“Vamos a seguir en la búsqueda para la localización del ARA San Juan”, dijo hoy el portavoz de la Armada argentina, Enrique Balbi, al anunciar un cambio de fase en el operativo para dar con el submarino.

Balbi dijo que la decisión de dar por cerrado el plan SAR (de búsqueda y salvamento) y pasar a una fase sólo de búsqueda se adoptó en una reunión hoy en Buenos Aires entre representantes del Ministerio de Defensa y de la Armada argentina.

Explicó que el plan SAR tiene como objetivo buscar y salvar personas “en peligro” para “preservar su vida en el mar” y señaló que la búsqueda “se ha extendido a más del doble la cantidad de días que determinan las posibilidades de rescate de la dotación”.

Consultado sobre si esto significa que ya no se busca a los tripulantes con vida, el portavoz no quiso dar una respuesta definitiva.

“Hasta tanto no tener la localización, no vamos a dar una confirmación categórica al respecto. Lo que sí nos remitimos a que se ha extendido hasta el doble del tiempo de las posibilidades de rescatarlos”, insistió.

Señaló que, pese a la “magnitud” del “esfuerzo” de búsqueda, el personal “altamente capacitado” que participó del plan SAR, con las ayuda de “las tecnologías más avanzadas del mundo”, no encontró “evidencia alguna del naufragio”.

El rastreo, por agua y aire, cubrió 557.000 millas náuticas cuadradas de exploración visual y un 1,49 millones de millas náuticas cuadradas de exploración con radar, sin obtener resultados positivos.

En la búsqueda están involucrados 28 buques -16 de la Armada argentina-, nueve aviones -tres de la Armada argentina-, con la participación de 4.000 personas -3.200 de ellas efectivos de la Armada argentina- de 19 países.

El ARA San Juan, un submarino de fabricación alemana incorporado a la Armada argentina en 1985 y reacondicionado hace pocos años, había partido el 13 de noviembre de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, y regresaba a su base, en Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires).

Dos días después de su partida, en la mañana del 15 de noviembre, reportó por última vez su posición en la zona del Golfo San Jorge, a 432 kilómetros de la costa argentina.

Pocas horas antes, había comunicado el ingreso de agua que cayó sobre las baterías, lo que provocó un cortocircuito y un principio de incendio -con humo, pero sin llamas-, un problema que dio por subsanado y continuó con su derrotero.

Unas tres horas después de la última comunicación, se registró un sonido consistente con una explosión a 27 kilómetros de la posición reportada por el submarino.

En esta zona se ha concentrado la búsqueda en los últimos días, donde se realiza un rastreo del lecho marino, a profundidades de entre los 200 y los 1.000 metros.

Balbi indicó que en la nueva fase de búsqueda habrá una reestructuración de personal y material.

Precisó que en las próximas horas llegará por vía aérea un dispositivo estadounidense capaz de descender hasta 6.000 metros, que será montado en el buque Atlantis, también de los Estados Unidos.

Asimismo, esta noche zarpará del puerto de Comodoro Rivadavia, base del operativo, el buque de la Armada Argentina ARA Islas Malvinas, con un vehículo sumergible a remoto de origen ruso que tiene un alcance operativo de inmersión de 1.000 metros.

En tanto, en el plano judicial, Marta Yáñez, la magistrada a cargo de la causa abierta por la desaparición del submarino, dijo hoy que el Gobierno argentino señaló que no hay “secreto militar” en la documentación del caso, por lo que la jueza espera recibirla para avanzar en la investigación.

“El Ministerio de Defensa ha dictaminado que ninguna de esa información estaría alcanzada por los términos de la ley o del secreto militar”, señaló Yáñez, titular del juzgado federal de la localidad sureña de Caleta Olivia, quien ha citado a declarar como testigo al ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.