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La lista de allegados al senador liberal Enri­que Salyn Buzarquis Cáceres, que ingresaron a la función pública, parece no tener fin. La Nación publicó semanas atrás docena de familiares, que sumado a seguidores, operadores políticos de Enrique Salyn y Enrique Antonio Buzarquis ascienden a 30 la nómina de cercanos ubicados en privile­giadas posiciones dentro del aparato estatal y que se alzan con jugosos salarios costea­dos por los contribuyentes.

Ahora surgen dos nuevos nombres, pero que en esta ocasión acompañan codo a codo al parlamentario Enri­que Salyn; su primo polí­tico, el abogado Óscar Guido Forestieri, y su esposa, tam­bién abogada, Lorena María Melgarejo Ruiz Díaz.

Óscar Guido Forestieri es primo de la esposa del con­gresista, Fiorella Forestieri Alvarenga, quien también “consiguió” un envidiable puesto como asesora en el Tribunal Superior de Justi­cia Electoral (TSJE).

Óscar Guido Forestieri y su esposa, Lorena María Melga­rejo, ingresaron a la Cámara de Senadores en calidad de contratados en agosto del 2018. En el caso de Fores­tieri, según datos públicos de la Cámara Alta, se desem­peña como asesor del senador Enrique Salyn. Esto se debe a que, además de su nexo fami­liar, Forestieri operó junto con su esposa en reiteradas ocasiones en la campaña proselitista de los hermanos Buzarquis.

El sueldo del primo asesor es de G. 4.500.000. Su esposa aparece como asistente con un sueldo inicial de G. 2.500.000, que en cuestión de meses subió a G. 4.200.000, según el portal de Transpa­rencia del Senado.

Óscar Guido Forestieri, ade­más de facturar en la Cámara de Senadores, tiene un rubro docente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), donde registra a la fecha un salario de G. 3.211.356. El mismo se desempeña como profesor del turno noche en el Colegio Nacional José Pedro Guggiari de Asunción, según consta en los legajos.

Pero la antigüedad de Fores­tieri en la cartera educativa data de unos 10 años atrás, en el 2009, época en la que Enrique Salyn comenzaba su carrera como parlamenta­rio y el Partido Liberal ocu­paba el Ejecutivo Nacional en compañía de otros movi­mientos políticos, luego de más de 60 años de gobiernos colorados.

Óscar Guido Forestieri ingresó en el 2009 al despa­cho general de la Asesoría Jurídica, donde años más tarde escaló hasta la posi­ción de director externo de la dependencia en cuestión. Este provecho, según los datos públicos que exhiben planillas recién desde el 2013, durante el gobierno de Fede­rico Franco le beneficiaba en el mes de enero del mismo año con una remuneración de G. 14,5 millones.

No obstante, tras el inicio del periodo presidencial de Hora­cio Cartes, en agosto del 2013, la nueva administración del MEC resolvió acabar con los privilegios en esta cartera y Forestieri fue desplazado del cargo. Tras esta decisión, el primo de Buzarquis decidió accionar judicialmente en contra del Estado paraguayo para ser repuesto en la enti­dad educadora.

Este proceso judicial, tras idas y vueltas, que a veces dio razón a la Procuraduría General y en otras a la defensa de Forestieri, llegó a su fin en el 2019. El mismo Óscar Guido Forestieri publicó hace un mes atrás en sus redes sociales el fallo judi­cial que ordena su reposición. Durante todo este tiempo, de todas maneras, Forestieri siguió realizando su labor de docente en el Ministerio de Educación, siempre según las documentaciones.

Óscar Guido Forestieri y su esposa se suman a los 14 familiares detectados de inmediato del Clan Buzar­quis, quienes, incluyendo a los hermanos gemelos, se alzan mensualmente con más de G. 200.000.000 solo en sueldos. Cifra que sumando el aguinaldo de cada uno escala a unos G. 2.600.000.000 anuales.

Al mismo tiempo, los 14 operadores políticos de los Buzarquis que también se instalaron en el Estado fac­turan mensualmente a las arcas fiscales un total de G. 118 millones, monto que si se observa desde una perspec­tiva anual trepa hasta los G. 1.542 millones, incluyendo aguinaldo. Sumando todo, entre familiares y segui­dores el clan cuesta más de G. 4.000 millones de forma anual al Estado.

No revelan quién pidió nombramiento de esposa en el TSJE

Así como varias personas con lazos afectivos, familiares y políticos del Clan Buzarquis, la ex modelo Fiorella Fores­tieri, esposa del senador libe­ral Enrique Salyn, fue benefi­ciada con un apetitoso cargo en el Estado, específicamente en una “asesoría” para el Tri­bunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Funcionaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta el 2015 y Miss Univer­sitaria en el 2008, Forestieri ingresó a la Justicia Electoral en febrero de este año.

Mientras el senador Salyn Buzarquis realiza rutinarios cuestionamientos sobre trá­fico de influencias, su esposa se ubica en un privilegiado cargo sin concurso de oposi­ción y méritos en la función pública.

En la planilla de funciona­rios del TSJE la mujer figura como estudiante universita­ria. En entrevistas, la ex reina de belleza decía que estudió derecho, pero su nombre no figura en la nómina publicada en el portal del Poder Judicial.

El cargo al que fue designada se denomina “Coordinadora General de las Políticas de Género”, puesto por el que es remunerada mensualmente con las sumas de G. 10.700.000 de sueldo, bonificaciones de G. 3.210.000 por “responsabili­dad en el cargo”, G. 300.000 con “subsidio para la salud” y con algunos viáticos sus ingresos se aproximan a los G. 15 millones.

Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmaron a nues­tro diario que desde el Par­tido Liberal Radical Autén­tico (PLRA) salió la solicitud de contratación de la esposa del senador Enrique Salyn.

Esta versión oficial emanada desde el órgano electoral con­trastó con el relato expuesto por el parlamentario, quien rechazó totalmente haber intermediado para que su esposa sea designada en un privilegiado puesto en la Jus­ticia Electoral.

También resultó llamativo que desconocía el pedido que partió del seno de la nuclea­ción partidaria, donde él se desempeña como miembro del Directorio. Declaró ade­más que no estaba al tanto si la mujer ingresó al cargo a través de un concurso público o por elección de “confianza”.

Ni en el órgano electoral ni en el PLRA quisieron dar el nom­bre de quién solicitó el nom­bramiento de la privilegiada esposa.

Por Cinthia Mora, periodista.

La campaña de perse­cución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alca­raz, con el objetivo de invo­lucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se inves­tiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.

En agosto de 2023, al asu­mir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las reco­mendaciones del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los gra­ves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la apli­cación de protocolos para evi­tar tales situaciones y corre­gir los malos manejos.

Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funciona­rios asignados a la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico y la apli­cación de los protocolos reco­mendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministe­rio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Can­tero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.

Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministe­rio Público aportaron infor­mación relevante que permi­tieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.

El documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández fue descubierto gracias a la colaboración de la actual ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz (Crédito: Acta de imputación)

EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS

Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos infor­mes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inte­ligencia Financiera.

La respuesta de la Sepre­lad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brú­jula” de la investigación fis­cal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este docu­mento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección Gene­ral de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.

El documento secreto fue uti­lizado como base para la ela­boración del informe de inte­ligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministe­rio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “informa­ción espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institu­ción. En el borrador se intro­dujo información falsa y ter­giversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.

Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución polí­tica ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.

El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electróni­cos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcio­narios de la Unidad de Inteli­gencia Financiera de la Sepre­lad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.

En estos correos se detalla la manera en que fue incorpo­rado el documento secreto, redactado por Farías y Fer­nández, al circuito institucio­nal de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos tam­bién se ordenaba incorporar al documento oficial infor­mación tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.

DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC

Publicaciones de tinte mali­cioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sis­tema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.

La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencio­nado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.

Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extran­jero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercam­biar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de con­tacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el minis­tro de Seprelad Carlos Arre­gui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.

Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

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