En comunicación con Universo 970 AM, la fiscala Liliana Alcaraz detalló que el daño patrimonial ocasionado a Petropar durante la administración de Patricia Samudio supera los G. 300 millones con las sobrefacturaciones en la compra en el marco de la pandemia del coronavirus.

“No solamente pudimos constatar que el agua tónica ingresó en un precio sobrefacturado, y también las mascarillas, sino también los otros ítems del contrato que habría suscripto Petropar con Solumedic. Entonces, eso hace que el perjuicio patrimonial aumente a más de 300 millones de guaraníes, de lo que habíamos formulado en la imputación al principio”, señaló.

Mencionó que antes de los trámites administrativos, el esposo de Samudio, José Manuel Costa Perdomo, actuó como intermediario y contactó con la empresa Solumedic para montar el esquema y simular los contratos. Sin ahondar en detalles, confirmó que se creó una cuenta bancaria para transferir allí el dinero tras la adjudicación. Agregó que los empresarios adjudicados decidieron colaborar con la Fiscalía y “contaron toda la verdad”, versión que ahora está siendo corroborada mediante las pesquisas.

#Tempranísimo

Fiscal Liliana Alcaraz, sobre ampliación de denuncia en el caso Petropar: “El daño patriomonial asciende a más de G. 300 millones con los nuevos elementos”

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Según la ampliación de la imputación, toda la operativa de compra pública, que tuvo la participación de la empresa proveedora Solumedic S.A, habría sido un montaje con el fin de justificar y legitimar el desembolso de dinero del ente, a fin de que los ahora procesados obtengan beneficios patrimoniales indebidos en complicidad con los propietarios de la empresa adjudicada con el contrato, quienes conscientes de los verdaderos propósitos prestaron su firma y toda su estructura para lograr el resultado que se buscaba, ocasionar un perjuicio patrimonial a Petropar.

La acción contra Costa Perdomo es en calidad de cómplice en lesión de confianza. Mañana se debe presentar su esposa Patricia Samudio para su audiencia de imposición de medidas ante el juez Julián López.

Petropar maneja un presupuesto de unos 1.000 millones de dólares anuales y la Fiscalía investigará si el esquema delictivo se repitió en otros procesos licitatorios.

En esta causa, además de la exmandataria, están imputados en el caso en calidad de cómplices Felix Marcelo Chávez, director de la Dirección Operativa de Contrataciones; Roberto Luis Cabrera Narváez, Gerente de la Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Petropar; Miguel Darío Cáceres, Asesor Jurídico de la Presidencia de Petropar; Freddy Agustin Careaga Arias, Jefe Interino de la Sección, Recepción y Entrega de Bienes de Petropar; Oscar Adrián Gómez Rodríguez, Jefe Interino de la Sección de Egresos de Petropar; Rodolfo Benítez Sandoval, Jefe del Dpto. De Tesorería de Petropar; Eduardo Miguel Ángel Sánchez López, Director Financiero de Petropar; Plácido Guerrero Rodríguez, Auditor Interno de Petropar; Liz Adolfina Chamorro Ferreira, empresaria, Representante Legal y socia de la empresa Solumedic S.A; Victor Ramón Cabañas Fernández, socio de la empresa Solumedic S.A; Lorenzo David Silvero Cantero; Edgar Raúl Villalba; Walter Osmar Mendoza Giménez, representante legal y socio de la empresa Fortaleza Agropecuaria Industrial S.A; Adams Javier Ávalos, socio de la empresa Fortaleza Agropecuaria Industrial S.A; José Manuel Costa Perdomo, pareja de Patricia Samudio; y Justino Ramón Aveiro.

El agente fiscal Rafael Ojeda representó al Ministerio Público en el juicio oral que derivó en la condena de 16 años para un hombre hallado culpable de la muerte de su compañero de tragos.

El hecho ocurrió el 20 de enero de 2023 en la localidad de Guasucaimi de Yuty, departamento de Caazapá.

Los datos señalan que ese, la víctima fatal Gerónimo Céspedes Flores, llegó al domicilio de la Lorenza Castillo, ubicado en la misma compañía, donde también se encontraba en ese momento Pedro Cantero Taboada, en el lugar empezaron a tomar bebidas alcohólicas.

Luego, cerca de las 20:30 horas, mantuvieron una discusión donde el hoy acusado le dijo a su víctima que lo mataría y arrojaría su cuerpo a un pozo. Ante la amenaza, desesperado, Gerónimo Céspedes Flores, salió corriendo hacia su domicilio donde trabajaba como encargado en un establecimiento ganadero.

El hombre fue perseguido por Cantero Taboada, con un machetillo en mano. Durante la persecución se pudieron escuchar gritos desesperados de la víctima situación que fue divisada por su patrón, Silvio Araujo Vargas.

Cantero Taboada se abalanzó sobre la víctima, quien al tratar de defenderse del agresor extendió su brazo lado izquierdo hacia arriba momento en que recibió una herida cortante en su brazo, lado izquierdo hacia arriba. La herida comprometió el hueso radio y cubito, además sufrió otras dos heridas cortantes y profundas con rotura de cráneo, en el pabellón auricular izquierdo, el cuello, herida cortante y deformante en el mentón; herida en el hombro lado izquierdo.

Luego Cantero Taboada cumplió su amenaza y arrojó el cuerpo a un pozo artesanal.

El Ministerio de Justicia confirmó la muerte del hombre y el informe preliminar indica que sufrió un infarto de miocardio.

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Agustín Ramón Martínez manifestó tener un dolor fuerte en el pecho y los médicos del penal de Tacumbú sugirieron que se derivado de inmediato a un centro asistencia.

Conocido como “soldado israelí”, no precisamente por ser un soldado, fue trasladado hasta el Hospital de Barrio Obrero donde los profesionales constataron que ya no tenía signos de vida.

El hombre fue condenado en el 2022 a 30 años de cárcel, más 10 años como medida de seguridad, como responsable de la muerte del abogado Lucilo Nicolás Cardozo en Yaguarón, pero no es el único crimen que se lo atribuye, incluso lo acusaron de matar a su esposa.

Homicidio, robo agravado y abigeato forman parte de su prontuario, pero fue conocido por su rasgo misterioso, mentiroso y la saña con la que acababa con sus víctimas.

Se hacía llamar soldado porque aseguraba que participó de varios combates bélicos y que fue entrenado por las fuerzas armadas israelíes, todo formaba parte una mentira.

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El fiscal Juan Ramón Sandoval imputó a Fermín Cardozo Portillo, jefe de la subcomisaría de la localidad de Mboi’y, distrito de 25 de Diciembre, por el hecho punible de abigeato. Además, solicitó su prisión preventiva atendiendo a que, en libertad, podría obstruir la investigación.

El antecedente del caso refiere que el hecho ocurrió el pasado del 29 de marzo, cuando Cardozo Portillo, en compañía de otras personas, arreó tres animales vacunos, (una vaquilla y dos toritos), propiedad de una mujer que había regresado recientemente al país, proveniente de la Argentina.

La hipótesis surge que todo ocurrió en el interior de un inmueble ubicado sobre la calle Kuré Kua de la colonia Navidad, lugar del cual el agente policial supuestamente dirigió los tres animales ajenos hasta el domicilio de su suegra.

Pasados los días, la propietaria de los animales se percató del faltante de vacunos por lo que consultando con los vecinos que le refirieron que pudieron ver al jefe policial quitando sus animales de su propiedad, por lo que la misma solicitó a su pareja que vaya hasta la comisaría a pedirle que los devuelva.

El sospechoso entregó uno de los animales, que la víctima fue a retirar del corral de la suegra de Portillo, no así los otros dos, los cuales el agente policial habría sustraído del lugar y trasladado a bordo de un acoplado.

Se realizaron varias diligencias, entre ellas allanamientos, pedidos de informes, y declaraciones de testigos, quienes refirieron que no sería la primera vez que el jefe policial realiza este tipo de hechos.