Por La Nación.

En su primera decla­ración ante la fiscala de aquel entonces Raquel Fernández, el subo­ficial Arnaldo Andrés Báez, quien ingresó en el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) aquella madrugada del 1 de abril del 2017, dijo que luego de ingre­sar al recinto quedó solo y fue rodeado y tomado por los adherentes en la entrada del estacionamiento y que en ese momento decidió entregar su escopeta al ofi­cial Juan Garcete, custodio del diputado Eusebio Alva­renga, quien vestía un saco azul y a quien se le observa además pisar el casquillo que había caído precisa­mente del arma del men­cionado suboficial.

En varias imágenes se le observa a Báez, primero cuando con la culata de su escopeta rompe los vidrios de la puerta del local del PLRA, hasta que ingresaron al mismo tiempo con Gus­tavo Florentín. Báez redujo a varias personas y les ordenó cuerpo a tierra, posterior­mente fue hasta el estacio­namiento, donde se encontró con los hombres de Robos y Hurtos de Investigación de Delitos a cargo del comisa­rio Tomás Paredes Palma.

Arnaldo Báez.

Posteriormente, se le observa haberse quedado solo y eso fue aprovechado por los adherentes del PLRA para rodearlo, por lo que Báez decidió salir del lugar; sin embargo, fue “apretado” en la entrada, donde le des­pojaron de su casco, supues­tamente también de su pis­tola 9 mm y de su radio. Acá menciona el mismo Báez que entregó su escopeta al oficial Juan Garcete, a quien se le observa que lo pone al fondo de su saco, empuñando el arma, quedando de manera vertical y va hacía la otra vereda y se dirige hacia la calle Teniente Fariña, para luego desaparecer de escena.

Juan Garcete es también protagonista cuando en las imágenes del circuito cerrado de la cámara 1 del interior de la sede del PLRA pisa el cartucho despedido de la escopeta de Báez, segundos después de caer Quintana. Extrañamente nunca fue investigado por dichas actuaciones.

Luego de salir a luz las nue­vas imágenes que por años no fueron compartidas a los medios, y que ahora la fiscala Esmilda Álvarez tiene a su cargo investigar, se puede dilucidar muchas otras cosas que rodean al crimen del joven dirigente liberal de Paraguarí.

El escrito fiscal de ese momento indica que Báez fue llevado en carácter de aprehendido por los agentes de Investigación de Delitos, a cargo del comisario gene­ral Abel Cañete.

Ante esta situación, se tiene que la escopeta que fue utilizada por el subofi­cial Arnaldo Báez deambuló primeramente por el oficial Juan Garcete y se desconoce por quiénes otras personas que estuvieron en el lugar. Esta escopeta, Maverich, nunca fue peritada por los investigadores y solo por la simple declaración de este policía le acusaron a Floren­tín, ya que había declarado que este fue quien disparó y mató a Rodrigo Quintana, violando códigos policiales de lealtad al camarada y a la institución.

DECLARACIÓN. Arnaldo Báez admitió ante la Fiscalía que entregó su escopeta al custodio del diputado Eusebio Alvarenga.

La discusión de Báez con los adherentes fue alrede­dor de las 00:35, momento en que entregó su arma; sin embargo, a las 00:44 apa­reció en la guardia de la Comandancia de la Policía Nacional, donde quedó por un minuto, que le dio tiempo de saludar a sus camaradas y tomar un sorbo de tereré y nuevamente regresar hasta la sede del PLRA, donde quedó “detenido” en la ofi­cina de Efraín Alegre.

Todo este movimiento extraño que tuvo el men­cionado policía nunca fue investigado por el Ministe­rio Público, mucho menos la alteración de la escena del cri­men, en la que muchas otras personas están involucradas.

En el mismo informe fis­cal en que fue escrito que Báez entregó su arma al oficial Juan Garcete, tam­bién se describe la presen­cia del personal de Crimi­nalística y de Acústica para llevar el disco duro del cir­cuito cerrado, que también fue alterado en su momento como el levantamiento de las evidencias, que ya ante­riormente fueron plantadas por los liberales.

Extrañamente, en el escrito del levantamiento del cir­cuito cerrado se pone de manifiesto que las cáma­ras 1 y 2 estaban inactivas.

Bajó una cajita blanca en oficina de Alegre

La sospechosa actitud del suboficial Arnaldo Andrés Báez desde el momento en que supuestamente fue retenido por los liberales no condice con sus actos posteriores, ya que primeramente entregó su escopeta de uso oficial a un custodio y posteriormente se lo vio con un arma, en la guardia de la Comandancia de la Policía Nacional, donde quedó un minuto.

Minutos después de estar en la Comandancia, Báez aparece nuevamente hasta el estacio­namiento del local partidario, donde pasa un tiempo consi­derable hasta dirigirse al pri­mer piso y quedarse en la ofi­cina “oval” de Efraín Alegre.

En este lugar el suboficial se despojó de su cinta reflectiva, de su chaleco antibala, hasta de su camisa, para quedarse cómodamente en remeras. Uno de los adherentes del par­tido le llevó agua.

Al desprenderse de su uni­forme, Báez sacó de su bolsillo una caja de color blanco, lo que sería cartucho de escopeta. Lo puso en uno de los escritorios y se observa que le entregó un objeto a otro adherente, que luego inmediatamente salió del lugar. El “demorado” poli­cía tuvo inclusive permiso para ir al baño dos veces.

Recién cuando llegó la fiscala interviniente, Raquel Fer­nández, el suboficial fue “libe­rado” por el comisario Sergio Insfrán.

El proyecto contempla una presa de 160 metros de altura en la garganta del río Pilaya, un afluente clave de la cuenca del Pilcomayo. “El Carrizal” busca generar energía eléctrica y habilitar sistemas de riego, pero veinte científicos internacionales de seis países rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. Los expertos señalan la sedimentación extrema como el mayor peligro técnico de la obra. El río Pilcomayo arrastra 200 millones de toneladas de materiales al año, una cifra récord a nivel mundial. Esta carga llena el embalse rápidamente y reduce la vida útil de la estructura de forma drástica.

Rio Pilaya, Bolivia

Las naciones indígenas Weenhayek, Tapiete y Guaraní dependen del sábalo para su alimentación y economía. Uno de los puntos que se critica del proyecto, es que la represa actuaría como una barrera física que bloquea la ruta migratoria de los peces hacia sus zonas de reproducción.

Los líderes indígenas denuncian la falta de una consulta previa y obligatoria según las leyes locales. Francisco Nazario, capitán de la organización weenhayek, califica la obra como una sentencia de muerte para su cultura.

La construcción inunda también tierras agrícolas de comunidades como Camblaya y Los Sotos. Expertos ambientales descartan el éxito del sistema de riego prometido por las autoridades, argumentan que los canales sufren colmatación inmediata por la arena y el barro del río. El cañón del Pilaya, el sexto más profundo del mundo, corre riesgo de una alteración visual y biológica irreversible por la intervención.

Si bien los promotores defienden la obra como una respuesta a la crisis del gas, los científicos reiteran que el costo ambiental supera los beneficios energéticos. El destino del Pilcomayo y la biodiversidad de la zona permanecen hoy bajo una gran incertidumbre.

Informe del Proyecto Hidroelectrico Carrizal

Basado en el reportaje original de Iván Paredes Tamayo (Mongabay Latam)

Desde hoy, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú pasa a llamarse Centro Nacional de Prevenidos y será exclusivamente para personas procesadas. Este cambio se da bajo el nuevo modelo de gestión penitenciaria.

Asimismo, a partir de la vigencia, se dispone no recibir a nuevos ingresos ni hacer traslados de personas con condena firme. Bajo el operativo “Umbral 3.0″ las personas privadas de libertad en carácter de condenados se trasladarán gradual y planificadamente hasta la total desocupación de condenados a establecimientos penitenciarios destinados exclusivamente al cumplimiento de penas conforme a criterios de calificación y seguridad.

Según el artículo 5, las medidas adoptadas tienen por objeto cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, el Código de Ejecución Penal del Paraguaya y los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

La redistribución y el traslado estará bajo la organización del Viceministerio de Justicia.

“Paraguay está viviendo un nuevo amanecer”, dijo el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. Con ello, resaltó, se da un paso sin precedentes en la reforma del sistema penitenciario nacional.

LA CAJA NEGRA

Este acuerdo se firmó en el año 2017 mediante la figura del fideicomiso, que en términos más sencillos consiste en una caja de seguridad o contrato de confianza donde uno entrega bienes, dinero o propiedades a un banco para que los cuide, gestione y use específicamente para un fin definido en el contrato.

En este caso, el IPS y Atlas acordaron que debía servir para financiar la construcción de cuatro hospitales: el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día y el Centro Hemato-Oncológico. Y para ese objetivo se fijó la suma de 828.000 millones de guaraníes.

A simple vista todo parecería conveniente para el IPS, sin embargo, en la práctica es otra la situación, ya que todo el dinero que la previsional recauda para salud pasa primero por el banco.

¿Cómo funciona el mecanismo? Cada mes, el IPS recibe aportes de trabajadores y empleadores para el fondo de salud. Según el contrato, el 100% de ese dinero se deposita primero en las cuentas administradas por el banco durante 30 días. Durante ese tiempo, el banco debe separar una reserva mínima de hasta 160.000 millones de guaraníes. Recién después de ese proceso, el resto del dinero vuelve al IPS para ser utilizado.

En pocas palabras, el banco actúa como una especie de aduana financiera. El dinero entra primero allí, se retiene una parte y luego se libera lo restante.

El contrato del IPS otorga grandes ventajas al banco Atlas porque el plazo de este acuerdo es de nada más y nada menos que de 30 años, es decir, durante ese periodo cada mes el banco tiene en sus cuentas sumas muy grandes de dinero provenientes de los aportes de los asegurados. Eso significa que la entidad financiera dispone de una enorme liquidez, y que puede utilizar dentro de sus operaciones habituales, sin asumir riesgos con su propio capital.

En el acuerdo firmado en el año 2017 y que sigue vigente, se fijó que los gastos de administración del contrato no los paga el banco Atlas. Es así que los honorarios profesionales, auditorías, impuestos o gastos legales se cubren con el propio dinero del IPS o con los fondos administrados en esa cuenta especial. Con esto el banco de los Zuccolillo no gasta ni arriesga su capital.

El principal problema de este contrato leonino es que los aportes de los trabajadores quedan retenidos cada mes en el banco, mientras los hospitales y servicios que debían construirse con ese dinero todavía siguen inconclusos o demorados.

Hay que recordar que los actuales administradores del IPS realizaron auditorías internas y externas por este contrato con Atlas, que derivaron en cuatro denuncias penales por las irregularidades detectadas en su manejo.

Uno de los informes reveló que solo el 26% del dinero de este pacto con Atlas se utilizó para los proyectos originales, que eran los cuatro hospitales, mientras que el 74% restante se destinó a obras o refacciones no previstas inicialmente. Para poder hacer esta jugarreta, se hizo una pequeña pero decisiva modificación al contrato para incluir un punto llamado “otros centros de salud” y así se comenzó a desviar la plata.

Pero lo más grave de todo es que algunos de estos supuestos trabajos para obras no previstas inicialmente no se ejecutaron; lo que a simple vista demuestra que se desviaron millones a obras fantasmas.

Como consecuencia, dos hospitales no se terminaron en tiempo y forma. El Hospital Día tuvo un avance mínimo y el Centro Hemato-Oncológico ni siquiera comenzó con esos fondos, lo que obligó a las actuales autoridades del IPS a buscar después recursos propios para continuar las obras, que se esperan que terminen recién este año.