El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) no rescinde contrato y dilata el pedido de la segunda tanda de insumos médicos a pro­veedor que entregó una pri­mera partida defectuosa y, que se llevó jugoso anticipo.

Nada se sabe de una segunda emisión de orden de com­pra y, es que el ministerio, de esta forma, da una mano al cuestionado proveedor, mientras arriban al país nuevas cargas de insumos médicos.

En los contratos con provee­dores se estipulan entregas fraccionadas y, en ese sen­tido, un cronograma. Hay un rosario de irregularidades, el contratista no cumple, pero según el viceministro Julio Rolón “asesoría jurí­dica tiene que dictaminar si rescinden o no el contrato”.

Las empresas ya entrega­ron una primera partida de insumos de la cantidad que se les adjudicó, previa emi­sión de orden de compra por parte de Salud.

Las empresas ya entrega­ron una primera partida de insumos de la cantidad que se les adjudicó, previa emi­sión de orden de compra por parte de Salud.

Se estableció una segunda entrega de hasta el 20% y, el saldo, en otra tanda.

Recordemos que las empre­sas Insumos Médicos SA y Eurotec SA fueron adju­dicadas con contratos en Salud por el valor total de G. 85.220 millones.

Los documentos muestran que dos órdenes de compra, una para Insumos Médicos y otra para Eurotec, fue­ron emitidas el 6 de abril, 3 días después de la firma de los contratos y, el proveedor se da por notificado el 13 de abril; es decir, 10 días des­pués de rubricarse el com­promiso.

Otra orden de compra para Eurotec emitieron al día siguiente. Todo estaba ajus­tado conforme a la llegada de las cargas de los pro­veedores que se dio con el arribo del avión el 17 de abril pasado.

Los contratos suscritos establecen que el plazo de entrega de los bienes es de 7 días corridos, luego de emitida la orden de compra (con multa del 1% diario por retraso y con posibilidad de rescindir el contrato llegado al 10%).

La firma Insumos Médicos es la que el pasado 27 de abril entregó, entre otros insu­mos, 15 camas hospitala­rias de las 50 adjudicadas que fueron rechazadas por la cartera de Salud, por no reunir las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones y deficiencia documental.

Estas camas que fueron ofer­tadas a Salud a G. 4.250.000 cada una, al proveedor le salió a un precio unitario de G. 670.571, según un despa­cho de importación al que tuvo acceso La Nación.

También, otros insumos como mascarillas y tra­jes de protección fueron rechazados, tanto de Insu­mos Médicos como de Euro­tec. No cuentan con registro sanitario, trascendió en las últimas horas.

Los proveedores, de acuerdo a los contratos, tenían el plazo de un día hábil para rectificar o reemplazar los bienes rechazados. Hasta ahora no cumplen con lo establecido de reponer estos insumos a Salud, mientras suben los casos del Covid-19 y el personal no cuenta con los equipos de protección.

Las dos firmas proveedoras pertenecen a una misma familia que tiene numero­sos contratos con el Estado. Insumos Médicos es repre­sentada por Patricia Ferreira y Eurotec por su hermano Marcelo Ferreira; son hijos del empresario Justo Ferreira, quien también representa a otras empre­sas proveedoras.

Los hermanos Patricia y Marcelo, cuyas firmas fueron adjudicadas en la misma licitación y, de manera presurosa, inclu­sive fueron beneficiados con anticipos del 20%, que en principio no esta­ban previstos.

RENUNCIAS EN SALUD

Las irregularidades que van saliendo a la luz ya hicieron rodar varias cabe­zas en la institución.

Hasta el momento pre­sentaron sus renuncias la doctora Lourdes Rivaldi, quien era directora gene­ral de Vigilancia Sanitaria; y el Lic. Alcides Velázquez, director general de Admi­nistración y Finanzas.

En total suman tres los altos funcionarios que renuncia­ron en Salud. El primero en renunciar fue Pablo Lezcano, quien era director de la Uni­dad Operativa de Contratacio­nes del ministerio, cargo que interina ahora Osvaldo Brítez.

La joven de 25 años de edad, María Nathalia Samaniego Maciel, sobrina de la senadora Lilian Samaniego y del dipu­tado Arnaldo Samaniego, en cuyo depósito se observaron camas hospitalarias idénticas a las vendidas por la empresa Insumos Médicos SA a la cartera de Salud, envió una nota a la redacción de La Nación, en la que, entre otras cosas, mani­fiesta que la propiedad está alquilada.

Samaniego dice que, como licenciada en Administración de Empresas, decidió ser emprendedora. “(…) uno de mis emprendimientos ha sido la construcción de un depósito para su posterior arrendamiento. El mismo fue alquilado desde el 1 de noviembre del año pasado a una empresa comercial, con la cual no tengo ningún otro vínculo que no sea el estrictamente del contrato de locación”, dice parte de la nota.

El secretario de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Ñeembucú, Fabián Ojeda, indicó que las últimas inundaciones registradas en esta región del país afectaron a aproximadamente 1.806 familias.

Dentro de esta cifra se incluye a cientos de personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares ante el avance del agua, que se produjo luego de las intensas precipitaciones en dicho departamento.

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Actualmente, se realiza la distribución de kits de alimentos a casi 1.300 familias, aunque la cantidad resulta insuficiente para cubrir todas las necesidades, de acuerdo a la publicación del portal ADN.

El funcionario gubernamental afirmó que, en tan solo cuatro meses, llovió prácticamente el 90% de lo que acostumbra llover en el transcurso de todo un año.

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Distritos como Tacuaras, Guazu Cuá, Mayor Martínez y San Juan de Ñeembucú, además de la capital departamental Pilar, son algunos de los más afectados por las inundaciones.

Además de dejar los caminos intransitables y aislar a varias comunidades, también provocaron la pérdida de múltiples cultivos en la zona, lo cual repercute de manera negativa en la economía de los pequeños productores.

Santiago Llano Marín (28) falleció el martes por la noche luego de un accidente de tránsito sobre la Ruta Eco Via San Bernardino-Luque, donde su camioneta Toyota Hilux chocó contra un camión de la marca Mercedes Benz.

La Fiscalía abrió una investigación al respecto e imputó por homicidio culposo al señor Adán David Ortellado, chofer del camión, quien prestó declaración esta mañana y obtuvo medidas alternativas a la prisión, bajo una fianza de G. 500 millones.

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Por su parte, Blas Llano, padre del fallecido, dijo hoy en una entrevista con Telefuturo que no accionará contra el chofer ni impulsará ninguna medida en su contra.

Además de quedar sujeto a la fianza, sobre el chofer pesan otras medidas como: obligación de presentar mensualmente ante el Juzgado y las prohibiciones de salir del país y de consumir bebidas alcohólicas.

Ortellado aseguró que durante el percance ocurrido el martes por la noche, solamente sintió el impacto de la camioneta.

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Ronald Javier fue detenido en una barrera policial en Pedro Juan Caballero, y la revisión de los varios celulares que llevaba, determinó que uno de ellos revele su ubicación al momento del asesinato múltiple. Con esta aprehensión suman dos los capturados en torno al luctuoso suceso. El primero había sido el 15 de enero pasado, cuando detuvieron a Ángel Vera Benítez, un sujeto con frondosos antecedentes, cuatro de los cuales por secuestros.

La ejecución de los seis integrantes de la estancia Piky, según las pesquisas, tiene dos hipótesis de posibles causas. Una de ellas señala que los sicarios habrían actuado por mandato del recientemente fallecido Clemencio “Gringo” González.

Este habría pagado a los matones, impulsado por su afán de vengar el asesinato de su hijo Charles González, ocurrido el año pasado en Pedro Juan Caballero. Al parecer de los investigadores, Gringo habría recibido la información de que tres de los seis hombres que estaban en la estancia, habrían sido los que mataron a Charles. Y que para “asegurar”, los sicarios mataron a los seis.

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