Más docentes y personal de otras empresas como limpiadores del IPS
Alberto Palumbo, proveedor de IPS y Vicente Bataglia, presidente de IPS.
Hermenegildo González Torres, docente del colegio Tava’i de la ciudad de Curuguaty, aparece en la nómina de personal de la licitación de limpieza en IPS que presentó ante Contrataciones Públicas el empresario conocido como “pulpo”. Así como el suyo, saltan más nombres de personas declaradas en la contratación del servicio, pero que nada tienen que ver con las empresas contratistas.
Fuente: La Nación
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
El Formulario de Identificación del Personal con la nómina de contratados que los proveedores de servicio de limpieza del Instituto de Previsión Social (IPS) presentaron está minado de empleados “mau”. Es decir, muchos de los nombres de personas que figuran en los listados de cada contratista no son parte del plantel de sus empresas.
Hemos descubierto a una ex cocinera de la familia Palumbo que, dicho por ella, jamás agarró una escoba en el IPS, pero aparece como prestadora del servicio en licitación de la previsional. Varios docentes, funcionarios públicos fueron utilizados para facturar, ya que los afectados confirmaron a nuestro medio que no pertenecen a las empresas Palumbo.
Una licitación que a los asegurados les costó G. 73.364 millones para tareas de higienización con el objetivo de mantener en condiciones brillantes la previsional, incluyendo todos los insumos de higiene para los usuarios, no solo dejó mucho que desear en los servicios, sino resulta que se llevó adelante con un montón de irregularidades, escandalosamente evidenciadas con los limpiadores “mau” que aparecieron.
Nuestro medio publicó días pasados cómo alargaron la nómina de empleados con nombres repetidos, otros que figuran con aportes mínimos en el seguro social, empleados de otras compañías, etc. Las verificaciones que realizamos revelan identidades reiteradas hasta 5 veces en una misma planilla remitida a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Varios “mau” se registran en el listado presentado por las empresas de Alberto Palumbo, una que lleva su nombre y la otra denominada Poti SA. Entre el personal declarado por el otro proveedor, Cevima SA, de Claudio Escobar Brizuela, también aparecen varias personas con menos meses de aporte que lo establecido en el contrato, según los documentos que nos facilitó la DNCP.
Un filtro que realizamos de las planillas de personal que nos proveyó la DNCP revela que de un total de 335 nombres declarados por la firma Poti SA, 66 son repetidos; 49 personas figuran con menos de 9 aportes, que es el tiempo de vigencia de la contratación del servicio y en teoría debe todos los empleados deben gozar del seguro social como demás beneficios establecidos en el Código Laboral. Del monitoreo resulta que 69 personas no aparecieron en el portal Consulta del Asegurado del IPS, 23 están asegurados por otra empresa, 3 son funcionarios públicos y 2 que son asegurados, pero como beneficiarios.
En la nómina de un total de 1110, de los cuales analizamos 500, presentada por el empresario Alberto Palumbo, hay 131 nombres repetidos, 128 empleados con menos de 9 meses de aporte por parte de su unipersonal en el IPS, 85 salieron en blanco al momento de introducir sus documentos al portal del asegurado, 25 de los declarados figuran asegurados por otras empresas, 3 son funcionarios públicos y 2 beneficiarios, es decir, no son titulares.
En el caso de Cevima aparecen 10 empleados con menos de 9 aportes, 26 saltan en blanco, 1 asegurado por otra empresa, 3 funcionarios públicos y 2 jubilados.
El IPS tiene el sistema de control para verificar si los funcionarios que le prometieron en contrato son los que efectivamente prestan el servicio de limpieza en la institución, pero se desentienden de la situación al punto de que al saltar empleados “mau” en la licitación, derivaron el caso a la DNCP.
Un dato fundamental es la validación del proceso de adjudicación por parte del comité evaluador. Los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas integrada por la abogada Olga Cabañas, Gilberto Luraschi y el abogado Alejandro Mendieta señalan en su informe final que los proveedores adjudicados, en este caso Palumbo, Poti y Cevima, cumplen con toda la documentación que incluye los formularios de personal contratado y planilla de pagos. Esto demuestra que la previsional contó con la nómina de los contratistas, lo que aún genera más sospecha que se les haya escapado nombres de docentes y funcionarios públicos dentro de los listados.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/FMR3UESKYJGO7F57RXDJTQQQLQ.jpg)
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/JHT5DDTGWRGGNNLP6OFAMBFYFU.jpg)
EMPLEADA DE OTRA EMPRESA
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/3X7B44VAVRBRBGDHNHQICXCFOM.jpg)
Lourdes Areco figura en el número 87 del formulario de personal que presentó Alberto Palumbo como prestador de servicios en la licitación de limpieza de IPS, el año pasado.
Sin embargo, la mujer aparece como asegurada de otra empresa de limpieza de nombre MP Emprendimientos y tiene 58 meses de aporte, es decir, que hace casi 6 años que está en la citada firma.
Como varios, Areco confirmó que estuvo hace unos años en la empresa de Alberto Palumbo, pero que ya se desvinculó. Consultada si alguna vez prestó servicios en el IPS, respondió que no y que en realidad ella está en la Entidad Binacional Yacyretá.
TRABAJA EN OTRO LUGAR, PERO FIGURA EN IPS
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/XIHL6PI45VGTXNENJOS2LVOMEA.jpg)
Luz María Ayala Brítez trabaja desde noviembre del 2020 en la empresa Alimentos Especiales SA, más conocida comercialmente como Casa Rica. Sin embargo, su nombre figura entre los prestadores de servicios del contrato de limpieza en el IPS, presentados por la empresa Alberto Palumbo al ser adjudicado en junio del 2021.
La encargada de recursos humanos de la empresa, Cristel Mereles, manifestó que Luz María Ayala Brítez trabaja con ellos desde hace 1 año 6 meses. “Ingresó el 19 de noviembre del 2020″, dijo la encargada de personal.
OTRO DOCENTE COMO LIMPIADOR “MAU”
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/EJWGDIR57JBHLCDCSOWUNDGSBM.jpg)
“Me sorprende muchísimo” fue la expresión con la que inició la conversación el profesor de Curuguaty, Hermenegildo González Torres, al ser consultado sobre su nombre en la lista de personal declarado en licitación de limpieza por Alberto Palumbo.
“Yo soy docente, hace 18 años que estoy trabajando en la docencia. Estoy en el colegio Taba’i, en 7 Montes y en la Escuela Santa Librada”. Consultado si alguna vez tuvo contacto con la empresa Poti o con Alberto Palumbo, enfático seguro: “nunca, señor”.
El docente es uno de los tantos que saltaron en la nómina publicada en nuestro portal y que lastimosamente se llevan la desagradable sorpresa de aparecer allí como limpiador de Palumbo, sin serlo.
USAN NOMBRE DE JOVEN DESEMPLEADO
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/ASAR2ZLFIVEF5MHGC7675PMY3Y.jpg)
Maximiliano Ruiz Samudio es un joven de 23 años que tomó contacto con nuestro equipo de investigación a través de un tío suyo que vio su nombre en la nómina de limpiadores del IPS. “Es mi nombre pues y yo estoy figurando en ese lugar, y están ganando plata gente con mi nombre. Yo soy desempleado, y la verdad que me dejó en shock eso”, manifestó en conversación telefónica el afectado. El joven dijo que no estaba enterado de la situación hasta que su tío siguió nuestra publicación y le comentó. “No estaba enterado, pero mi tío vio y verificó. Vio que era mi nombre y dijo que algo está mal acá”.
Lo llamativo es que el nombre del joven aparece en el portal de asegurados del IPS con 9 meses de aporte como si estuviera trabajando en la empresa de Alberto Palumbo, proveedor de limpieza de la previsional. “Jamás he trabajado para ese señor, mis padres tampoco, ellos son asegurados de IPS nomás, nunca trabajaron de limpiadores”, ratificó.
Leé también
:quality(99)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/S3ZPLYESD5BHHDE2QU7XBNVP3A.jpg)
:quality(99)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/SPR7HDBK7FHKRITBMI6XXOP2NM.jpg)
:quality(99)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/IXBDYENZNNE7FCL627AMMJLPZ4.jpg)
:quality(99)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/7M2JEIIYTJEINFHAYSYFRZMYH4.jpg)
:quality(99)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/TYACD3BWQBDJHKQGDUB5XQID7M.JPG)
:quality(99)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/7Q42MYNHLNHBBEAWXPWWDQWCZQ.jpg)
:quality(99)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/MYJBFGO6IVFKFLPVTH5OHVYNJE.jpg)
:quality(99)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/FKOZXOMPRJGH7C7BY3TU2ZNFBQ.jpg)
:quality(99)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/2ZNYOIWN3VFBBGVPUHUHYS25KQ.jpeg)
Liliana Alcaraz, blanco de Abc por desenmascarar operativo “garrote”
:quality(99)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/ETISRILLOVCZ7CZFV35QYZNFMA.jpg "Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad. FOTO: ARCHIVO")
Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad. FOTO: ARCHIVO
La actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, soporta constantes ataques de sectores enfocados en la defensa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. Al asumir el cargo, Alcaraz ordenó sumarios que permitieron descubrir la trama del montaje y la filtración de informes.
Por Cinthia Mora, periodista.
La campaña de persecución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, con el objetivo de involucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se investiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.
En agosto de 2023, al asumir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los graves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la aplicación de protocolos para evitar tales situaciones y corregir los malos manejos.
Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funcionarios asignados a la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la aplicación de los protocolos recomendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministerio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.
Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministerio Público aportaron información relevante que permitieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.
:quality(99)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/YRYRVU4NNJG7DPJSPXJMLZKR4E.jpg)
El documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández fue descubierto gracias a la colaboración de la actual ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz (Crédito: Acta de imputación)
EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS
Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos informes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La respuesta de la Seprelad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brújula” de la investigación fiscal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este documento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.
El documento secreto fue utilizado como base para la elaboración del informe de inteligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministerio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “información espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institución. En el borrador se introdujo información falsa y tergiversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.
Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución política ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.
El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electrónicos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.
En estos correos se detalla la manera en que fue incorporado el documento secreto, redactado por Farías y Fernández, al circuito institucional de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos también se ordenaba incorporar al documento oficial información tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.
DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC
Publicaciones de tinte malicioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sistema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.
La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencionado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.
Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extranjero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercambiar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de contacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el ministro de Seprelad Carlos Arregui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.
Documento secreto: los “cerebros” y cómo la Fiscalía descubrió la trama
:quality(99)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/37WUGL6HUJEA3AXRKVH5ZSRT5M.jpg "El Ministerio Público construyó la tesis sobre el montaje y la filtración en base a un total de 42 elementos de sospecha, entre ellos un documento secreto.FOTO: GENTILEZA")
El Ministerio Público construyó la tesis sobre el montaje y la filtración en base a un total de 42 elementos de sospecha, entre ellos un documento secreto.FOTO: GENTILEZA
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y miembros de su gabinete revela cómo se fraguó, montó y filtró un informe de inteligencia utilizando de manera ilegal instituciones del Estado y a funcionarios no autorizados. El Ministerio Público construyó la tesis sobre el montaje y la filtración en base a un total de 42 elementos de sospecha, entre ellos un documento secreto que fue detectado en los archivos de la propia Seprelad.
Por Cinthia Mora, periodista.
Durante parte de su gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.
Para llevar adelante ese objetivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fiscales) entre ellos Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.
La estrategia incluso había sido revelada por un excolaborador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un programa de televisión que generar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los enemigos políticos de Abdo.
El acta de imputación de la Fiscalía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcionarios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.
EL ARCHIVO SECRETO
De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Carlos Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución.
Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Seprelad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elaboración y en qué condiciones fue redactado.
En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Seprelad un documento en formato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.
En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino también quedaron registradas las “huellas” de quienes intervinieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fiscalía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceministra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligencia contra Horacio Cartes.
:quality(99)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/4OU7JCKXNJD65E6EVLLZXZ4SXM.jpg)
EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA
“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación montada por funcionarios de la institución e incluso por personas ajenas a la institución y sin potestad legal para acceder a informes de inteligencia.
En el acta de imputación se incluyen los metadatos (huellas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Francisco Pereira. Estos metadatos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.
En ese sentido, según la Fiscalía, Daniel Farías Kronawetter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Seprelad) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elaborado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confidencial filtrado a la prensa.
Tal es así que, Farías y Fernández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autoridades nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.
Conforme al acta de imputación, el archivo habría servido de base para la filtración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio.
:quality(99)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/FFVQVNZOUJAEZOW5KKEHEQQR5Q.jpg)
LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.
En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich”. Y, en tercer lugar, a través del entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espínola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.
La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia.
Senadora Amarilla tiene otra empresa con proveedor de la merienda escolar
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/JVTHNHOSYZA4LIRXYOSKA5WTCQ.jpg "Celeste Amarilla, senadora y Patricio Buteler, socio de Amarilla")
Celeste Amarilla, senadora y Patricio Buteler, socio de Amarilla
Los ataques a proveedores de alimento escolar por parte de la parlamentaria liberal Celeste Amarilla para desacreditar el proyecto que busca centralizar de alguna manera los fondos para este rubro reflotaron sus vínculos con el negocio al punto de salpicarla en un esquema con prestanombres, acusaciones hasta de tráfico de influencias. De hecho, la senadora no puede desmarcarse mucho ya que tiene otra empresa con representante legal de una de las contratistas más grandes de la merienda escolar del Estado.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo escolar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efectivamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos proveedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.
Con los dardos que lanzó Amarilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitaciones de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blancos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búmeran de los intereses particulares que presuntamente hacen reaccionar a la parlamentaria.
En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras personas para pasar desapercibida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la senadora que proveen merienda y almuerzo escolares.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/AEO7RPAYVNHS3JUUTRSOCYMLFY.jpg)
En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamentaria para incremento presupuestario a gobernación que arrastra deudas por provisión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Contraloría General de la República, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedoras de merienda escolar.
No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las proveedoras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.
En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifestación de bienes se redujeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la proveedora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centralización del uso de fondos de alimentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Estigarribia y restar poder económico al departamento Central, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, considerando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gobernación de Central.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/NLMQSIVS7JBBXO4VOCRDE2BV6E.jpg)
María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa,
representantes de proveedora de alimento escolar
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionpy/HX4I4SIUANHBDMG3GQ4BUOMQIY.jpg)
Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría
María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar
Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría
