Mientras miles de personas tratan de huir de Kabul tras la caída de la capital afgana en manos de los insurgentes, Pekín mantiene su embajada operativa a la espera de que los talibanes entablen “negociaciones con todas las partes” para formar un gobierno “islámico, pero abierto e inclusivo”, según la portavoz de Exteriores, Hua Chunying.

Pekín, de la mano de Moscú, ha dejado entrever que evaluará el comportamiento de los talibanes antes de reconocerlos: en una conversación telefónica entre el titular chino de Exteriores, Wang Yi, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, ambas partes acordaron “apoyarse mutuamente” para “animar a los talibanes a construir una estructura política amplia, amistosa y pacífica”.

En otra conversación paralela con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, Wang afirmó que “los hechos han demostrado nuevamente que es difícil afianzarse con la imposición mecánica de modelos extranjeros en países con una historia, una cultura y unas condiciones nacionales diferentes”, informó este martes la Cancillería china.

La portavoz agregó hoy que EE.UU. “deja caos, hogares rotos y devastación allá por donde va, sea Irak, Siria o Afganistán”. “Su fuerza, su papel -remató- reside en la destrucción”.

“EE.UU. HA PERDIDO TODA CREDIBILIDAD”

Los medios oficiales chinos no han dejado de lanzar pullas a Washington en los últimos días, y sostienen que la caída de Kabul no es “un fracaso más” de Estados Unidos sino que “supone el colapso de la credibilidad de este gran exportador de agitaciones que solo ha causado tragedias”, según un editorial de la agencia estatal Xinhua.

Editorialistas como Hu Xijin, del diario de corte nacionalista Global Times, van más allá y advierten que otras partes del mundo -con mención especial a Taiwán, isla sobre la cual Pekín reclama su soberanía- deben “tomar nota” y revisar su “fe” en Washington.

“Todo el planeta ha visto el caos que se ha formado en el aeropuerto de Kabul. Es inevitable que esto cause un enorme impacto negativo en la imagen internacional de EE.UU. Y este impacto sobre sus aliados no va a desaparecer a corto plazo, al igual que pasó tras la Guerra de Vietnam (1955-75)”, comenta a Efe el académico Qian Feng de la Universidad de Tsinghua.

Al margen de la retórica acusatoria, Wang y Blinken dejaron la puerta abierta a que ambos países trabajen juntos para evitar, al menos, “una nueva guerra civil o un desastre humanitario”, o que Afganistán se convierta en “hervidero y refugio del terrorismo”.

“Hay espacio para la cooperación. En realidad, China y EE.UU. comparten el mismo deseo: un Afganistán estable”, apunta Qian, quien destaca que los talibanes “solo han ganado militarmente”.

Según el experto, su reconocimiento internacional dependerá del tipo de régimen que formen: “Si es una coalición gubernamental inclusiva, habrá paz”.

“Y en ese caso, antes o después la comunidad internacional los reconocerá. Pero será difícil garantizar la paz si forman un Gobierno sin contar con otras fuerzas políticas. Es de esperar que tomen políticas moderadas y persigan el terrorismo”, agrega.

PROTEGER LAS INVERSIONES CHINAS DEL EXTREMISMO

La prioridad de China es evitar verse afectada por las hostilidades en Afganistán, país con el que comparte unos 60 kilómetros de frontera en la región noroccidental de Xinjiang, zona mayoritariamente de etnia uigur en la que durante las últimas décadas se han registrado ataques de distinta índole.

Algunos fueron alentados por grupos formados por uigures huidos de Xinjiang, según un informe de 2020 del Consejo de Seguridad de la ONU, que asegura que en Afganistán se sigue registrando actividad de lo que Pekín denomina el Movimiento por la Independencia del Turquestán Oriental (EMIT).

Por ello, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, se reunió con una delegación liderada por el mulá Abdul Ghani Baradar semanas antes de que los talibanes iniciaran su última ofensiva.

En este encuentro, los insurgentes expresaron que desean “buenas relaciones con Pekín” y se comprometieron a evitar que ninguna fuerza “dañe a China desde Afganistán”, según la portavoz Hua.

Asimismo, Pekín quiere proteger los proyectos de inversiones de las Nuevas Rutas de la Seda con los que busca maximizar su influencia en diferentes puntos del mundo, entre ellos Asia Central, con la construcción de aeropuertos, carreteras y puertos para facilitar el comercio, aunque algunas voces critican que esos préstamos acaban siendo trampas de deuda.

Los expertos agregan que Pekín quiere eliminar toda amenaza al Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), ruta comercial con una inversión de 60.000 millones de dólares que conectará la ciudad de Kasghar, en Xinjiang, con el puerto paquistaní de Gwadar, proporcionando al gigante chino una puerta al mar Arábigo.

China ve con preocupación ataques como el sucedido en abril en la ciudad de Quetta, en el oeste de Pakistán, en el que murieron cinco personas al estallar un coche bomba en el aparcamiento de un hotel de lujo donde se esperaba al embajador chino. El ataque fue reclamado por los talibanes paquistaníes.

Islamabad, por su parte, ha mostrado siempre su apoyo a Pekín en relación con Xinjiang, región en la que organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado internamientos forzosos, torturas y esterilizaciones de uigures, algo que Pekín niega.

Fuente: AFP

De pie delante de su silla, el pontífice, gran amante del fútbol, le dio un puntapié al balón que dio inicio al partido que disputaron durante cinco minutos los dos equipos, en los que se mezclaban niños y antiguas glorias de la liga italiana, como el portero Gigi Buffon, entre otros.

A su llegada al Estadio Olímpico de Roma, el papa Francisco fue recibido con entusiasmo por decenas de miles de niños acompañados por sus familias y procedentes de todos los continentes.

Se leyeron varios mensajes de niños, como el de Victor, un palestino de nueve años, que asegura que “solo queremos jugar, estudiar y vivir libres como tantos otros niños en el mundo”.

Francisco respondió a las preguntas de varios niños, a la vez que repartía caramelos a su alrededor.

Esta Jornada Mundial de los Niños finalizará el domingo con una misa en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, presidida por el pontífice.

Un joven de Argelia apuñaló a su hermana, a la que dejó clavado un cuchillo en el cuello, mientras hacia una transmisión en vivo en Instagram* el jueves, informa el canal local Ennahar.

La mujer apuñalada tiene 40 años y vive en la ciudad de Laghouat, en el norte del país. Según medios locales, la hija de la víctima habría estado presente en el momento de la agresión a su madre, que quedó tirada en el suelo y cubierta de sangre.

La mujer fue hospitalizada, el personal médico le prestó inmediatamente los primeros auxilios necesarios y la trasladó al quirófano. Ahora está en la unidad de cuidados intensivos. Hasta el momento se desconocen los detalles sobre el móvil del ataque.

por Juan Sebastian SERRANO, AFP

Uribe es señalado de “ofrecer dinero en efectivo u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad”, en un caso que lo vincula con grupos paramilitares, según un escrito presentado por el fiscal, Gilberto Villarreal, quien levantó cargos por soborno, soborno a testigos y fraude.

En la reanudación de una audiencia virtual que inició la semana pasada, el exmandatario insistió en su inocencia y solicitó que el caso fuera anulado.

“No tomé nunca incitativa de buscar testigos. Pretendí defender mi reputación”, argumentó Uribe, quien se expone a una pena de entre seis y 12 años.

La jueza Sandra Heredia rechazó este pedido y reconoció como posibles víctimas a un senador, a la exesposa de un paramilitar que relacionó al exgobernante con estos grupos armados y a dos exfiscales.

- “Impacto en el alma” -

Considerado uno de los políticos más influyentes en Colombia, Uribe dijo sentir “un impacto en el alma” por ser el primer expresidente en tener que defenderse ante la justicia.

También alegó ser víctima de un complot urdido por jueces y “opositores” que usaron “interceptaciones (telefónicas) ilegales” para obtener pruebas en su contra.

A sus 71 años, responde por una denuncia que inicialmente lanzó él, pero que luego se volvió en su contra.

En 2012, Uribe, entonces senador, presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, al que acusó de buscar testimonios falsos para vincularlo con los paramilitares que libraron una guerra feroz contra las guerrillas de izquierda entre los años 1990 y comienzos de 2000.

Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018 comenzó a investigar al expresidente por sospechas de que fue Uribe quien en realidad trató de manipular testigos.

Uribe presuntamente trató de enlodar a Cepeda con la acusación de que había contactado a exparamilitares presos para que lo relacionaran con estos escuadrones de ultraderecha responsables por cientos de masacres.

En agosto de 2020 los altos magistrados ordenaron el arresto domiciliario del exmandatario, argumentando que en libertad podría entorpecer la investigación.

Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión y reinició todo el proceso.

- Montajes -

El exfiscal general (2012-2016) Eduardo Montealegre y su segundo Jorge Perdomo también habrían sido objeto de un montaje concebido por Uribe, según la tesis de la fiscalía.

A través del abogado Diego Cadena, el exmandatario habría ofrecido beneficios a paramilitares presos para que denunciaran a los entonces fiscales por supuestamente ofrecerles beneficios por testificar contra Uribe.

La siguiente audiencia del juicio fue convocada para el 10 de julio.

Durante su mandato, Uribe gozó de una inmensa popularidad por la política de mano dura con la que su gobierno debilitó las guerrillas.

Sin embargo, su imagen se ha visto afectada por múltiples escándalos y procesos judiciales en los últimos años.

En noviembre de 2023, el exmandatario testificó ante la fiscalía en una investigación preliminar por su supuesto conocimiento anticipado de una masacre y el asesinato de un defensor de derechos humanos, a raíz del testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

También fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, durante su gobierno, un caso conocido como “falsos positivos”. La justicia de ese país aun no se ha pronunciado sobre el caso.