Por Jorge Torres Romero

Senadores y diputados involucrados en escándalos de audios filtrados fueron separados de sus cargos en forma inmediata. ¿Por qué el presidente Mario Abdo Benítez se resiste a destituir a su ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann?. El actual ministro de Agricultura y Ganadería está acorralado por denuncias de corrupción y la fiscalía ya abrió una causa en su contra por el caso de la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA), que según su exsocio comercial Hugo Alexander Torales, sería propiedad del ministro.

Las denuncias contra Friedmann giran en torno a la provisión del almuerzo escolar que ESSA ganó durante los años en que él era gobernador del Guairá en esa región. Esta empresa siguió ganando licitaciones en municipios de Guairá, la gobernación de Caazapá y también en Petropar, ya cuando asumió como senador y luego ministro.

Audios incriminatorios en los que se oye al actual ministro de Agricultura, pedir que le entreguen el dinero que le corresponde por las licitaciones ganadas y también ordenando la forma y tiempo en que se deben presentar para competir por el almuerzo escolar sobran, es por esa razón que la fiscalía la semana pasada allanó las oficinas de la empresa y la de la contadora de Friedmann, Lourdes González, quien es la actual representante legal de la firma para recuperar más elementos que puedan dar sustento legal a los audios.

Pese a que se tienen todos estos elementos el presidente de la República salió a defender a Friedmann y dijo que no podría meterse en otro poder como el Judicial y ordenar la prisión de nadie, cuando se sabe perfectamente que lo que se debe hace en este caso no es meter a nadie preso, lo que tiene que hacer es cambiar a su ministro.

Al mismo tiempo también salieron a hacer causa común con el sospechado ministro, el jefe de Gabinete de la Presidencia Juan Ernesto Villamayor quien dijo que la investigación que se lleva en curso es “un largo refrito”, para tratar de sacarle el cuerpo a la situación.

Otro que ensayó una defensa poco feliz fue el asesor político de la presidencia Daniel Centurión, quien se limitó a decir “que la justicia debe actuar”, pero fue un poco más allá en defensa de Friedmann, asegurando que si se viene una imputación la misma no quiere decir que sea culpable y dejando abierta la posibilidad que incluso con un proceso penal en contra no se tendría que destituir al Ministro de Agricultura.

LOS QUE SE FUERON POR MENOS. La gravedad de los hechos investigados deberían haber hecho que se tomara ya la determinación de separar del cargo a Rodolfo Friedmann, tal como se hizo en otros casos, como el del ex senador oviedista Jorge Oviedo Matto, quien apareció en un audio enviado a la fiscala Cassei Giménez a quien le decía: “Cassei amanece mañana en el banco”. Por esta frase fue sacado del Senado, sin esperar imputación, proceso o condena.

Otro ejemplo fue lo ocurrido con el ex senador liberal Dionisio Amarilla, quien fue denunciado por un periodista quien alegó que el parlamentario estaba haciendo tráfico de influencia a favor de una empresa para ganar una licitación y sin pruebas de ellos fue sacado del Senado. Es más Amarilla querelló al denunciante y actualmente se espera el juicio oral.

El ex senador Óscar González Daher, también perdió su banca cuando saltaron los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde se escuchaba cómo el político pedía favores a fiscales y jueces. “Hola, Dra., como te va, disculpame que te moleste, hay veces que tenemos que llamar por amistad…”. “Hola jueza, como te va, disculpame que te moleste..”. González Daher ya no es senador, pero el caso todavía no llegó a su final, sigue debatiéndose en tribunales la causa.

El ex senador Víctor Bogado, procesado y condenado por el caso de la “niñera de oro”, su caso también antes que la sentencia quede firme ya fue echado del Senado, en tiempo récord.

Otro que tuvo un trato sumario en su causa fue el diputado colorado José María Ibánez, quien por sus caseros de oro fue procesado, el legislador aceptó reparar el daño ocasionado. Se le obligó a hacer millonarias donaciones, igual fue sacado de la Cámara Baja de forma presurosa.

En todos los casos citados sin excepción se obró de manera rápida y sumaria, pero en el caso del ministro de Agricultura Rodolfo Friedmann quien está acorralado por los hechos de corrupción y a las puertas de una inminente imputación, no se toma una determinación sobre su futuro y sigue siendo sostenido políticamente.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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