En el marco de las investigaciones por facturas falsificadas, los abogados de la propietaria de la firma Insumos Médicos S.A. (IMEDIC) habían recusado al fiscal del caso, Marcelo Pecci.

En aquel entonces, la defensa de Patricia Ferreira había alegado una supuesta falta de objetividad junto con otros argumentos que posteriormente fueron rebatidos por el fiscal al considerar que son exposiciones sin fundamentos.

Luego de realizar un análisis exhaustivo del caso, la fiscal adjunta Teresa Aguirre optó por rechazar esta recusación y confirmar a Pecci para que prosiga al frente de la causa penal.

En la jornada de este lunes, la defensa de Patricia Ferreira volvió a accionar contra la decisión del Ministerio Público, esta vez impugnando la resolución de confirmación del citado agente fiscal. Así también, recusó a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, a fin de que no pueda resolver esta impugnación.

La defensa extiende aún más este recurso dilatorio al recusar también a todos los fiscales adjuntos (16 en total), pese a que los mismos no han tenido siquiera intervención en dicha causa. De esta manera, para la Fiscalía queda evidenciada la presentación de este recurso.

Cabe recordar que Patricia Ferreira se encuentra imputada junto con otra directiva de IMEDIC S.A. y un despachante de Aduanas por el presunto uso, en asociación criminal, de facturas y guías aéreas falsas para la importación no autorizada de fármacos procedentes de la India. En este caso, se los acusa de haber utilizado documentos falsificadas para lograr obtener los permisos para traer y comercializar medicamentos sin ningún tipo de control.

Anteriormente, los fiscales Marcelo Pecci y Susy Riquelme ya habían sido recusados en la causa por el empresario Justo Ferreira, representante de la mencionada empresa y además padre de Patricia Ferreira.

A partir de ahora, la Corte Suprema de Justicia deberá expedirse para la intervención fiscal.

Un operativo de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD, en el marco del Plan SUMAR, fue ejecutado para detener a un joven de 26 años, quien manejaba un punto de distribución de drogas, unido una serie de acontecimientos delictivos, frente a un centro educativo en el barrio María Auxiliadora.

La comitiva ingresó a la vivienda en compañía del fiscal Marco Amarilla y detuvo a Ronaldo Silva Sandoval de 26 años. Tras un registro del todo el lugar fueron confiscados 24 dosis de crack junto con porciones de cocaína y marihuana. Del lugar también colectaron un arma de fuego.

El hombre cuenta antecedentes por reducción y hurto, con prohibición de salida del país y portación de armas.

Los datos colectados apuntan al joven como responsable de venta de drogas incluso a alumnos de centros educativos. Se expone a pena carcelaria de entre 5 y 15 años.

El implicado ya fue derivado a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición del Ministerio Público.

En el transcurso de la tarde del martes se registró un voraz incendio en una vivienda ubicada en el barrio La Amistad de la ciudad de Capitán Miranda.

La propiedad pertenece a Lorena Mabel Osorio de Araujo, quien se encontraba en el lugar en compañía de su familia al momento de iniciar las llamas.

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La edificación -de unos 6x8 metros y con techo de chapa- acabó siendo reducida a cenizas a causa del siniestro, que pudo ser controlado tras la intervención de bomberos voluntarios.

Afortunadamente, Osorio y los demás miembros de su familia resultaron ilesos luego del incendio, por lo que solo se reportan daños materiales.

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Hasta el momento, las autoridades no han logrado determinar las causas del incidente, menciona el portal Más Encarnación.

La idea es extender réplicas de la exitosa sociedad policial-militar que logró reducir a la mínima expresión al EPP y la extinción de la ACA, así como a asestar fuertes golpes a organizaciones criminales en Canindeyú.

El plan, barajado en los Ministerios de Defensa y del Interior, contempla el establecimiento de puestos fijos de comandos, con puntos de conexiones para reacciones rápidas ante eventos que perpetran grupos de delincuentes.

El proyecto en cuestión surge a partir de la necesidad que tiene la Policía Nacional, de reforzar áreas de cobertura, ante la emergencia de pandillas bien organizadas, que cuentan con fuerte capacidad de fuego.

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Producción y tránsito de drogas, atracos a camiones de caudales, cajeros y bancos, ataques piratas en rutas, entre otros rubros delincuenciales, se han acrecentado de manera significativa desde hace unos años.

El plan de seguridad que maneja el gobierno central implica también inversión en tecnología para detección y ataques a agrupaciones ilícitas, que cada vez evidencian mayor capacidad de operaciones, utilizando herramientas de la tecnología.