“Esta es la realidad de la justicia, lo que hoy le toca vivir a esta familia es lo que muchos paraguayos pasan o pasaron por la justicia, tenemos pruebas más que contundentes que muestran quiénes son los responsables de la muerte de Renato y consta en carpeta fiscal”, afirmó el abogado Martín Barba.

Cuestionó que a la fecha de hoy solo haya tres imputados y solo sea por omisión de auxilio con una expectativa de pena de un año. “Es una lástima siendo que hay personas de más jerarquía involucrados en la muerte de Renato”, agregó.

Los médicos imputados son María de Fátima Bastos A., José Manuel Ovando y Óscar Feliciano Cabrera R.

Entre la documentación disponible sobre la investigación por ejemplo consta que la Doctora Laura Sena no era pediatra con matrícula el día que Renato ingresó a Urgencias del Sanatorio Migone , tampoco había un jefe médico o tutor en el servicio.

“La pediatra del día de la muerte de Renato no tenía matrícula de pediatra y lo dicen los informes del Ministerio de Salud y el doctor Gaete, era el encargado de contratarles estos médicos recién recibidos y no a especialistas”, indicó.

Según los documentos, la doctora Sean trabajaba desde enero de 2019 en el Migone como pediatra, Renato murió en agosto de 2019 y un mes después, Sena consigue su matrícula siendo que en agosto firmó los estudios del paciente como pediatra.

“Todo eso está asentado en un dictamen de Superintendencia de Salud, rompieron el juramente hipocrático estos médicos. El dictamen dice que faltaron instrumentos en urgencias, dice que la doctora Sena no tenía su título de pediatra, atendía sin matrícula y no es solo su responsabilidad, también de quien la contrata y si en esa Urgencias había un pediatra con experiencia, Renato estaría vivo”, afirmó Barba.

Otra irregularidad mencionada por el abogado es que la autopsia del niño se realizó en el sanatorio a cargo de la Doctora Ingrid Rodríguez, médica forense de la Fiscalía que sabe que ante una muerte dudosa hay que hacer el procedimiento en la morgue, no del hospital y así rompieron la cadena de custodia de los órganos y ella tampoco está imputada ni la llamaron a una audiencia indagatoria”, relató.

Barba advirtió que es mucha exposición para la salud de los hijos y de los seres queridos de cualquier usuario el manejo que se da en ese sanatorio.

“La fiscalía tiene la obligación moral de imputarle a todas estas personas como corresponde, como homicidio, no por omisión de auxilio. Los médicos dicen que Renato tenía neumonía y si tan mal estaba por qué no lo llevaron a terapia de niños si entró a las 8 de la mañana y falleció a las 12:30 sin ser cambiado de sala de complejidad, a las 10 se le hizo una placa de tórax en la que se vio que no tenía nada”, recordó el profesional.

Hace más de un año de la muerte del niño y con toda la documentación disponible tras la investigación, no hay más imputados ni acusados lo que puede considerarse como que la fiscalía está haciendo “la vista gorda”, afirmó Barba.

El profesional abogó por la demostración de empatía ante la situación ya que el próximo Renato puede ser el hijo, nieto o familiar de cualquier persona. “Hay que hacer presión juntos, para que dejen de reírse en nuestras caras”, puntualizó.

Por su parte, Rosi Angulo abuela de Renato lamentó la ideas y vueltas de las chicanas lo que se torna muy doloroso porque el tiempo se sigue dilatando para una sentencia.

“El tiempo se dilata, el 9 de diciembre termina la causa de estos tres médicos y ellas (las fiscalas Sara Torres y Nathalia Silva) siguen haciendo repreguntas ya contestadas a modo de lavarse las manos”, afirmó.

Angulo destacó que seguirán exigiendo justicia, todos los días porque consideran que todo está en la carpeta fiscal para tener más imputaciones y acusaciones.

“Todos los días pedimos imputaciones nuevas que pensamos que están determinadas en las pruebas de la carpeta fiscal y que a las fiscales parece no llamarles la atención. Estamos luchando día a día, desde mi rol de abuela, mi consuegra Carmen y los abogados estamos detrás de ellos sin dejarles un respiro porque pensamos que las cosas se tienen que dar alguna vez a favor de Renato”, manifestó.

• Por Cinthia Mora

La estrategia mediá­tica instalada desde el Grupo Zuccolillo para defender al expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete consiste en sistemáticas campañas de desprestigio contra fun­cionarios que colaboraron para esclarecer el opera­tivo de montaje y filtración de informes de la Seprelad con fines políticos.

En todas las publicacio­nes realizadas por el medio abdista, que amplifican la versión de los abogados defensores de los imputa­dos sobre la causa penal abierta por las filtraciones, existen más cuestionamien­tos y ataques al trabajo de la Seprelad y la Fiscalía antes que hacer mención a los gra­ves hechos mencionados en el acta de imputación.

Una de las afectadas por la campaña de ataques es Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad, quien al llegar al cargo en el mes de agosto de 2023 ordenó una investigación interna para poner en orden la casa y colaborar con la investigación de la Fiscalía.

La funcionaria fue acu­sada, sin fundamentos, por el diario Abc de ser “partí­cipe” de las filtraciones en el mes de enero de 2022, ya que la misma, supuestamente, ejercía el rol de “punto de contacto” del sistema que recibió el pedido de infor­mación de la Fiscalía de Panamá sobre Cartes.

Resolución de la FGE donde se prueba que el funcionario Juan Patricio Vallejos, de la Seprelad, gozaba de un permiso sin goce de sueldo.FOTO: GENTILEZA

Copia del correo donde se prueba que Gafilat otorgó contraseña de acceso a Liliana Alcaraz recién el 8 de marzo de 2022.FOTO: GENTILEZA

Documentación mediante, se desmonta una de las tan­tas mentiras de Abc y se prueba la versión de Alca­raz, quien afirmó que recién tuvo acceso al sistema men­cionado el 8 de marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtra­ción a los medios Abc Color y Última Hora, y de la decla­ración del entonces minis­tro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el res­ponsable de revelar públi­camente el contenido del pedido de cooperación de la Fiscalía panameña.

La investigación interna de la Seprelad proveyó a la Fiscalía datos del registro informático de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, testimonios de funcionarios e informa­ción precisa sobre los par­tícipes del montaje de una oficina paralela dentro de la institución exclusivamente para perseguir a los enemi­gos políticos del gobierno de turno.

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN TAMBIÉN REFUTA MENTIRA DE ABC

Juan Patricio Vallejos Riart, actual director de Investiga­ción Jurídica de la Seprelad, desmintió las publicaciones del diario Abc donde se ase­guraba que el mismo cobró doble remuneración.

La versión difundida por Abc es que, entre julio de 2022 y julio del año pasado, este funcionario cobraba simultáneamente en dos entes públicos. Uno de ellos era el Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados, como director de Gestión Interna, mientras que el otro era el Ministe­rio Público, como asistente fiscal.

El funcionario acreditó, documento de por medio, que nunca se benefició cobrando doble salario. La resolución 2161 de fecha 15 de junio de 2022 de la Fis­calía General del Estado le otorgaba permiso sin goce de sueldo desde el 1 de julio de 2022 hasta julio de 2023.

Sobre el desempeño de sus funciones al frente de la Dirección de Investigación Jurídica de la Seprelad y los resultados de la investiga­ción interna sobre las filtra­ciones señaló, en contacto con nuestro medio, que solo se limitó a realizar sus fun­ciones en el marco de lo que la ley establece.

El fiscal Edgar Benítez imputó a un policía que habría agredido física y verbalmente a su pareja, además de realizar disparos con su arma reglamentaria que alcanzó de refilón a la víctima, tras una discusión. Asimismo, requirió al Juzgado que decrete su prisión preventiva.

Se trata de Esteban Damián Benítez Aquino, de 28 años de edad, suboficial segundo de la Policía Nacional, quien enfrenta cargos por los supuestos hechos punibles de violencia familiar y transgresión de Ley de Armas. El agente se encuentra privado de libertad, a disposición de la Justicia.

Los hechos ocurrieron el sábado pasado, en el interior de una vivienda ubicada en el kilómetro 5 Monday del barrio San Miguel, en Presidente Franco, resultando víctima Zulma Elizabeth Villalba Osorio.

La pareja inició una discusión por los supuestos celos del presunto agresor. En un momento dado, el hombre se descontroló completamente y comenzó a propinar golpes a su concubina, además de intentar ahorcarla con la mano, apretándola con mucha fuerza y violencia en el cuello.

A continuación, Benítez Aquino efectuó disparos con su pistola 9mm,, en el interior de la vivienda. Uno de los proyectiles impactó en el piso, rebotó y de refilón hirió en la pierna a la víctima, quien seguidamente fue auxiliada y trasladada hasta el Pabellón de Emergencias Médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este, donde recibió atención profesional.

Por su parte, el presunto agresor fue detenido por agentes policiales de la zona y quedó a cargo del Ministerio Público.

Óscar González, ministro de Defensa, respondió acerca del uso de las Fuerzas Militares en las instituciones públicas y la función que realmente deben cumplir los uniformados.

“Se retiró la custodia de las sucursales de los bancos y otros operativos que hacían las FFAA para el BNF porque se consideró que es un tema que debe ser llevado adelante por la Policía Nacional”, explicó secretario de Estado, en una entrevista con radio Universo 970 AM-Nación Media.

A criterio de González, no corresponde que la operación se realice en forma permanente ni en todo el territorio, sino, de manera puntual, transitoria y rápida.

Nota relacionada: BNF pedirá que militares vuelvan a custodiar sus sedes

A propósito de la discusión sobre el rol militar y la presencia de los verdeolivos en Canindeyú, Concepción y San Pedro, según el ministro el ministro, en estos lugares se cumplen los presupuestos para la intervención de las Fuerzas Armadas, pues, los grupos criminales pueden poner en entredicho la facultad soberna del Estado de ejercer su autoridad.

Unos 350 eran los militares asignados al BNF a nivel país, a lo que se agrega la parte logística y de transporte.

El presidente del BNF, Manuel Ochipinti, anunció que solicitará que restituyan la custodia, pues, hasta antes de esa disposición, no se habían registrado golpes de esta envergadura.

Además, HOY: Itapúa se declara en emergencia por “causa de inseguridad pública”