En conferencia de prensa, el fiscal Marcelo Pecci relató que el pasado 8 de octubre se allanó el aeródromo Arrayan, ubicado en Areguá, perteneciente al ahora imputado Gustavo Enrique Brítez Bogado. En el sitio fueron encontrados ocho aviones y un helicóptero, el cual tenía el ploteado de la fuerza de seguridad de Argentina pese a contar con una matrícula civil. La Fuerza Aérea Paraguaya no dio la autorización para su entrada y permanencia en el país, solo se gestionó y consiguió un permiso de ocho días de la Dinac, obviando que estaba al servicio de una seguridad extranjera.

“Se elige este objetivo (el hangar) en coordinación con Antisecuestro de la Policía, tras vigilancia y seguimiento de las informaciones recibidas de fuentes de inteligencia. El local era utilizado como uno de los epicentros para realizar presuntos hechos punibles y hacer el traslado de personas con órdenes de capturas. En ese camino (que va al hangar) se encontró la camioneta utilizada para la liberación del presunto narcotraficante Jorge Teófilo Samudio González, alías Samura, ya que en el interior del rodado estaban las huellas de Alexis Collar, quien está detenido por participar en este rescate”.

El agente fiscal resaltó además que este hangar brinda información útil a otras causas, como el reciente hallazgo de una avioneta en la estancia Divino Niño Jesús en el Chaco. Según los elementos recabados por los investigadores, en ese lugar aterrizó y luego se incineró la aeronave con importante carga de cocaína y el piloto fue encontrado enterrado. Este hombre no fue el mismo que oficialmente fue citado como piloto de la aeronave. Dicha estancia se encuentra a 11 kilómetros de la estancia Cristo Rey, sitio importante para la investigación del caso Samura, ya que allí se habrían congregado los malvivientes tras conseguir la liberación del narco, de acuerdo con Pecci.

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Fiscales de la Unidad de Crimen Organizado brindan detalles del helicóptero con ploteado de instituciones argentinas hallado en Areguá.
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Volviendo al caso del hangar de Areguá, el fiscal detalló que dentro de las aeronaves se encontraron cuadernos y datos técnicos aeronáuticos. En la aeronave con matrícula ZP-BMM se hallaron llamativos cuadernos que serán verificados y constatados con otras evidencias recolectadas en este caso. También será peritado un aparato GPS que allí, como así también algunos teléfonos celulares incautados, porque seguro contienen datos importantes como el itinerario y altitud de la aeronave.

Durante la conferencia, se exhibieron los cuadernos con los planes de vuelo, que servirán para investigar si efectivamente declararon los vuelos y bajo qué circunstancias. También mostraron agendas con nombres de parlamentarios, bancas políticas, teléfonos, cifras y análisis políticos. “Todo contenido en cuanto a lugar y tiempo será fundamental para esclarificar y luego concluir si tendrá incidencia penal”.

“Somos cautos con la investigación, no todas las aeronaves halladas en el hangar están vinculadas a hechos ilícitos penales. Se está realizando la investigación y se recabarán los informes pertinentes”, aclaró y comentó que ya se procedió al microaspirado criminalístico para ver si se hallan partículas de sustancias estupefacientes en las aeronaves.

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“Tenemos elementos que nos hacen presumir que el exvicepresidente Óscar Denis sigue con vida”. Fiscal Federico Delfino https://t.co/CgQKdK4oUq
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“Nos llamó mucho la atención también el hallazgo de varios documentos de actividades bancarias como cheques e instrumentos públicos, rotos. Se verificará también la incidencia que pueda tener en el caso investigado. Todo lo que está fragmentando, se tratará de unir para ver la relevancia que pueda tener en la investigación”, comentó.

Por otra parte indicó que el establecimiento aeronáutico en Areguá no cuenta con documentos que autoricen el mantenimiento de aeronaves, por lo tanto resta credibilidad al argumento de que las aeronaves estaban ahí para algunas reparaciones, de acuerdo con el investigador. Además, la pista estaba en perfectas condiciones y la infraestructura incluso permitía que operara de noche, cuando en realidad los técnicos de la Dinac solamente habilitaron ese lugar para realizar los vuelos diurnos.

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Cuadernos hallados en hangares: Datos sobre bancadas, teléfonos, políticos. @Universo970py pic.twitter.com/qCcC38VXQc

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La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.