La iniciativa había quedado fuera del acuerdo de gran coalición en 2013 y el Partido Socialdemócrata (SPD), que respetó el pacto los últimos cuatro años, aseguró que sería requisito imprescindible para participar en un futuro nuevo gobierno, lo mismo que hicieron los liberales y los verdes.

Ante esa tesitura, Merkel abrió el lunes la puerta a tomar una “decisión en conciencia” y el SPD decidió forzar una votación esta misma semana, sin esperar a los comicios del 24 de septiembre.

Merkel, que había calificado de “triste” la situación, dio libertad de voto a sus diputados e introdujo una tarjeta roja en la urna colocada en el centro del salón de plenos en rechazo a la ley.

“Para mí el matrimonio, en la Constitución, es el matrimonio de un hombre y una mujer y por eso no he apoyado el proyecto”, manifestó ante las cámaras tras la sesión, en la que se lanzó confeti para celebrar un paso considerado “histórico” por los activistas que llenaron las tribunas de invitados.

Los socialdemócratas se anotaron un punto importante en la precampaña electoral y Merkel ha tenido que escuchar las críticas de su propio partido, pero la acelerada votación le aligera la campaña y le evita un asunto espinoso en septiembre, cuando confía en ser elegida para un cuarto mandato y debería buscar un socio de gobierno.

El proyecto fue respaldado por los diputados del SPD, de La Izquierda y los Verdes, además de miembros de la bancada conservadora, que hicieron uso del voto en conciencia para apoyar la ley.

“Esta decisión quizá no es buena para la coalición, pero es buena para las personas, y buena para el Parlamento”, manifestó el portavoz socialdemócrata, Thomas Oppermann, quien rechazó que sea necesario reformar la Constitución alemana, como esgrimen sectores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y de su ala bávara, la Unión Socialcristiana (CSU).

El líder del grupo conservador, Volker Kauder, se convirtió en portavoz de quienes defienden el matrimonio tradicional y denunció el “oportunismo político” de sus socios.

“Yo personalmente nunca pondré mi firma en algo que represente el matrimonio para todos, por motivos de conciencia”, declaró antes de expresar dudas sobre la constitucionalidad de la norma al entender que la concepción cristiana del matrimonio está protegida en la ley fundamental alemana.

Desde su mismo partido, el diputado Jan Marco Luczak subió a la tribuna para defender el “sí” al proyecto, respaldado, según las encuestas, por una amplia mayoría de la población.

A su juicio, el largo debate de años que lo precedió garantiza una aceptación social que, recordó, no existió en países como España, donde la ley se aprobó rápidamente, millones de personas se sintieron “superadas” y salieron a la calle a manifestarse en contra.

Desde La Izquierda y los Verdes se felicitaron por la aprobación de la iniciativa y reivindicaron su lucha durante décadas por los derechos de los homosexuales, entre aplausos de muchos de los invitados a la sesión.

Los discursos más duros los protagonizaron la diputada Erika Steinbach, que abandonó el partido de Merkel por su política de asilo y hoy la acusó de haber abierto la puerta a un proyecto que “contradice la Constitución”; y el socialdemócrata Johannes Kahrs, quien es homosexual y, casi gritando, reprochó a la canciller haber discriminado durante años a gais y lesbianas.

Sin embargo, en la mayoría de los discursos predominaron las llamadas a respetar las diferentes opiniones, un mensaje que también lanzó Merkel confiando en que, tras un debate “emocional”, la votación genere paz social y cohesión.

El Gobierno de España ha aprobado por primera vez un real decreto que regulará la actividad de los conocidos como ‘influencers’, con el objetivo de adaptarse a la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2022.

Así, los creadores de contenidos deberán abstenerse de hacer cierta publicidad, además de estar obligados a etiquetar sus publicaciones y a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia.

¿Afecta a todos los ‘influencers’?

La respuesta es no. La ley se refiere a los “usuarios de especial relevancia” y define a estos a través de tres requisitos que deben cumplir:

• Tener unos ingresos anuales superiores a los 300.000 euros.
• Superar el millón de seguidores en una única plataforma o los dos millones en su actividad global.
• Haber publicado 24 o más videos al año.

Otra particularidad es que solo afecta a los residentes en España, es decir, que aquellos que, por ejemplo, se trasladaron a Andorra, no están obligados por esta normativa.

¿Cuáles serán sus obligaciones?

A partir de su registro, que se debe producir en el plazo de los próximos dos meses, todos esos creadores de contenidos deberán atenerse a varias disposiciones.

Deberán identificar los espacios publicitarios explícitamente y etiquetar sus contenidos indicando la edad recomendada de sus espectadores. Además, tendrán prohibido hacer publicidad de productos relacionados con el tabaco, el alcohol, los medicamentos o de cualquier producto o servicio que pueda perjudicar psicológicamente a los menores.

De este modo, se les asimila a otros actores tradicionales del sector audiovisual, como son la televisión o la radio.

Poniendo algunos nombres y apellidos

Entre los afectados por la nueva legislación se encuentra Ibai Llanos, el ‘streamer’ de más éxito del país, que Forbes llegó a incluir en una de sus listas de españoles más influyentes del mundo en 2021. Tiene más de 15 millones de seguidores en Twitch y más de 11 millones en Youtube.

María Pombo es otra de las ‘influencers’ más conocidas del país. Especializada en contenidos relacionados con la moda, la belleza y el estilo de vida, hace casi una década que vive de sus redes sociales, en las que tiene más de tres millones de seguidores.

Otra imprescindible en este listado es Dulceida. Esta bloguera e ‘influencer’ también es conocida por sus publicaciones relacionadas con la moda y el estilo de vida. Desde hace ocho años organiza su propio festival de moda y música. Tiene más de 3,4 millones de seguidores en Instagram.

Otro nombre, más polémico que los anteriores, es el de El Xokas, cuyo nombre real es Joaquín Domínguez. Es conocido principalmente por sus retransmisiones de partidas del ‘World of Warcraft’ en Twitch, donde tiene alrededor de 4 millones de seguidores. Según él mismo ha revelado en varias ocasiones, ingresa alrededor de 60.000 euros al mes.

El tribunal de Río de Janeiro ordenó la liberación de Érika Souza Vieira Nunes, de 42 años -quien sufre de problemas de salud mental y tiene una menor a cargo- que hace dos semanas llevó a su tío muerto a una sucursal bancaria para intentar obtener un préstamo.

La mujer fue detenida in fraganti el día 16 del mes pasado, luego de llevar el cadáver del anciano Paulo Roberto Braga, sentado en una silla de ruedas, al banco Bangu, de esta ciudad. El Ministerio Público (MPRJ) la acusó por los delitos de tentativa de peculado y profanación de cadáver. Érika se encontraba detenida en la prisión de Djanira Dolores, también en Bangu.

La jueza Luciana Mocco, titular del 2º Juzgado Penal de Bangu, respondió a un pedido de la defensa de Érika y revocó su prisión preventiva. Sus abogados señalaron que Érika, de profesión ama de casa, tiene un hogar permanente, “mala salud mental”, y está a cargo de una menor discapacitada que requiere de su cuidado en casa.

El juez determinó, sin embargo, que Érika debe cumplir con medidas cautelares, como presentarse mensualmente a la secretaría judicial para informar sus actividades o un posible cambio de domicilio; en el caso de hospitalización por tratamiento de salud mental, también deberá notificarse al Tribunal; tiene prohibido ausentarse del distrito por más de siete días.

Érika también comenzó a ser investigada por homicidio culposo, sin intención de matar. Una orden del delegado Fabio Luiz Souza, jefe de la 34ª DP (Bangu), responsable de las investigaciones, y publicada por TV Globo, indica una “flagrante omisión de asistencia” por parte de la mujer. Según el delegado, el tío Paulo se encontraba en una “situación crítica que amenazaba su vida”.

“Teniendo en cuenta que el 16 de abril, Paulo se encontraba en una situación grave que amenazaba su vida, como se desprende de las declaraciones de todos los testigos que tuvieron contacto con la víctima, en lugar de volver a ir al hospital, acudió al centro comercial, configurando una flagrante falta de asistencia. Por tanto, se debe registrar un nuevo informe para investigar el delito de homicidio culposo”, señaló.

Según la Policía Civil, como cuidadora del anciano, “al ver que no se encontraba bien, debería haberlo trasladado a un hospital, no a una sucursal bancaria”.

El crimen ocurrió en Bangu, en la Zona Oeste de Río de Janeiro. Érika fue detenida en el acto y su arresto se convirtió en prisión preventiva durante una audiencia de custodia. La denuncia destaca que, aunque el préstamo fue contratado por el anciano Paulo Roberto Braga cuando estaba vivo, el retiro de 17.975 reales (unos 3500 dólares) no pudo realizarse porque en el momento de la detención la víctima había fallecido.

La acción penal también indica que Érika, mediante fraude, intentó apropiarse de fondos que no habrían sido utilizados a favor de su tío, lo que finalmente causaría un perjuicio a la institución financiera que otorgó el préstamo, es decir, que no sería pagado por el donante, fallecido.

“El crimen no se llevó a cabo debido a que los empleados del banco, al notar que el anciano Paulo Roberto Braga estaba en mal estado, pálido y sin poder firmar un documento, llamaron al Servicio Móvil de Atención de Emergencias, quienes confirmaron la muerte”, describe un extracto de la denuncia.

El inspector mencionó “menosprecio y falta de respeto” hacia el mayor al llevarlo muerto para retirar el dinero. “La imputada vilipendió consciente y voluntariamente el cadáver de Paulo Roberto Braga, llevándolo a la referida sucursal bancaria y permaneciendo allí, incluso después de su muerte, con el objetivo de retirar la orden antes mencionada”, señaló.

Con información de O Globo/GDA

La cifra de muertos por las fuertes lluvias en el estado brasileño de Rio Grande do Sul ha ascendido a 32.

La Defensa Civil ha registrado 29 fallecidos. Entretanto, el canal RBS TV, citado por el portal G1, constató la muerte de tres personas más: dos en la localidad de Taquara y una en Sao Vendelino, con información de prefecturas, cuerpos de bomberos, Policía Militar y otras organizaciones locales.

En su más reciente balance, de la tarde de este jueves, la Defensa Civil señala que hay 60 personas desaparecidas y 36 heridas. Se calcula que hasta el momento son 71.306 los afectados, de los cuales más de 14.800 han tenido que abandonar sus viviendas. De estos, 10.242 se encuentran sin hogar (en casas de familiares o amigos) y 4.645 permanecen en albergues temporales.

De los 496 municipios de Rio Grande do Sul, 154 ya se han visto afectados por inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de puentes, entre otros.

La Defensa Civil advirtió que la mayoría de cuencas fluviales del estado están en riesgo de desbordamiento. Asimismo, el gobernador, Eduardo Leite, emitió advertencias sobre los peligros de nuevos derrumbes. Al mismo tiempo, el Gobierno estatal monitorea las represas en varias regiones ante la probabilidad de que sus niveles provoquen nuevos aumentos significativos en los caudales de los ríos. Las precipitaciones provocaron hace poco el colapso parcial de la presa 14 de julio, localizada en el caudal del río Das Antas.

En el marco de la catástrofe, Leite declaró anteriormente el estado de calamidad pública, señalando que se trata del “mayor desastre natural” al que se han enfrentado. De este modo, Rio Grande do Sul está en condiciones de solicitar recursos federales para asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructura y restablecimiento de servicios esenciales. Las autoridades locales aseguran que con el apoyo de los gobiernos de otros estados y de las Fuerzas Armadas ya se ha logrado el rescate de más de 4.000 personas en zonas afectadas. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajó al estado este jueves, pero las condiciones meteorológicas le impidieron llegar a las zonas afectadas.