En entrevista con la radio 730 AM, el fiscal Oscar López Laterza se refirió al caso del matrimonio celebrado por personas de la alta sociedad, Gabriel Esculies y Soledad Martínez. Al respecto reconoció que la fiscal adjunta Lourdes Samaniego, esposa del Vicepresidente de la República, emitió un instructivo sobre la forma en que se debe proceder en estos casos, por lo que debía cumplir con el procedimiento, aunque aseguró que la decisión final de imputar o no ya depende solo de él.

En ese sentido dijo que primero debe cerciorarse de lo ocurrido y alegó que no hubo flagrancia, ya que el casamiento fue en horas de la mañana o mediodía, pero recién a la noche las autoridades se enteraron. Contó que envió a los policías de la Comisaría 10ma. Metropolitana al sitio para constatar la veracidad de la denuncia. “El comisario Ever Caballero se constituyó y me informó que el domicilio estaba a oscuras, ni alumbrado público había. Entonces le pedí que saque una foto y sigo esperando el informe policial”, agregó.

Otro punto que esgrimió el investigador es que aún no tiene la lista de los que participaron del encuentro y tampoco la fecha exacta de cuándo fue celebrada la boda. Sobre el punto dijo que todavía sigue esperando los informes del Registro Civil para tener todos los detalles. “No tengo la contestación, no sé cómo se organizan en esta época de cuarentena. Quédense tranquilos que cuando tenga la identificación voy a seguir con la investigación”, agregó.

También argumentó que la unión en matrimonio es un derecho constitucional, por lo que debe analizar a profundidad este caso. Además indicó que la boda pudo haberse realizado en otra fecha. “Puede haber una foto pero no sabemos si es del día. Una persona puede alzar una foto y puede ser de cuatro meses atrás”, dijo al comparar con un TBT (imagen de antaño en las redes sociales).

Comparando con el caso de Luque en el que los novios y sus familiares quedaron detenidos cuando festejaban el casamiento, el fiscal López indicó que en ese caso sí existió flagrancia. Sin embargo, el principal reclamo es por la supuesta diferenciación que se estaría implementando desde la Fiscalía por la clase social. Remarcó al respecto que no puede hacerse cargo de las disposiciones que asuman sus colegas.

La declaración de emergencia regirá los días 20, 21 y 22 de mayo para que buses internos de Asunción y Central, así como buses escolares, operen durante el paro de Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama).

El pedido fue presentado a la Junta Municipal de Asunción y busca garantizar a la ciudadanía alternativas de movilidad para que se trasladen hasta sus trabajos o estudios durante esos tres días.

Estos tendrán un costo, porque son buses internos de la comuna quienes saldrán cubrir los itinerarios que quedarán en falta con el paro.

Desde el Gobierno también anunciaron que se pondrán a disposición buses del Estado para ofrecer el servicio gratuito a las personas en rutas e itinerarios específicos.

Empresarios del transporte público ligados a la Cetrapam anunciaron el lunes pasado el paro desde el 20 de mayo como protesta a una serie de requerimientos a las autoridades, entre ellas, una actualización a la tarifa técnica del pasaje.

La Ucetrama también se adhiere a la medida, sin embargo, las empresas Ximex Línea 44, Ypacaraí Línea 242, Are­güeña Línea 111, San Isidro Línea 48-51 y Magno Línea 12 seguirán circulando porque no se suman al paro.

La superpoblación de reos, que supera las seis mil personas, determina hacinamientos en las unidades penales, que a su vez plantea cuestiones de seguridad de alta graduación.

La superpoblación de cárceles ya tiene un primer abordaje, con el traslado de internos al nuevo penal de Emboscada.

En cuanto al reclusorio de mujeres del Buen Pastor, para fin de año se prevé el inicio de obras de lo que será el nuevo penal para femeninas, también en Emboscada. La mudanza de este penal es otro de los pasos adelante para el problema de las penitenciarías.

En lo que respecta a la seguridad, también Justicia reporta importantes movidas para desactivar los clanes criminales que, en el gobierno pasado, torcían los brazos a las autoridades penitenciarias.

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El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, señaló al respecto que, ahora las cárceles del país, están totalmente al mando del gobierno. Dijo que, con la terminación de los centros penitenciarios nuevos, se ampliará el proceso para diferenciar a los reos de alta peligrosidad, con respecto a los que no cuentan con esa característica.

Aquel crimen salta ahora en medio del cúmulo de hipótesis que rodea al reciente asesinato de Clemencio “Gringo” González, el domingo pasado.

La línea de presunta conexión entre ambos crímenes es la que presume que Gringo pudo haber tenido participación intelectual en la masacre de los seis hombres en la mencionada estancia.

Investigadores mencionan que Gringo estaba embarcado en gastar hasta el último recurso disponible, para vengar el asesinato, un año atrás, de su hijo y lugarteniente Charles González.

Aparentemente el mafioso ahora abatido recibió información de que tres de los asesinos de su hijo estaban en la estancia Ideal, y que, en efecto, pagó a los sicarios para ir a matarlos. Como los sicarios no estaban seguros de quiénes eran, de entre los seis, los que mataron a Charles, resolvieron masacrar a todos los hombres que estaban en la finca, estima la pesquisa.

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El ataque y masacre, supuestamente fue planificado por Gringo, quien habría recibido información de que en la finca estaban tres de los que mataron a su hijo Charles.

Este fue acribillado en el centro de Pedro Juan Caballero, según la pesquisa, por orden de Flavio Arruda Guillerme, un jefe del PCC ofuscado con el hijo de Gringo, que traicionó su amistad, liándose íntimamente con su pareja. Esta es la trama esbozada que intenta reconstruir la historia del final de uno de los principales capos fronterizos.