En este momento, un total de 14 buques y tres aeronaves de 13 países de todo el mundo participan en el operativo de búsqueda, que se realiza entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad en la zona en la que se comunicó el submarino por última vez, en el Golfo San Jorge, a 432 kilómetros de la costa patagónica argentina.

Además, este domingo zarpó el buque noruego Sophie Siem, cuya cubierta ha sido modificada para llevar a bordo un minisubmarino de Estados Unidos que puede descender hasta los 600 metros de profundidad y que tardará un día en llegar a dicha área.

Las condiciones meteorológicas comenzaron a empeorar a última hora del sábado y, ahora, el elevado oleaje y los vientos de hasta 60 kilómetros por hora complican el rastreo, algo que ya se evidenció este domingo con el retraso de la partida del Sophie Siem y el hecho de que la corbeta argentina Robinson haya llegado a puerto pero no haya podido amarrar aún.

Desde el puerto de Comodoro Rivadavia, en la sureña provincia de Chubut, esperan que pueda hacerlo en las próximas horas para embarcar uno de los dos vehículos sumergibles controlados remotamente que ha enviado Rusia con alta tecnología subacuática.

“Se está haciendo un gran trabajo de búsqueda: lo dicen los americanos y los ingleses, no tiene precedente un acontecimiento tecnológico como el que está pasando en el Atlántico sur en la Argentina”, destacó este domingo el ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, durante su visita a la base naval Puerto Belgrano, la principal de la Armada, ubicada en la provincia de Buenos Aires.

En la que fue su primera comparecencia pública tras la desaparición del submarino, el pasado 15 de noviembre, hizo especial hincapié en que “nunca las potencias” mundiales pusieron en marcha un operativo de este calibre y destacó la llegada de “tecnología extraordinaria” desde Rusia.

De hecho, además del avión más grande del mundo y otros recursos materiales y humanos, se espera que a principios de diciembre llegue desde ese país el barco de exploración científica “Yantar”, que cuenta con equipamientos de alta tecnología de inspección subacuática y puede operar a profundidades de hasta 6.000 metros.

“Hemos hecho y vamos a seguir haciendo lo imposible por encontrar el submarino, y el compromiso es que hasta que no lo encontremos no vamos a dejar de buscar”, afirmó el funcionario.

Con él coincidió el portavoz de la fuerza naval, Enrique Balbi, al brindar el parte oficial a la prensa este domingo en Buenos Aires, cuando apuntó que están “abocados” a la búsqueda y “hasta el momento, no hay ningún tiempo definido para abandonarla”.

Asimismo, rechazó perder la esperanza por los 44 tripulantes e insistió en que hay que ser “respetuosos” con las familias, ya que, “si bien van 11 días de búsqueda, no quita que puedan estar en una situación de supervivencia extrema”.

Tanto Balbi como Aguad fueron consultados este domingo por la investigación iniciada por el Gobierno en la cúpula de la Armada para discernir responsabilidades en torno al operativo.

El primero destacó que la propia fuerza naval ha recopilado desde el primer día la información necesaria del procedimiento para presentarla ante la Justicia, mientras que el segundo instó a evitar “especulaciones” y afirmó que todo esto “vendrá después”.

El ministro desmintió además que, como habían comunicado inicialmente fuentes del Ejecutivo, se hubiesen abierto 40 expedientes en el seno de la Armada y apuntó que, por el momento, sólo está en marcha “un sumario administrativo” para saber qué pasó.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.