El abogado Alberto Mendoza, deja el cargo y asume Jacinto Prieto, de esta manera se sigue al pie de la letra el blanqueo a los que formaron parte del acuerdo extra judicial entre Petropar y Texos Oil, por el cual se iba a entregar a la empresa argentina US$ 7 millones para poner fin a una demanda judicial que supuestamente estaba casi perdida y por la cual el Paraguay iba a pagar US$ 31 millones.

La propuesta de “arreglo” provino de la Procuraduría General de la República y fue su titular Sergio Coscia quien planteó a Petropar llegar a ese beneficioso acuerdo ya que estaban por perder la demanda, sin embargo no presentó argumentos o documentos que demuestre jurídicamente que eso iba a pasar, es más el caso estaba en primera instancia y en la etapa de presentación de pruebas. Alberto Mendoza fue quien en su calidad de director jurídico de Petropar avalo el pedido de Coscia y de esa manera Denis Lichi, titular de la petrolera nacional inició los trámites para juntar los US$ 7 millones presurosamente para la tranza.

El pasado 2 de diciembre Denis Luchi y el procurador general de la República Sergio Coscia firmaron una acuerdo con Sergio Guillermo Marssiletti en representación de la firma Texos Oil SRL para poner fin al conflicto que se inició con la demandan en el 2011 donde la empresa extranjera solicita a Petropar una indemnización de más de US$ 31 millones por daños y perjuicios, pérdida de oportunidad y lucro cesante.

El programa La Caja Negra en exclusiva dio a conocer la firma del acuerdo y la forma grosera en que se estaba tratando de desangrar al Estado y solo entonces Coscia se vio obligado a anular el documento extra judicial, pero para quedar impune renunció al cargo de procurador.

Ahora la otra pata importante de este acuerdo el director jurídico de Petropar Alberto Mendoza, también renuncia y se aparte de la escena, pero todo forma parte de un blanqueo para evitar. De esta modo Denis Lichi aparece como el presidente que fue engañado y como que no tenía conocimiento del perjuicio, sin embargo eso dista mucho de la realidad, ya que el presidente de Petropar estaba al tanto de la entrega que se estaba orquestando, es más él fue quien pidió un préstamo al Ministerio de Hacienda para completar los US$ 7 millones a ser regalados.

El Ministerio Público por su parte a más de un mes de conocerse el caso todavía no tomó intervención, solo pidió un tibio informe a la Secretaria Anticorrupción, pero no designó siquiera a un fiscal para que ya impulse las averiguaciones. Todo apunta que están enfriando el caso para que termine en la nada.

El fiscal Juan Ramón Sandoval imputó a Fermín Cardozo Portillo, jefe de la subcomisaría de la localidad de Mboi’y, distrito de 25 de Diciembre, por el hecho punible de abigeato. Además, solicitó su prisión preventiva atendiendo a que, en libertad, podría obstruir la investigación.

El antecedente del caso refiere que el hecho ocurrió el pasado del 29 de marzo, cuando Cardozo Portillo, en compañía de otras personas, arreó tres animales vacunos, (una vaquilla y dos toritos), propiedad de una mujer que había regresado recientemente al país, proveniente de la Argentina.

La hipótesis surge que todo ocurrió en el interior de un inmueble ubicado sobre la calle Kuré Kua de la colonia Navidad, lugar del cual el agente policial supuestamente dirigió los tres animales ajenos hasta el domicilio de su suegra.

Pasados los días, la propietaria de los animales se percató del faltante de vacunos por lo que consultando con los vecinos que le refirieron que pudieron ver al jefe policial quitando sus animales de su propiedad, por lo que la misma solicitó a su pareja que vaya hasta la comisaría a pedirle que los devuelva.

El sospechoso entregó uno de los animales, que la víctima fue a retirar del corral de la suegra de Portillo, no así los otros dos, los cuales el agente policial habría sustraído del lugar y trasladado a bordo de un acoplado.

Se realizaron varias diligencias, entre ellas allanamientos, pedidos de informes, y declaraciones de testigos, quienes refirieron que no sería la primera vez que el jefe policial realiza este tipo de hechos.

Un conductor en estado ebriedad fue detenido luego de impactar con su vehículo una columna de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Se trata de Jorge Aparicio Vera Morel (36), domiciliado en el barrio Bella Vista de esta ciudad, quien iba al mando de un automóvil de la marca Chevrolet, modelo Astra, color plata polaris, chapa BAH-707 y, en un momento dado, perdió el control y fue a impactar contra el poste.

Los pobladores dieron aviso a los agentes policiales que al llegar al lugar, hallaron el vehículo incrustado en la columna. Luego, el conductor fue sometido a la prueba de alcotest por personal de la Patrulla Caminera, arrojando como resultado positivo 1,010 mg/L.

El vehículo quedó depositado en la Comisaría 18 Santa Rita. Asimismo, se comunicó el hecho al Ministerio Público.

La campaña se desarrolla desde el 13 de mayo hasta el 31 del mismo mes. El vicepresidente de Comampar, Miguel Tolces, explicó que el abaratamiento se aplica en aquellos productos de consumo masivo.

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Algunos de ellos son yerba, aceite, arroz, extracto de tomate, atún, gaseosa, café, edulcorante, fideo, embutidos, vinagre, sardinas, kétchup, mayonesa, harina de trigo, galletitas, arveja, choclo, salsa de soja, galleta molida, cocido quemado, vino, pañales, desodorante, escoba, escurridor, papel higiénico, cremas, talcos, jabón, etc.

Son importantes descuentos que van hasta el 40% en 85 productos de la canasta básica en 13 comercios adheridos, algunos con varias sucursales porque buscan llegar a la mayor cantidad de familia que sea posible con los precios reducidos

Comercial San Cayetano, El Ahorrazo, Comercial Virgen del Rosario, Comercial El Cacique, Comercial Deisy, Comercial Rubencito, Irene Supermercado, Comercial La Economía, Casa Grutter, Supermercado Guaraní, Comercial La Candelaria, FORTIS Mayorista y BOX Mayorista, son los comercios que se sumaron a la campaña.

Tolces explicó que la Comampar es un espacio gremial conformado por los comerciantes mayoristas y minoristas de Asunción y Central, que se constituyó en plena pandemia con la tarea de unir fuerzas y comprometerse con la economía familiar.

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