En noviembre del 2019, Sebastián Vidal, abogado de PDVSA desde el 2011, envió una carta del presidente Guaidó fechada en el 19 de octubre del 2019, dirigida a Mario Abdo Benítez. En la misiva, Guaidó comunicó que designó a Javier Troconis, como comisionado para gestionar los activos de Venezuela en el extranjero y pidió que le den colaboración necesaria para hacer su trabajo.

Con esa carta a la vista, Vidal pidió a Villamayor una audiencia con Troconis, la cual se llevó a cabo el 11 de noviembre del 2019, a las 10:30 de la mañana en el Palacio de Gobierno. Del encuentro participaron: Troconis, Vidal y Villamayor, según relató el propio jefe de Gabinete Civil de la Presidencia en conferencia de prensa ofrecida esta mañana.

En la oportunidad presentaron un borrador del proyecto planteado por Venezuela sobre la deuda de Petropar con PDVSA, en donde se propone que los intereses que el Estado paraguayo desconoce no ingresan al acuerdo por lo que el Paraguay no deberá pagará intereses y además, se ofrece una quita del 50 % del capital de la deuda, que en aquel entonces llegaba a 265 millones de dólares, es decir, Petropar debía pagar solo 130 millones de dólares para dar por cancelada la deuda.

Sin embargo, la dificultad insalvable pasó por la personería jurídica, la cual fue imposible de garantizar debido a la crisis que atraviesa Venezuela en medio del diferendo que existe entre Guaidó y el ejercicio territorial de Maduro.

“La propuesta que anteriormente se había remitido a Procuraduría, a Petropar, a Hacienda, quedaba en aguas de borraja ante la imposibilidad de garantizar que el pago efectuado tenga fuerza cancelatoria”, expresó Villamayor.

Recordó que Paraguay reconoce a Guaidó como Gobierno legítimo, pero que el problema no pasa por alí, sino porque el estudio jurídico que representaba a PDVSA al momento de la demanda, renunció al mandato.

“No dimos a conocer porque no hubo acuerdo ¿Por qué tengo que dar explicaciones de algo que no se ha hecho?”, cuestionó Villamayor y dijo que Sebastián Vidal no tiene ninguna relación con la administración de Mario Abdo, como tampoco hay ninguna participación de Carlos Abdo.

Respecto a la comisión de 26 millones de dólares para Vida, quien también trabaja para Carlos Abdo, Villamayor reiteró que el monto que PDVSA decida pagar a su abogado no es problema de Paraguay.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.