El reverendo estadounidense Lawrence Kozak fue acusado la semana pasada de robo y delitos relacionados tras una investigación sobre sus gastos mientras ejercía como párroco de la iglesia católica Saint Thomas More en Pensilvania, informan medios locales.

En 2022, un contador que revisaba las finanzas de la parroquia descubrió una “cantidad astronómica de transacciones” en los extractos de las tarjetas de crédito de la iglesia. Las compras habían comenzado a hacerse en 2019, poco después de la llegada del religioso al templo, a través de una cuenta de usuario de Apple registrada a su nombre.

Una revisión a fondo de los registros bancarios reveló que Kozak había acumulado más de 40.000 dólares en gastos en el transcurso de tres años. Los recursos parroquiales los empleó para comprar regalos y artículos personales, y para financiar su adicción a juegos móviles como ‘Candy Crush’, ‘Mario Kart’ y ‘Pokémon Go’.

En una entrevista en ese entonces con uno de los investigadores, Kozak comentó que estaba buscando asesoramiento para su adicción. Al mismo tiempo, afirmó que, más que gastar en juegos de azar en línea, lo que hacía era comprar habilidades para obtener ventajas en los juegos que consumía.

Por otro lado, el sacerdote negó haber usado intencionalmente las cuentas de la iglesia, argumentando que las tarjetas estaban vinculadas a su teléfono celular para el pago de servicios permitidos por las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, reconoció que pudo haberlas utilizado accidentalmente. Además, dijo sentirse “decepcionado” por haber dejado que las cosas llegaran a ese punto, aunque señaló que no había excusas y que debió haber prestado más atención.

Desde la gerencia comercial de Saint Thomas More, no obstante, consideran que Kozak sabía perfectamente lo que estaba haciendo. En una ocasión anterior ya se le había contactado para cuestionarle sobre unas compras inexplicables en los extractos de cuenta y ya le habían advertido sobre los peligros de mezclar gastos comerciales y personales.

Kozak, de 51 años, fue destituido de su puesto en noviembre de 2022. La arquidiócesis emitió en ese entonces un comunicado indicando que la decisión estaba basada en “ciertos gastos” suyos y el cuestionamiento del uso de los fondos parroquiales. Tras las acusaciones de la semana pasada, el reverendo fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 250.000 dólares.

De acuerdo con su abogado, Joseph Poluka, se revisarán los cargos y planean contactar a los fiscales sobre el caso en los próximos días. Kozak se había disculpado con el sacerdote que lo sustituyó, diciendo que lamentaba haber “cometido ese error” y que había estado pagando el dinero que le debía a la iglesia.

La víctima es Lucero López Maza, de 28 años y militante del Partido Popular Chiapaneco, que tiene presencia local.

“De acuerdo con las primeras investigaciones, se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados” tras un acto de campaña de la candidata, detalló un comunicado de la fiscalía estatal.

Según testimonios de habitantes de la localidad, López Maza se desplazaba en un vehículo cuando fue interceptada en una gasolinera ubicada sobre una carretera.

La campaña de las elecciones generales del 2 de junio en México ha sido sacudida por una ola de violencia, sobre todo contra políticos que aspiran a puestos locales.

La policía y los cuerpos de emergencia informaron que otras dos mujeres, una de ellas menor de edad, y tres hombres murieron en el ataque.

Chiapas, en la frontera con Guatemala y escenario de disputas entre bandas criminales, ha registrado distintos incidentes que involucran a candidatos.

La noche del pasado lunes, Luis Ángel Flores, aspirante a dirigir el municipio de Rayón por el partido local Chiapas Unido, resultó herido en un ataque a balazos.

El 3 de mayo pasado, Juan Gómez, candidato a la alcaldía del municipio Benemérito de las Américas, también por el partido Chiapas Unido, salió ileso de un ataque a balazos que dejó sin embargo dos muertos, uno ellos el hijo del político.

El municipio de La Concordia es colindante con Chicomuselo, donde el pasado lunes se registró la masacre de 11 personas, entre ellos dos catequistas de la iglesia católica.

Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso para las elecciones generales, y hasta el 1 de mayo han sido asesinados 26 aspirantes a algún cargo rumbo a los comicios del 2 de junio, según un recuento sobre violencia electoral de la organización civil Data Cívica.

Fuente: AFP

Una mujer de 39 años demandó en Argentina a los fabricantes de AstraZeneca por un monto de 100 millones de pesos (unos 110.000 dólares) al asegurar que las tres dosis que recibió de esta vacuna le provocaron una enfermedad incapacitante, además de daños morales.

De esta forma, Flavia Ochoa se convirtió en la primera persona que acude a los tribunales de este país para exigir una reparación económica por parte del gigante farmacéutico anglo-sueco y del Estado argentino.

El caso ocurrió en la provincia de Córdoba, en donde la demandante afirmó que la vacuna le produjo el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta el sistema inmunitario y que puede paralizar el cuerpo.

De acuerdo con su testimonio, sus problemas de salud comenzaron el 4 de enero de 2022, después de colocarse la vacuna AstraZeneca, ya que empezó a sentir calambres, se le aflojaron las piernas y al día siguiente ya ni siquiera se pudo levantar.

En las semanas siguientes, una médica le explicó que podrían ser efectos adversos de la vacuna y otros le recetaron fuertes calmantes para paliar el dolor. Su movilidad se redujo casi por completo.

Tratamiento

Comenzó entonces un largo tratamiento que incluyó radiografías, tomografías, punciones lumbares y análisis bioquímicos, hasta que le diagnosticaron formalmente el síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.

Desde entonces sigue en rehabilitación, camina con andador y padece una extrema debilidad en las piernas, incontinencia, fuertes dolores en la espalda, rodillas, migrañas, mareos, náuseas y depresión. En enero del año pasado, le otorgaron el retiro por invalidez.

Junto con los tratamientos médicos postvacuna, Ochoa activó el camino judicial e interpuso una demanda en la que exige un pago de 110.000 dólares por concepto de incapacidad sobreviniente, fondo de reparación, proyecto de vida-pérdida, daño moral -suyo y de su pareja-, daño punitivo y daño emergente.

Ahora le tocará a los tribunales de Río Cuarto (Córdoba) decidir si la demanda avanza.

El caso se da a conocer luego de que AstraZeneca confirmara algunos efectos adversos de su vacuna y anunciara que ya comenzó a retirarla del mercado debido a la baja demanda.

En la lista figura el conocido Antonio Joaquim Mendes Goncalves da Mota, alias Motinha, brasileño que había huido de un operativo que se llevó a cabo en el departamento de Amambay.

La disposición de búsqueda de los acusados por narcotráfico, menciona con énfasis el tráfico de marihuana y cocaína desde Paraguay, que se convirtió en los últimos años en un “pasillo” de triangulación del estupefaciente químico proveniente de Bolivia.

Con intercepción de llamadas y mensajes, autoridades del vecino país accedieron a evidencias que incriminan a paraguayos en esquemas binacionales para traficar estupefacientes al Brasil, considerado como uno de los mercados grandes de destino de las drogas.

Te puede interesar: Droga a España: acusación que salpica a senador alcanza un General y a mimada de Giuzzio

En el caso referente a alias Motinha, los informes relevados por la Policía Federal, consignan que el mismo es considerado un pez gordo que opera principalmente desde la zona fronteriza paraguayo-brasileña.

El sujeto alternaba residencias entre ambos países, y el año pasado logró romper un cerco de operativo llevado a cabo por la Secretaria Nacional Antidrogas y de la Policía. La acción se llevó a cabo en una de sus estancias ubicadas en Amambay, pero el resultado fue negativo, tras presuntas filtraciones que se verificó desde los entes en cuestión.

Te puede interesar: Conmebol pide a Fiscal General avances en el caso Atlas por lavado