magno Gabriel Vera Guerrero (32), quien recibió dos impactos de bala en el pecho, y Alexis José Fernández Venialgo (24), quien acusó un total de siete disparos en diferentes partes del cuerpo.

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Por otro lado, una tercera persona identificada como Derlis Antonio Fernández Venialgo (20), hermano del segundo fallecido, resultó herida tras ser alcanzada por un proyectil a la altura del pecho.

Las víctimas fueron baleadas durante un festejo de 15 años que se realizaba en la comunidad. Según informan medios locales, el incidente se registró luego de que Vera se haya acercado a un hombre -cuya identidad aún no trascendió- para pedirle que dejara de realizar disparos al aire.

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Este pedido provocó el enojo del tirador, quien decidió rematar contra Vera efectuando una serie de disparos contra su humanidad, tras lo cual se dio a la fuga. Ya en medio de su huida, volvió a disparar contra Fernández y su hermano, acabando con la vida del mayor.

La Policía Nacional se encuentra realizando las averiguaciones pertinentes, a fin de confirmar la identidad y dar con el paradero del homicida.

El doctor Martín Alfaro, médico forense de la Fiscalía, confirmó al canal C9N que finalmente no pudieron llevar a cabo la autopsia del hijo de la escribana Carmen Ruiz Díaz.

Tras el levantamiento del cuerpo, el mismo fue trasladado hasta una funeraria local, esto en vista a que no existe una morgue judicial en el departamento de Alto Paraná.

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Debido a la falta de insumos y un lugar adecuado para este tipo de procedimientos, se tuvo que posponer la realización de la autopsia y proceder al traslado del cadáver a la morgue judicial de Asunción, tanto para determinar las causas de muerte como así también para la identificación del niño.

Sobre el último punto, explicó que, debido al estado de descomposición del cadáver, la víctima ya no pudo ser identificada con las huellas dactilares a través del Sistema AFIS, por lo que se recurrirá a una prueba de ADN.

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Alfaro resaltó que ninguna otra zona del país cuenta con una morgue judicial, siendo la única disponible la que se encuentra en el barrio Sajonia de la capital. Alto Paraná -el segundo departamento más poblado del país, después de Central- requiere con urgencia contar con una, afirmó.

“Por lo menos una camilla o una cámara para que se mantenga el cuerpo no existe. No tenemos guantes, tapabocas, funcionarios. En Paraguay faltan por lo menos 60 médicos forenses más para tener uno cada día de la semana en los 16 departamentos”, afirmó.