La diputada Kattya González (PEN), quien pidió informes a la Procuraduría General de la República, indicó a la radio 650 AM que la renuncia del exprocurador Sergio Coscia no puede significar que no se analice con profundidad lo ocurrido en Petropar, para tomar una posición política real. Alegó que la salida de la exautoridad solo se dio para resguardar su imagen.

“Lo que pasó en Petropar es gravísimo, el Estado debe auditar lo que pasó ahí. Ahora Denis Lichi tiró un tuit sobre la transparencia; esto no se resuelve por twitter, debe hacer una conferencia de prensa y dar explicaciones a la ciudadanía y las autoridades. Es tan burda la manera en que se redactó ese acuerdo transaccional conciliatorio, como lo llaman sus autores”, indicó.

La parlamentaria fue más arriba y alegó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no puede llamarse a silencio y debe asumir una responsabilidad política sobre lo que ocurre en la petrolera estatal. “Esta es una cuestión bien documentada de un evento que puede ser calificado como grave, inclusive con aristas penales”, lanzó.

Sin embargo, González lamentó que parecería “que el Ministerio Público no lee los diarios, no escucha la radio y no se entera de los hechos de corrupción que suceden bajo sus narices”.

LO QUE OCURRIÓ

A espaldas del presidente de la República Mario Abdo Benítez y del propio Ministerio de Hacienda, el ahora exprocurador Sergio Coscia avaló un sospechoso acuerdo conciliatorio extrajudicial para la entrega de US$ 7 millones a favor de la empresa argentina.

Texos Oilr SRL planteó una demanda por daños y perjuicios por responsabilidad contractual exigiendo su derecho a cobrar, sin fundamento, poco más de US$ 30 millones por el incumplimiento de un contrato que en realidad nunca se firmó.

En los reclamos figuran gastos de licitación, obligaciones con otras empresas proveedoras, reclamos laborales de trabajadores dependientes, lucro cesante y pérdida de chance. La demanda fue radicada ante un juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de la capital.

El propio Sergio Coscia reconoció que ni el jefe de Gabinete Civil Juan Ernesto Villamayor ni el presidente Mario Abdo, ni el ministro de Hacienda Óscar Llamosas estaban al tanto de este acuerdo.

Sin embargo, tras la denuncia presentada por el programa La Caja Negra el documento tomó estado público y el jefe de Estado se comunicó con Coscia y le pidió revisar el documento y corregir lo que corresponda. Finalmente la Procuraduría General de la República comunicó la imposibilidad del cumplimiento del cuestionado acuerdo con la empresa argentina Texos Oil.

La acción encarada por la Ande se realizó en el marco de las festividades del 14 y 15 de mayo, con el fin de acompañar todas las actividades previstas en los días de conmemoración del día de la independencia del Paraguay y de las gloriosas madres paraguayas.

Se realizaron las reparaciones necesarias en 116 artefactos de alumbrado público, asegurando así un entorno seguro y adecuadamente iluminado.

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A su vez, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad para resguardar la seguridad de todas las personas que participarán de los diferentes actos festivos para este 14 y 15 de mayo.

Desde el viceministerio impulsarán alternativas de desplazamientos en caso de que el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) persista con el paro de buses.

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Este denominado plan de contingencia incluye el apoyo y acompañamiento de instituciones gubernamentales, como el ofrecimiento del sector privado, para garantizar a los ciudadanos el servicio de transporte.

Fernández informó a los representantes de Opama, respecto a la reunión tripartita convocada por el Viceministerio de Trabajo para el próximo 16 de mayo, y las acciones que se llevarán adelante.

Indicó que las conversaciones con las organizaciones civiles son importantes y aportan de manera estratégica en el plan de reforma del sistema de transporte que se prevé impulsar. Además, reiteró que el paro de buses es una medida anacrónica, e insistió que el diálogo es el camino que conducirá a mejorar el servicio público.

“Rechazamos cualquier medida de presión como el paro, y nos mantenemos en eso. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nuestra estrategia es el diálogo institucionalizado, lo que significa tratar los puntos en las mesas establecidas”, manifestó.

“Un paso trascendental, luchamos en su momento para que la ley se haga realidad. Hoy estamos haciendo realidad la reglamentación que va a permitir que productos paraguayos, productos que se realizan aquí en el Paraguay, el cemento, pueda ser utilizado para las obras viales, que nos van a permitir también dar, aparte de la mano de obra, una mayor calidad y durabilidad a nuestra red vial”, expresó el presidente Santiago Peña.

Al respecto de la promulgación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que después siete años hoy finalmente están dando inicio a una transformación de infraestructura, la de pavimento rígido con cemento nacional, marcando un hito importante en el desarrollo del país.

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Cabe recordar que durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la ministra Centurión había enfatizado la importancia del pavimento rígido, el hormigón, como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional.

Subrayó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN

Según el Decreto 1.683/24 “Que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales”, a los efectos del cumplimiento gradual de las disposiciones contenidas en el Artículo 2° de la Ley N.º 5841/2017, será considerado “Primer año inicial” al año 2024, “Segundo año” al año 2025, “Tercer año” al año 2026 y “Cuarto año” al año 2027.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del: 15% del total de las obras viales programadas para el año 2024; 20% del total de las obras viales programadas para el año 2025; 25% del total de las obras viales programadas para el año 2026; 30% del total de las obras viales programadas para el año 2027 y subsiguientes, según reza el artículo 3 de la normativa.