El comunicado fue publicado por la Secretaría de Repatriados, donde pusieron en conocimiento de la ciudadanía, que lamentan los últimos actos vandálicos que se registraron en los albergues.

Si bien la nota no especifica que establecimiento sufrió daños, cabe recordar que dichos albergues fueron dispuestos por el Ministerio de Salud y el Gobierno para recibir a los compatriotas que regresan al país de diferentes puntos del extranjero, como medida de lucha contra la propagación de la Covid-19.

El documento informa que “los actos anteriormente mencionados configuran hechos punibles que han sido debido registrados y remitidos al Ministerio Público para los fines legales pertinentes”.

Queman colchones como protesta

En un albergue de Ciudad del Este, las personas que guardan aislamiento obligatorio llevan varios días sin tener respuestas médicas sobre sus respectivas condiciones sanitarias.

Colchones y elementos varios fueron incendiados por las personas que reclaman abandono por parte de las autoridades, quienes los dejaron por más de catorce días encerrados.

El hecho ocurrió en el albergue de kilómetro 9 de Monday, Cuidad del Este.

Destrozos, robos de toallas y sábanas

Federico González, ministro asesor de Asuntos Internacionales, informó que el grupo de 241 connacionales que guardaron confinamiento en un albergue de Ciudad del Este, destrozaron el sitio además robaron toallas y sábanas tras abandonar el recinto.

El hecho ocurrió el pasado 15 de abril.

Benjamín Ozuna, director del nuevo centro de Reinserción de Minga Guazú, informó que la derivación de 50 reos forma parte de un proceso gradual con el que se pretende descentralizar el sistema penitenciario y reducir el hacinamiento.

La gradualidad también responde al factor financiero y de disponibilidad de personal, pues, se debe ceñir al presupuesto previsto para la cobertura.

Las visitas serán limitadas, los abogados no dispondrán de tantas horas para hablar sus defendidos, los controles de ingresos se aplicarán de forma muy estricta y los guardias entrenados fueron capacitados, a diferencia de lo que ocurría antes.

“Todos son profesionales, por ejemplo, la lavandería que tiene una infraestructura moderna, donde no puede venir una empírica, son personas que tienen estudio y experiencia en hoteles, las cocineras son universitarias, porque la cocina es a inducción, ya no hay carbón no hay gas, la tecnología es muy moderna, todos los referentes son expertos, nada está improvisado”, detalló Ozuna, en un contacto con el canal Gen-Nación Media.

La clasificación no solamente se realiza por condenados y procesados, sino también para personas adictas que recibirán tratamiento, los internos de alta peligrosidad, los de buena conducta, entre otras consideraciones.

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La capacidad es de 1.237 reclusos y la infraestructura consta de ocho módulos independientes: siete convencionales y uno de máxima seguridad. En los primeros caben 165 personas por cada uno, mientras que, en los de régimen cerrado especial pueden ingresar hasta 82 internos.

Respecto al pabellón de máxima seguridad, la particularidad es que tiene restringida la circulación de internos por los pasillos. Los condenados podrán salir de sus celdas individuales solamente dos horas al día. Allí adentro recibirán los servicios básicos.

Otra restricción es la de las vistas privadas, salvo excepciones de visitas comunes recomendadas por el Organismo Técnico Criminológico (OTC). De ser así, tendrá agendamiento previo.

Sobre el punto, el Ministerio de Salud informó que se trata de una persona mayor, oriunda de Concepción, que fue diagnosticada con adenocarcinoma de colon sigmoide por el Dr. Raúl Saucedo, gastroenterólogo, en conjunto con el Dr. Juan Recalde.

La intervención, que consistió en una resección del tumor, se realizó utilizando la técnica de colo-recto anastomosis con sutura mecánica circular. Actualmente, la paciente se encuentra en el servicio de cirugía del hospital regional de Concepción para control y evolución postoperatoria.

En este caso, la cartera sanitaria resalta la importancia de realizarse chequeos generales dos veces al año, ya que estos pueden ayudar a detectar a tiempo enfermedades como el cáncer de colon y aumentar las posibilidades de un tratamiento exitoso.

La Junta Departamental de Alto Paraná trató en la sesión ordinaria del martes la propuesta de construcción de una morgue judicial y un laboratorio forense en Ciudad del Este.

La propuesta fue presentada la semana pasada por los abogados Wilson Benítez y Alice Monge, quienes enfatizaron la necesidad de contar con esta dependencia en esa zona del país.

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Tras obtener un dictamen favorable por parte de la Comisión de Legislación, la nota finalmente fue aprobada por el pleno de la junta altoparanaense.

De esta manera, se declara “de interés departamental” la construcción de la morgue judicial para el este del país, por lo que el cuerpo colegiado acompañará esta solicitud ante las autoridades pertinentes.

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El pedido tomó estado público días después de producirse el trágico fallecimiento de la escribana Carmen Ruiz en Presidente Franco. A raíz de la falta de una morgue, su cuerpo tuvo que ser trasladado hasta Asunción.

El hecho fue denunciado públicamente por el médico forense Martín Alfaro, quien luego de sus polémicas declaraciones ante los medios de prensa fue sumariado por el Fiscal General del Estado.