Coronel, arrestada el lunes en el estado de Virginia, en las afueras de Washington, enfrenta una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua, además de una posible multa de 10 millones de dólares, si es declarada culpable del cargo criminal en su contra.

Así lo explicó este martes la jueza Robin Meriweather, del tribunal federal del Distrito de Columbia, durante la primera audiencia sobre el caso, que Coronel escuchó de forma remota desde una celda en el centro de detención donde se encuentra, en Virginia.

A través de una intérprete en español, la jueza recordó a Coronel que hay una denuncia penal en su contra por la que Estados Unidos la acusa de “conspiración para distribuir un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1.000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas”.

Además de conspirar para la “importación ilegal a Estados Unidos” de esas drogas, las autoridades estadounidenses la acusan de “ayudar e incentivar” las actividades del cártel de Sinaloa, que lideraba el Chapo”, precisó la jueza.

El fiscal estadounidense que lleva el caso, Anthony Nardozzi, pidió durante la audiencia que se mantuviera detenida a Coronel a la espera de su juicio y sin posibilidad de fianza, al considerar que existe un “riesgo grave de fuga”.

“La acusada tiene acceso a socios criminales que son miembros del cártel de Sinaloa, así como medios financieros que implican que presenta un riesgo grave de fuga. Además, no tiene ningún vínculo directo con la zona de Washington DC”, donde se encuentra detenida, alegó Nardozzi.

Los abogados de Coronel accedieron a la petición de la Fiscalía, aunque se reservaron el derecho a presentar un paquete de fianza en el futuro, y la esposa del Chapo quedó detenida a la espera de la próxima audiencia en su caso.

La jueza propuso que esa nueva audiencia se programara para dentro de dos semanas, pero los abogados de Coronel respondieron que podrían necesitar más tiempo para prepararse, y sugirieron negociar con la Fiscalía para acordar una fecha aún por determinar.

La defensa la encabeza Jeffrey Lichtman, que fue uno de los principales abogados del Chapo durante su juicio hace dos años en Nueva York, y que contará con la ayuda Mariel Colón, una abogada que también defendió al famoso capo y se convirtió durante el proceso en confidente de Coronel.

La esposa del Chapo apenas habló durante la audiencia, más allá de responder con monosílabos a las preguntas de la jueza sobre su capacidad para seguir el proceso y conocer sus derechos, y únicamente confirmó al final: “Todo lo entendí muy bien, gracias”.

Coronel, de 31 años y con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, fue detenida este lunes en el aeropuerto internacional de Dulles (Virginia).

La acusada, que tiene dos hijas gemelas con el Chapo, atrajo atención mediática cuando acompañó a su marido durante su juicio en Nueva York, que terminó en 2019 con una condena a cadena perpetua que el famoso narcotraficante mexicano cumple ahora en Colorado (EE.UU.).

Además de su presunta conspiración para el narcotráfico, Estados Unidos considera que Coronel “conspiró con otros para ayudar a Guzmán en su escapatoria del 11 de julio de 2015 de la prisión del Altiplano, localizada en Almoloya de Juárez, en México”, según el Departamento de Justicia. EFE

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.