La información fue confirmada por la propia fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, quien además informó que decidió sacar de la causa al agente fiscal Oscar López Laterza, quien alegó falta de pruebas para proceder a la imputación de la pareja que violó la cuarentena sanitaria.

Ahora este caso estará a cargo de la agente Stella Marys Cano, según resaltó Quiñónez.

Esta mañana, el fiscal anterior alegó que no procedió a la imputación de Gabriel Esculies y Soledad Martínez, quienes se casaron hace una semana, porque no los pilló en flagrancia y porque todavía el Registro Civil no había remitido los informes sobre el casamiento. Reconoció que recibió una orden superior de cómo actuar en estos casos y remarcó que debe cumplirla.

El Ministerio de Justicia, del cual depende la Dirección General del Registro del Estado Civil (REC), informó esta tarde que envió el informe solicitado mediante Oficio N° 31 del 26 de abril. El documento tuvo entrada en el REC el día 27; sin embargo, la institución remitió las documentaciones a la cartera de Estado hoy con fecha 30 del mencionado mes.

Según el informe, la Dirección de Oficinas Registrales desde el inicio de la cuarentena hasta la fecha no recibió ninguna solicitud de autorización para la celebración de actos de matrimonios por parte de ningún Oficial del REC.

Mediante la Resolución N° 356 el Registro del Estado Civil aprobó el protocolo de acciones de prevención ante el riesgo de expansión del coronavirus en la sede central y oficinas registrales. El documento garantiza además las inscripciones de defunciones y nacimientos debidamente justificados.

Agentes especiales de Oficina Regional de la SENAD en Ciudad del Este realizaron un importante operativo en la zona de la estancia “Agrotoro”, ubicada en el distrito de Ñacunday, departamento de Alto Paraná.

El procedimiento, que contó con la coordinación del agente fiscal Manuel Rojas, tuvo como finalidad la anulación de cultivos ilícitos de marihuana en dicho sector.

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Esta despliegue se desarrolló como parte de una investigación relacionada con grupos criminales que ingresan a establecimientos rurales para la instalación de campamentos narco, al margen de la ley.

Los intervinientes lograron hallar varias plantaciones de cannabis dentro del establecimiento, que totalizaron 3 hectáreas de la droga, de acuerdo al informe.

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Así también, se descubrió un campamento utilizado por los narcotraficantes para el procesamiento de la marihuana, además de los insumos y herramientas destinadas para dicho menester.

El traslado de las fuerzas operativas de la SENAD obtuvo como resultado la destrucción de un total de 9 toneladas de marihuana, detalla la actualización brindada por la institución.

El reporte refiere que el episodio se verificó en San Pedro, y los alumnos pertenecen a la facultad de Ciencias Económicas de la universidad nacional de ese departamento.

Inicialmente se especuló qué los dos que ingresaron en grave estado al Hospital Regional de la localidad, habrían ingerido alguna sustancia estupefaciente, pero luego confirmaron que el exceso de bebidas alcohólicas fue la causante de la crisis que los “tumbò”. No descartan que los jóvenes mezclaron la ingesta de tragos, lo cual acelera significativamente los efectos y producen efectos colaterales que muchas veces llevan al coma etílico.

El consumo excesivo y descontrolado del alcohol, tiene un largo historial de desenlaces fatales. Quince días atrás una joven mujer falleció en Ciudad del Este, durante el festejo de su cumpleaños, a causa de una intoxicación alcohólica. La misma se despojo en una discoteca y fue llevada a un centro hospitalario, en dónde se constató su fallecimiento.

Autoridades sanitarias señalaron la preocupación existente en el sector, por la creciente cantidad de jóvenes que sobrepasan los límites normales del consumo de bebidas espirituosas. El problema desemboca en muchísimos casos mortales, principalmente en episodios de conducción de vehículos bajo efectos del alcohol.

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Una comitiva fiscal-policial allanó un taller ubicado en el barrio María Auxiliadora, de Itá, donde fue incautado un automóvil sin motor ni caja ni equipo de sonido.

El dueño del vehículo denunció que llevó su vehículo al taller en septiembre pasado para la reparación de una falla. Sin embargo, el mecánico le solicitaba más dinero para completar el trabajo. El automovilista llegó a pagar G. 6.500.000, pero su auto no fue reparado ni devuelto.

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Durante el operativo también aparecieron otras víctimas que declararon haber sido blanco del mismo modus operandi, pese a que los arreglos no implicaban desmantelar los coches.

La Policía ordenó la detención de como Derlis Ramón Casco Bogado, propietario del taller mecánico. El hombre está prófugo de la justicia.

Además de las personas que se presentaron durante el allanamiento, también existen denuncias formuladas ante la Comisaría 56ª.

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