Fuente: AFP

La policía del municipio de Middletown, al norte de Filadelfia, confirmó en su página de Facebook que se habían realizado disparos en el cercano municipio de Falls, con un saldo de “varias víctimas”.

La policía dijo que no se sabía si los tiros fueron “dirigidos o aleatorios”, pero identificaron al sospechoso como un vagabundo de 26 años, Andre Gordon. Señaló igualmente que se creía que portaba un rifle de asalto y lo describieron como “extremadamente peligroso”.

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Medios locales, citando fuentes policiales, dijeron que el sospechoso, que viajaba en un vehículo robado, había matado a dos personas que vivían en una casa en la ciudad de Levittown, en Falls Township, antes de asesinar a una tercera persona en una residencia cercana.

Tras robar otro vehículo afuera de una tienda, escapó.

En una actualización, la policía de Middletown dijo que “fuentes en Trenton informan que tienen el vehículo, pero no al sospechoso”.

La policía de Falls Township y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, instaron a los residentes del área a refugiarse en sus viviendas.

“Tenemos que dar una respuesta fuerte al régimen sionista terrorista. No tendremos clemencia con los sionistas”, escribió Jamenei en su cuenta en la red X.

Israel lanzó el viernes pasado una campaña militar sin precedentes, con el objetivo de desbaratar el programa nuclear iraní.

El Estado hebreo y varias potencias occidentales sospechan que Teherán quiere dotarse de la bomba atómica, cosa que la República Islámica niega.

En su campaña, Israel golpeó instalaciones militares, nucleares y energéticas, y mató a varios científicos del programa atómico y a altos mandos militares, el último de ellos Ali Shadmani, jefe del Estado Mayor en tiempos de guerra y cercano a Jamenei.

Irán ha respondido atacando Israel e oleadas sucesivas, con misiles y drones.

La gran cuestión ahora es si Estados Unidos intervendrá de alguna forma, después de que Trump exigiera a Irán una “rendición incondicional” y avisara de que “por ahora” no matará a Jamenei.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

El tribunal resolvió disponer la detención de Kirchner, de 72 años, “a partir del día de la fecha y bajo la modalidad de prisión domiciliaria” en su apartamento en Buenos Aires y ordenó que se le coloque “un dispositivo de vigilancia electrónico”, detalla el documento.

La dos veces presidenta (2007-2015) y una vez vicepresidenta (2019-2023) fue condenada por administración fraudulenta en contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur), en una decisión judicial sostenida el martes pasado por la Corte Suprema.

La líder de centroizquierda, figura más fuerte de la oposición, denunció parcialidad de los jueces y acusó a los miembros de la Corte Suprema de ser “monigotes” del poder económico.

Podrá recibir visitas libremente de su grupo familiar, abogados defensores y médicos, pero deberá pedir permiso a la Justicia para recibir a otras personas.

Kirchner debe permanecer en su apartamento en el barrio Constitución de Buenos Aires y “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”, agregó el fallo.

En las puertas de su casa, la presencia de seguidores es permanente desde hace una semana pese a las bajas temperaturas del invierno austral y las paredes del edificio donde reside están tapizadas de cartas y mensajes de apoyo.

“Es un momento muy importante, muy triste, doloroso. Es una forma de darle un abrazo a la distancia y que sepa que no está sola”, dijo a la AFP Huara Gatti, de 33 años y empleada en el área de Cultura de la alcaldía de Rosario, quien viajó 340 Km para instalarse allí con una bolsa de dormir.

Automovilistas hacen sonar sus bocinas en señal de solidaridad, pero también hay quien les grita a los manifestantes “¡Van a ir todos presos!”.

- Manifestación el miércoles -

Seguidores y partidarios de la presidenta del Partido Justicialista convocaron a una manifestación para el miércoles, para la que llegarán delegaciones desde varios puntos del país.

La CGT, la principal central obrera del país, manifestó en la red X el “repudio de una decisión injusta, parcial y arbitraria” y convocó a una “concentración popular” en apoyo a la referente del peronismo.

La convocatoria tenía el objetivo de acompañar a Kirchner al tribunal, donde ella iba a presentarse el miércoles, pero el fallo este martes la eximió de este deber.

Sin embargo, la marcha “no se suspende por nada”, escribió en X el dirigente Juan Grabois, aliado político de Kirchner.

“La acción de solidaridad con Cristina y en defensa de los derechos humanos políticos, económicos, sociales y culturales de los argentinos no se suspende por ninguna causa”, prosiguió.

Los fiscales de la causa habían solicitado más temprano al tribunal que rechazara la prisión domiciliaria.

La defensa de Kirchner esgrimió, además de su edad, razones de seguridad para obtener este beneficio. En 2022 sufrió un intento de asesinato, cuando un hombre intentó dispararle sin que salieran las balas de su arma.

- Administración fraudulenta -

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, evaluó este martes que “la reacción inicial (de la militancia peronista) no va a ser la misma a lo largo del tiempo”.

“Habrá que ver si se convierte en un show permanente. Ese no es el sentido de una condena judicial”, agregó en declaraciones al canal A24.

La Corte Suprema ratificó la condena días después de que la exmandataria anunciara su candidatura a diputada en la provincia de Buenos Aires. De haber resultado electa, habría obtenido fueros como legisladora por cuatro años.

El máximo tribunal, integrado por tres miembros y con dos cargos vacantes, rechazó revisar la causa como lo había pedido Kirchner, quien argumentó que hubo parcialidad y falta de pruebas.

El presidente ultraliberal Javier Milei había intentado llenar las vacantes de la Corte al nombrar dos jueces por decreto, pero la decisión fue rechazada por el Congreso.

Fuente: con apoyo de AFP

Esta sospecha policial se suma a un juicio en curso al exmandatario ante la corte suprema, acusado de liderar una trama golpista en 2022, y a su inhabilitación electoral hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación.

La policía cree que hay indicios suficientes para inculpar a Bolsonaro en el caso conocido como “Abin paralela”, que investiga si la agencia brasileña de inteligencia (Abin) fue usada para espiar a objetivos definidos por el gobierno bolsonarista (2019-2022).

“La Policía Federal concluyó su investigación sobre la existencia de una organización criminal que vigilaba ilegalmente a las autoridades públicas y producía noticias falsas”, indicó el organismo en un comunicado.

“El informe final fue remitido al Supremo Tribunal Federal” mientras el trámite sigue “bajo reserva”, agregó.

“Jair Bolsonaro nunca fue siquiera oído en este proceso (...) e incluso así fue indiciado”, se quejó uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, en su cuenta de la red social X.

También confirmó que su hermano, el concejal Carlos Bolsonaro, está entre los apuntados por la policía.

Según la prensa brasileña, entre los espiados a través de sus computadoras y celulares había periodistas y autoridades de los tres poderes públicos, como el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, a quien Bolsonaro ha llamado “dictador” en el pasado.

ESPIONAJE A PARAGUAY

La Agencia de Inteligencia del Brasil ejecutó una operación de espionaje contra nuestro país acerca de las estrategias barajadas para la negociación de la tarifa de Itaipú y del Anexo C.

La ABIN habría recurrido a herramientas especializadas y estrategias de inteligenciapara la obtención decontraseñas e informaciones sensiblesde sus objetivos.

Desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva negaron haber ordenado dicha infiltración, acusando directamente al expresidente Jair Bolsonaro por el supuesto espionaje a Paraguay.

Bolsonaro, de 70 años, enfrenta actualmente un juicio ante la corte por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, señalado de haber liderado sin éxito un plan para impedir la asunción de Lula, luego de que lo derrotara en las elecciones de ese año.

El expresidente está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de urnas electrónicas, pero insiste en que quiere ser candidato en 2026.