Con el cierre de consultorios odontológicos y alrededor de 50.000 personas afectadas por la disminución de los servicios de este sector por disposición el Ministerio de Salud Pública desde marzo pasado, la realidad se torna cada vez más dura y los profesionales solicitan volver a la normalidad.

Existen tratamientos que fueron interrumpidos o procedimientos complejos que no pueden realizarse debido a que se limitó qué servicio se puede prestar durante la pandemia y son solo urgencias, explicó el Doctor Rubén Rivarola, presidente del Círculo de Odontólogos del Paraguay.

La pandemia golpeó a alrededor de 7.000 odontólogos que intentaron reactivar sus servicios, pero cerca del 20 por ciento se encontró obligado a cerrar sus clínicas, debido al alto costo que implica la atención con las medidas de seguridad.

La inversión de cada consultorio es de aproximadamente G. 5 millones y el costo de los equipos de protección que se utilizan por cada paciente es de 100.000 guaraníes.

Ante estas cifras y la falta de apoyo financiero por parte del Gobierno, cerraron sus puertas y se dedican a otros rubros. Los odontólogos que continúan ofreciendo servicios redujeron sus ingresos en un 50 por ciento; de 8 pacientes en promedio que atendía por día anteriormente, hoy solo llegan a 4 pacientes.

Hace dos semanas se solicitó la ampliación de los servicios permitidos y volver a la normalidad con todas las medidas de protección que contempla el protocolo. Desde marzo no se realizan implantes, ortodoncia, restauraciones orales y los profesionales a cargo la están pasando muy mal económicamente.

“Llamamos la atención sobre esta realidad e instamos a las autoridades de salud que tomen las medidas correspondientes”, manifestó en conversación con radio UNO.

Explicó que durante estos meses tuvieron en cuenta todas las medidas de seguridad para recibir a los pacientes y no se puede decir que hubo algún caso generado desde un consultorio. “Hay agendamiento previo con triaje telefónico, se le pregunta si tuvo fiebre, síntomas, si estuvo en contacto con algún sospechoso o positivo, se lavan las manos, se le recomienda no tocar ninguna superficie, se entra con tapabocas””, indicó el profesional.

“Estamos solicitando al Ministerio de Salud la atención total de los procedimientos. Una intervención odontológica oportuna puede evitar una infección generalizada que puede afectar el organismo del paciente”, agregó.

Por Cinthia Mora

Periodista

La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.

La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.

Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.

Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.

Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.

En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.

Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.

DILACIÓN EN LA CORTE

Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.

Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.

NUEVO EQUIPO DE FISCALES

Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.

La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En total, presentaron sus propuestas 11 empresas, en forma individual y consorciadas. Conforme a los procedimientos, toda la documentación fue entregada a la Coordinación de Evaluación de Ofertas para continuar el proceso correspondiente.

Las obras sanitarias de la Cuenca Lambaré, mejorarán la calidad de vida de más de 335.000 personas de los municipios de Lambaré, Asunción y Fernando de la Mora que verán una transformación real de sus condiciones de salubridad y del medioambiente. Además, a través del proyecto se generarán cientos de nuevos puestos de trabajos directos e indirectos antes, durante y después de la ejecución de las obras.

Las tareas comprenden la construcción de 22 Km de colectores principales, 16 Km de líneas de impulsión, 15 estaciones de bombeo, 877 Km de colectores secundarios y terciarios a más de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Lambaré, cuya apertura de propuestas de para precalificación se realizó en la fecha, la cual tendrá capacidad para procesar hasta 2.226 litros por segundo de aguas cloacales, devolviéndola limpia mediante un emisario subfluvial al cauce principal de río Paraguay.

El emprendimiento implica una inversión de USD 165 millones proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), junto con la donación de la UE/LAIF, ambos gestionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El suboficial mayor Aldo Paredes, subjefe de la Comisaría de Natalio, contó a Telefuturo detalles del ataque tipo comando perpetrado por al menos 15 delincuentes a la sede del BNF.

Al respecto, indicó que recibió una llamada telefónica de un transeúnte sobre la presidencia de clavos miguelito en varios puntos de acceso a la ciudad. Esa situación hizo que la fuerza policial se movilice y al llegar hasta la sede del BNF, fueron recibidos a balazos.

📼🤯Video del circuito cerrado del atraco a la sede del BNF en la localidad de Natalio, departamento de Itapúa

💣💸Los delincuentes explotaron la bóveda y se alzaron con aproximadamente G. 1.000 millones.

📻#Universo970AM pic.twitter.com/YfRqDNyWOH

— Universo 970 AM (@Universo970py) April 28, 2024

El jefe policial indicó que otros agentes quedaron en custodia de la Comisaría, ya que los delincuentes intentaron tomarla, tal como lo hicieron semanas atrás en la localidad de Yatytay, donde explosionaron un cajero automático.

Por su parte, el Crio. Ramón Delvalle, jefe policial de Itapúa, relató a Radio Ñandutí que aparentemente los delincuentes tenían un dato erróneo sobre una recarga de dinero que finalmente se tenía que dar recién el lunes.