Por La Nación.

En su primera decla­ración ante la fiscala de aquel entonces Raquel Fernández, el subo­ficial Arnaldo Andrés Báez, quien ingresó en el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) aquella madrugada del 1 de abril del 2017, dijo que luego de ingre­sar al recinto quedó solo y fue rodeado y tomado por los adherentes en la entrada del estacionamiento y que en ese momento decidió entregar su escopeta al ofi­cial Juan Garcete, custodio del diputado Eusebio Alva­renga, quien vestía un saco azul y a quien se le observa además pisar el casquillo que había caído precisa­mente del arma del men­cionado suboficial.

En varias imágenes se le observa a Báez, primero cuando con la culata de su escopeta rompe los vidrios de la puerta del local del PLRA, hasta que ingresaron al mismo tiempo con Gus­tavo Florentín. Báez redujo a varias personas y les ordenó cuerpo a tierra, posterior­mente fue hasta el estacio­namiento, donde se encontró con los hombres de Robos y Hurtos de Investigación de Delitos a cargo del comisa­rio Tomás Paredes Palma.

Arnaldo Báez.

Posteriormente, se le observa haberse quedado solo y eso fue aprovechado por los adherentes del PLRA para rodearlo, por lo que Báez decidió salir del lugar; sin embargo, fue “apretado” en la entrada, donde le des­pojaron de su casco, supues­tamente también de su pis­tola 9 mm y de su radio. Acá menciona el mismo Báez que entregó su escopeta al oficial Juan Garcete, a quien se le observa que lo pone al fondo de su saco, empuñando el arma, quedando de manera vertical y va hacía la otra vereda y se dirige hacia la calle Teniente Fariña, para luego desaparecer de escena.

Juan Garcete es también protagonista cuando en las imágenes del circuito cerrado de la cámara 1 del interior de la sede del PLRA pisa el cartucho despedido de la escopeta de Báez, segundos después de caer Quintana. Extrañamente nunca fue investigado por dichas actuaciones.

Luego de salir a luz las nue­vas imágenes que por años no fueron compartidas a los medios, y que ahora la fiscala Esmilda Álvarez tiene a su cargo investigar, se puede dilucidar muchas otras cosas que rodean al crimen del joven dirigente liberal de Paraguarí.

El escrito fiscal de ese momento indica que Báez fue llevado en carácter de aprehendido por los agentes de Investigación de Delitos, a cargo del comisario gene­ral Abel Cañete.

Ante esta situación, se tiene que la escopeta que fue utilizada por el subofi­cial Arnaldo Báez deambuló primeramente por el oficial Juan Garcete y se desconoce por quiénes otras personas que estuvieron en el lugar. Esta escopeta, Maverich, nunca fue peritada por los investigadores y solo por la simple declaración de este policía le acusaron a Floren­tín, ya que había declarado que este fue quien disparó y mató a Rodrigo Quintana, violando códigos policiales de lealtad al camarada y a la institución.

DECLARACIÓN. Arnaldo Báez admitió ante la Fiscalía que entregó su escopeta al custodio del diputado Eusebio Alvarenga.

La discusión de Báez con los adherentes fue alrede­dor de las 00:35, momento en que entregó su arma; sin embargo, a las 00:44 apa­reció en la guardia de la Comandancia de la Policía Nacional, donde quedó por un minuto, que le dio tiempo de saludar a sus camaradas y tomar un sorbo de tereré y nuevamente regresar hasta la sede del PLRA, donde quedó “detenido” en la ofi­cina de Efraín Alegre.

Todo este movimiento extraño que tuvo el men­cionado policía nunca fue investigado por el Ministe­rio Público, mucho menos la alteración de la escena del cri­men, en la que muchas otras personas están involucradas.

En el mismo informe fis­cal en que fue escrito que Báez entregó su arma al oficial Juan Garcete, tam­bién se describe la presen­cia del personal de Crimi­nalística y de Acústica para llevar el disco duro del cir­cuito cerrado, que también fue alterado en su momento como el levantamiento de las evidencias, que ya ante­riormente fueron plantadas por los liberales.

Extrañamente, en el escrito del levantamiento del cir­cuito cerrado se pone de manifiesto que las cáma­ras 1 y 2 estaban inactivas.

Bajó una cajita blanca en oficina de Alegre

La sospechosa actitud del suboficial Arnaldo Andrés Báez desde el momento en que supuestamente fue retenido por los liberales no condice con sus actos posteriores, ya que primeramente entregó su escopeta de uso oficial a un custodio y posteriormente se lo vio con un arma, en la guardia de la Comandancia de la Policía Nacional, donde quedó un minuto.

Minutos después de estar en la Comandancia, Báez aparece nuevamente hasta el estacio­namiento del local partidario, donde pasa un tiempo consi­derable hasta dirigirse al pri­mer piso y quedarse en la ofi­cina “oval” de Efraín Alegre.

En este lugar el suboficial se despojó de su cinta reflectiva, de su chaleco antibala, hasta de su camisa, para quedarse cómodamente en remeras. Uno de los adherentes del par­tido le llevó agua.

Al desprenderse de su uni­forme, Báez sacó de su bolsillo una caja de color blanco, lo que sería cartucho de escopeta. Lo puso en uno de los escritorios y se observa que le entregó un objeto a otro adherente, que luego inmediatamente salió del lugar. El “demorado” poli­cía tuvo inclusive permiso para ir al baño dos veces.

Recién cuando llegó la fiscala interviniente, Raquel Fer­nández, el suboficial fue “libe­rado” por el comisario Sergio Insfrán.

LA CAJA NEGRA

El Directorio de la CONACOM resolvió instruir un sumario de investigación por posible infracción a los artículos 13 y 14 de la Ley N° 4956/2013 de Defensa de la Competencia y al artículo 34 del Decreto Reglamentario N° 1490/2014.

La investigación surge a raíz del incumplimiento de las cláusulas que habían sido impuestas a la empresa Retail S.A. durante la autorización de una operación de concentración del Grupo Vierci y el supermercado Nuevo Super, ubicado en la ciudad de Caacupé y cuya adquisición había sido aprobada en el año 2022 pero con condicionamientos específicos para evitar una posición dominante en el mercado minorista.

Fue en ese marco que, según los documentos oficiales, la Dirección de Investigación detectó varios indicios de prácticas anticompetitivas del conglomerado de supermercados que vulnerarían los compromisos asumidos ante la CONACOM.

Modificación unilateral y presión a proveedores

Uno de los puntos más graves identificados es la modificación unilateral de las condiciones comerciales con proveedores, realizada sin consentimiento ni nuevos contratos formales. El informe de la Conacom refiere que Retail impuso nuevas reglas de negocio, alterando precios, márgenes y descuentos, pese a que los contratos originales seguían vigentes. Uno de los proveedores reveló lo siguiente: “Ellos (refiriéndose al grupo Vierci) empezaron a incumplir con el contrato, que por más de que esté vencido como que continúa vigente ¿verdad?, porque nos empezaron a sacar ya los espacios, así como un método de presión y empezaron a suspender sus compras, o sea, empezaron a hacer compras muy chicas”.

Solicitud de facturas de competidores

La investigación también detalla que la firma habría exigido a proveedores entregar facturas o tickets de competidores para corroborar precios, una práctica expresamente prohibida. Este mecanismo permitiría al Grupo Vierci obtener información sensible del mercado y ajustar precios a conveniencia, limitando la libre competencia entre supermercados y afectando directamente al consumidor.

“Nos pidieron básicamente: así como conversamos en (...) tenemos cambios en el proceso de suba de precios, solicitamos tickets de compra de Biggie, Real y Fortis de uno o dos productos más referenciales que formen parte del listado de cambios de precios”, dijo uno de los proveedores. Otro reveló en una audiencia con la CONACOM: “Ante la suba de precios que se dieron en los últimos dieciocho meses, antes de una suba te obligaban, y te lo pedían por mail, el relevamiento de las otras cadenas: ‘si tal cadena no tiene tal precio, yo no te voy a subir el precio’”. Estas declaraciones exponen el modus operandi del Grupo Vierci para apretar a quienes le proveen los productos y a la vez afectar a las demás cadenas de la competencia. 

Calificaciones opacas y descuentos arbitrarios

Otro punto bajo análisis es el sistema de calificación no transparente de los proveedores. Según el expediente, Retail habría aplicado descuentos sin criterios claros, lo que afectaba la asignación de espacios de exhibición en góndolas. La normativa exige que estas prácticas sean claras, equitativas y no discriminatorias, condiciones que no se habrían cumplido.

Uno de los proveedores calificados a la conveniencia de Retail contó lo siguiente: “En conclusión, lo que a nosotros nos pasaron después para saber nuestra categoría en realidad fue el resultado de su fórmula, ¿entendés?, nosotros no sabemos en qué parte ahí nos perjudica o no del descuento porque ahora tipo estamos bien, mal, ya te dicen nomas ‘ahora vos me tenes que dar tanto más para subir de C a B”.

El expediente de la Conacom sigue en etapa de investigación y una vez finalizado determinará si el conglomerado, que controla parte importante del circuito de supermercados, medios de comunicación y distribución de productos, abusó de su poder económico para distorsionar la competencia y forzar alzas de precios, atendiendo al peso que tiene el Grupo Vierci en el mercado de consumo masivo, donde concentra parte de las principales marcas y canales de distribución del país.

La comitiva realizó la verificación e investigación, que requirió más de tres horas de desplazamiento por caminos de difícil acceso. Del levantamiemto del cuerpo del adolescente, participaron el fiscal Rodrigo J. Espínola, acompañado de personal de Criminalística, del médico forense y de la Policía Nacional.

La presencia institucional en el lugar tuvo como propósito garantizar una actuación inmediata, transparente y respetuosa de los derechos de la víctima y de su familia, así como documentar las circunstancias que rodearon el hecho, presuntamente suicidio. El representante del Ministerio Público destacó que estas diligencias forman parte de la política de la institución de no discriminar ni relegar la atención de los casos que afectan a comunidades indígenas, tradicionalmente relegadas y expuestas a diversas formas de vulnerabilidad social.

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“Es deber de la Fiscalía estar presente en todo el territorio nacional, sin distinción de procedencia, etnia o condición social de las víctimas. No podemos permitir que estas situaciones queden invisibilizadas”, manifestó el agente fiscal interviniente al concluir la diligencia.

La Fiscalía prosigue con la recopilación de informes y testimonios, en coordinación con los líderes comunitarios y otras instituciones competentes, a fin de esclarecer los hechos y brindar acompañamiento integral a los familiares del afectado.

La paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. El refrán sur­gido de un pasaje bíblico puede explicar tranquila­mente el actuar del multime­dio Abc Color cuando se trata de hablar de casos de lavado de dinero.

El diario emblema del Grupo Zuccolillo, además de sus radios y su canal de televi­sión, se ha dedicado durante años a criticar con fuerza la supuesta falta de acción por parte de las autoridades en el combate contra el lavado de dinero en Paraguay.

De hecho, como se puede observar en la gráfica más arriba, el grupo económico realizó varias editoriales expresando su opinión al respecto.

En su edición del 12 de enero de 2021, la empresa periodística criticaba a los organismos de inves­tigación diciendo que “los peces gordos pueden nadar tranquilos”.

“Nuestro país ha aprobado varias leyes en la materia, pero los peces gordos de la delincuencia saben que no tendrán por qué preocu­parse mientras los organis­mos estatales se limiten a actuar como engañabobos, controlando pequeñas ope­raciones en vez de perseguir el contrabando, el narcotrá­fico y la corrupción”, señalaba el editorial.

Hace apenas unos días, Abc publicó un extenso informe refritando la información de que se habría utilizado dinero proveniente del narcotrá­fico para comprar la casa de verano que el senador Erico Galeano poseía en un barrio cerrado en Altos.

Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, vinculado a operaciones con banco Atlas

SE OLVIDAN DE SU CLIENTE

Precisamente si de dinero narco se trata, es ahí donde aparece el brasileño Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, consi­derado como el mayor narco­traficante de la región y quien operaba tranquilamente en nuestro país. Entre sus ope­raciones aparece un millona­rio préstamo otorgado por el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo y empresa hermana de Abc Color.

El pasado 8 de mayo, Abc publicó un artículo en el que anunciaba que el juicio para los supuestos prestanombres del narco brasileño se realiza­ría en junio y citó algunas de las operaciones realizadas por los mismos. Pero se olvidó de una en particular.

En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millo­nes a la firma Biocombustible Brasilero (Biobras), cuyo presi­dente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombres de Da Rocha, puesto que el mismo es en rea­lidad un modesto tractorista.

En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.

Como garantía hipoteca­ria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estan­cia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cues­tión ya estaba a cargo de Sena­bico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de con­tratar sobre el mismo.

CASI CONSIGUIERON REMATE

En el contexto de las clási­cas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuccolillo y perjudica al Estado.

Este remate buscaba recu­perar el crédito hipotecario millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testafe­rro del narcotraficante.

El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comer­cial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múlti­ples pedidos para realizar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el diario Abc Color, desta­cando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.

Con esta maniobra judi­cial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millones recla­mada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.

Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudi­carse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recu­perar activos del crimen orga­nizado y abriendo la puerta a que en el futuro procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.

EL MAYOR LAVADOR

En una entrevista realizada por Mabel Rehnfeldt, una de las estrellas de Abc, la enton­ces ministra de la Senabico Teresa Rojas había confir­mado que Cabeza Branca superaba el nivel de inver­sión del también brasileño Darío Messer.

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