En entrevista con el programa “La Nueva República” emitido por el canal GEN, el abogado constitucionalista y actual senador liberal brindó su postura en relación al proyecto de Reforma del Estado que actualmente se encuentra en instancias del Congreso.

Al respecto, señaló que la comisión que tendrá a su cargo el estudio de esta propuesta lo que tiene que definir es “hacia qué rol se va a enfatizar para el Estado”, dado que hablar de Reforma del Estado es una cuestión muy amplia.

En la ocasión, Eusebio Ramón Ayala hizo un poco de memoria mencionando que a raíz de los muchos problemas que se tuvieron en todo este tiempo desde la puesta en vigencia de la actual Constitución Nacional, se podría decir que la profundización de la reforma del Estado en sí no logró su objetivo original.

“El Paraguay hizo una reforma constitucional, optó por un rol del Estado, se declaró el Estado Social de Derecho, apostó por la descentralización y la creación de tres poderes del Estado junto con otros organismos que deberían coadyuvar en sus distintas funciones”, mencionó.

Hizo énfasis en que el Estado “estructuralmente está” pero en la práctica, para que cumpla con su función con eficiencia, no se han podido lograr aún los resultados esperados, siendo ello motivo para replantearse los errores cometidos en los últimos años.

Ayala indicó que el problema es la ejecución y por ello considera como algo importante que esta comisión que tratará la reforma estructural se centre en medidas más concretas para la ejecución.

Asimismo, el parlamentario del PLRA aseguró que “lo importante es que esta comisión defina qué ellos entienden por esta reforma del Estado y digan cuáles son las medidas concretas, el qué, por qué, para qué”.

Finalmente, sostuvo que lo urgente ahora mismo es enfrentar con éxito la pandemia de COVID-19 y luego se podrán revisar otros aspectos que pudieran estar vinculados a distintos ámbitos.

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.