Este jueves fue publicado en la Gaceta Oficial de la Presidencia el documento que reglamenta la Ley 6534/20 “de Protección de Datos Personales Crediticios”.

Dicha normativa había sido sancionada el pasado mes de septiembre tras el rechazo de las cámaras de Senadores y Diputados al veto del Poder Ejecutivo.

La conocida como “Ley de Informconf” apunta a garantizar la protección de datos crediticios de toda persona y controlar a las empresas que revisen el historial de créditos o préstamos de aquellos que se postulen para alguna vacancia laboral.

Uno de los mayores problemas a los que deben enfrentarse muchos buscadores de empleo es la negativa de las empresas a contratar personal que tenga historial de morosidad y figure en los registros de Informconf.

Enrique López Arce, director de la Oficina de Empleo de la ANR, celebró esta noticia y sostuvo que con esta nueva ley, esa discriminación laboral podrá ser controlada y sancionada por las respectivas entidades reguladoras.

El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) son los organismos encargados de la aplicación de esta normativa que entra oficialmente en vigencia a partir de ahora.

Anteriormente Equifax (la empresa que administra Informconf) no tenía ningún ente supervisor, ahora el BCP se encargará de esta tarea y verá los mecanismos que aplicará para dar cumplimiento efectivo a la ley, refirió.

La ley contempla multas de hasta 15.000 jornales mínimos y, en caso de reincidencia, el monto será el doble del inicial. Asimismo, prevé que los datos de la deuda de una persona podrán permanecer registrados durante 5 años. Tras cumplirse dicho plazo, se pueden guardar a efectos estadísticos pero sin identificar a quién corresponden.

A partir de la promulgación de la Ley de Protección de Datos Crediticios, el ciudadano podrá acceder sin costo a su historial completo de Informconf. Para el efecto, tendrá habilitada la línea telefónica (021) 439 9000 donde, luego de confirmar sus datos, podrá pedir el envío del documento vía email.

Los artículos 120, 121, 203 y 213 de Código Penal son los que configuran los hechos punibles en los que incurrió el extranjero que retrasó un vuelo al amenazar con una bomba en pleno despegue.

El 120, sobre coacción, indica que, quien mediante fuerza o amenaza constriña gravemente a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.

Además, el 121, coacción grave, señala que, se aplicará una pena no menor de ciento ochenta días-multa o una pena privativa de libertad de hasta tres años cuando la coacción se realizara. mediante amenaza con peligro para la vida o la integridad física.

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El 213, producción de riesgos comunes y el 213, atentados al tráfico civil aéreo y naval. El que:

1. aplicara fuerza o vulnerara la libre decisión de una persona o realizara otras actividades con el fin de influir sobre la conducción u obtener el control de una aeronave civil con personas a bordo o de un buque empleado en el tránsito civil; o

2. utilizara armas de fuego o intentara causar o causara una explosión o un incendio con el fin de destruir o dañar dicha aeronave o buque o su carga a bordo, será castigado con pena privativa de libertad de cinco a quince años.

Guillermo Bertolotto, ciudadano argentino que bromeó con una bomba en pleno despegue, pasó la noche en la Comisaría 3ª de Luque, donde espera lo que disponga el Ministerio Público en el marco de la investigación.

El extranjero dice ser ejecutivo de una empresa y que su visita a Paraguay responde a una invitación para un evento, pero que se disponía a retornar ayer.

Desde la Dinac, el titular Rubén Aguilar confirmó que, una de las sanciones a la que se expone Bertolotto es a la prohibición de volar desde Paraguay a otros destinos y viceversa.

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Con el primer equipo de Ondas de Choque Radial en el Hospital de Trauma, se introduce una innovadora terapia en Salud Pública para combatir dolores articulares con un tratamiento no invasivo que produce alteraciones en la permeabilidad celular, generando un efecto analgésico y metabólico.

Las ondas acústicas generadas por esta terapia activan efectos biológicos que conducen a la curación más rápida y regeneración de los tejidos a largo plazo cuando están lesionados, logrando así disminuir la inflamación y, por consiguiente, el dolor articular, informó el Ministerio de Salud.

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Este tratamiento ayuda a acelerar el alivio del dolor y restablecer la movilidad de la zona afectada con altos niveles de éxito, sin el uso de medicamentos ni sedación y sin efectos secundarios.

La terapia de ondas de choque cubre una amplia gama de indicaciones: bursitis de hombro, codo, cadera y rodillas, epicondilitis lateral y medial, diversas tendinitis (bicipital, rotuliana, aquiliana, entre otras), fascitis plantar y espolones calcáneos. Cada sesión dura entre 20 y 30 minutos, y se necesitan entre 4 y 5 sesiones, una vez por semana, para lograr el porcentaje del éxito esperado.

En promedio, 2.900 pacientes son atendidos al mes en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación.

De acuerdo al protocolo de atención, el paciente puede acercarse con cualquier orden proveniente de servicios dependientes del Ministerio de Salud, no solamente del hospital de Trauma.

Al paciente que se acerca con su orden de onda de choque se le requerirá evaluación del kinesiólogo certificado. Todos los pacientes indicados deberán estar munidos de sus estudios por imágenes, como ecografía de partes blandas.

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El agente fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Zonal de Luque, interviene en el Anticipo Jurisdiccional de Prueba de pericia en obras, para determinar el sistema de seguridad civil y vial del tránsito. Es en el marco de la investigación por la muerte de Sara Nilde Benítez (48) y Nilda Luján Barrios Benítez (21), quienes fueron arrastradas el miércoles por el caudaloso raudal al cauce hídrico en cercanías del club Balderrama.

Participaron de la diligencia, la perito Olga Fleitas del Laboratorio Forense del Ministerio Público y la defensora pública en lo Penal de Luque, Zulma Sánchez. La profesional perito deberá establecer como puntos de pericia: la verificación de las obras o construcciones técnicas y si las mismas poseían las caracteristicas de seguridad para el tránsito de peatones y vehículos.

El fiscal Romero solicitó como urgente este procedimiento teniendo en cuenta que la zona es de alto tráfico de vehículos y personas, y se debe precautelar la escena para que no sea modificada, ocultada o destruida.

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