Hablaron durante meses y por diversas vías de asesinar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La detestaban. Realizaron tareas de espionaje en los alrededores de su casa. Hasta intentaron alquilar una vivienda en la misma zona para vigilarla de cerca y tener más posibilidades de matarla.

Se trata de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, la pareja que ya fue procesada por un intento de magnicidio en el que también están involucrados Agustina Díaz y Gabriel Nicolás Carrizo.

Los cuatro son los primeros detenidos de una compleja causa judicial que tiene ribetes cinematográficos y en la que conviven los principales personajes de la política argentina, organizaciones ultraderechistas, una supuesta “banda de los copitos” (algodones de azúcar), vecinas sospechosas y las dudas sobre el misterioso financiamiento de una fallida operación que pudo haber cambiado por completo la historia del país sudamericano.

El caso comenzó la noche del pasado 1 de septiembre, cuando Sabag Montiel disparó dos veces a Fernández de Kirchner mientras saludaba a los militantes congregados a las afueras de su casa en Buenos Aires. La pistola falló.

Dos semanas después, la investigación que encabezan la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo apunta a que Sabag Montiel fue el autor material porque todas las pruebas demuestran que fue él quien disparó; que organizó el ataque junto con Uliarte, su novia; que Díaz sabía y alentaba los planes de magnicidio; y que Carrizo pudo haber coordinado todo el plan.

También ya quedó desbaratado el intento de la oposición mediática y partidaria que, desde un principio, lanzó diversas teorías en un afán de minimizar el intento de magnicidio. Primero dijeron que el atentado no había ocurrido y que era una “puesta en escena” del Gobierno. Luego afirmaron que era “un loquito suelto” que aspiraba a sus “15 minutos de fama” y había usado “una pistola de agua”. Por último, que solo se trataba de un grupo de “lúmpenes” sin mayor trascendencia política.

Hoy ya se sabe que la pistola era real, que Sabag no actuó solo y que el ataque fue organizado por diferentes personas. Pero todavía falta atar varios cabos, en particular para saber si alguien pagó o no para que mataran a la vicepresidenta.

Perfiles

El 1 de septiembre, minutos después del atentado, Sabag Montiel fue detenido. Las pruebas eran contundentes. Los militantes que estaban a su lado vieron cómo sacaba el arma y disparaba. Varios videos también dejaron registro.

Se supo entonces que había nacido en Brasil, de madre argentina y padre chileno, que tenía 35 años pero desde los seis vivía en Buenos Aires. Las fotos de sus redes sociales mostraban que tenía símbolos nazis tatuados en su cuerpo. Le gustaba salir en televisión, así que, en cuanto veía una cámara en la calle, se acercaba para tratar de que lo entrevistaran, para que diera su opinión sobre temas de actualidad como un ciudadano más.

Al allanar su casa, ubicada en el barrio de Villa del Parque, los policías se encontraron con cuartos llenos de basura. Con suciedad y abandono, pero también con balas y cartuchos.

Ahí vivía con su novia, una joven de 23 años llamada Brenda Uliarte con la que a mediados de agosto salió en televisión, en una de esas entrevistas callejeras que tanto buscaba.

Ella aparecía como una vendedora de algodones de azúcar, una popular golosina que en Argentina es conocida como “copito”. En una aparente contradicción de clase, defendió a los ricos y denostó a los migrantes y a las personas que cobran planes sociales. Su discurso de derecha gustó tanto, que más tarde la invitaron al estudio del canal.

El 2 de septiembre, un día después del atentado, volvió a salir en la tele, pero ahora para defender a su novio.

La acompañaban Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta, Miguel Angel Castro Riglos, Lucas Acevedo y Gabriel Nicolás Carrizo. Dijeron que solo eran vendedores ambulantes de “copitos”, que no tenían nada que ver con el atentado ni eran cómplices de Sabag Montiel, que los estaban amenazando.

Carrizo se presentó como el líder del grupo, ya que era el dueño del equipo con el que hacían las golosinas.

Revelaciones

Después de la entrevista, Uliarte se mostró activa en redes sociales. En vivo, criticó la corrupción, habló de su relación con Sabag Montiel y aseguró que “solo” había llevado una pistola de juguete. También posteó el video en el que el diputado ultraderechista Javier Milei repudiaba el feriado que el presidente Alberto Fernández había decretado como una manera de condenar el intento de magnicidio.

El domingo 5 de septiembre, miembros de la Policía Federal la detuvieron en una estación de tren, luego de que los investigadores descubrieran que había mentido al declarar que llevaba varios días sin ver a su novio. Los elementos más incriminadores fueron los videos de cámaras de televisión y de seguridad que demostraron que, el día del atentado, había ido junto con Sabag Montiel a la casa de la vicepresidenta.

Cuando la capturaron, Uliarte ya se había pintado el cabello de rubio. Los investigadores creen que pensaba escapar.

Su padre, Leonardo Uliarte, salió a defenderla en los medios. Dijo que él era “ultrakirchnerista”, que ella era “inimputable” porque padecía “un retraso”. Que había tenido una vida muy difícil que incluía abusos sexuales en la infancia, el abandono de la madre, la crianza por parte de una abuela a la que tuvo que cuidar cuando le amputaron las dos piernas. Y que a los 21 años fue mamá, pero el bebé falleció una semana después de haber nacido.

En los últimos tiempos, la joven ofrecía contenido sexual en una conocida plataforma, de lo que el padre responsabilizó al novio.

En ese momento, la causa se había complicado por un escandaloso descuido de la Policía Federal que permitió que el celular de Sabag Montiel se reseteara, con lo que se temió la pérdida de valiosa información. De todas formas, se alcanzaron a rescatar fotografías en las que él y su novia posaban por separado con el arma que se usó en el atentado. Fue otra de las pruebas en contra de ambos.

Pero lo que verdaderamente se convirtió en una mina explosiva de datos fue el teléfono de Uliarte.

Los chats

En el celular de la joven se encontraron diálogos que demostraron que ella y Sabag Montiel comenzaron a hablar del atentado desde abril y que la joven fue quien consiguió una pistola marca Bersa calibre 32.

Hicieron un primer intento la noche del el 27 de agosto, en medio de las movilizaciones que los militantes de Fernández de Kirchner llevaban a cabo a diario en su casa para apoyarla luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran una pena de 12 años de cárcel en su contra. Pero la expresidenta se metió a su casa antes de que lograran acercarse a ella.

“El tema es que hay una cámara de C5N y hay poca gente, la gente se está yendo y el momento es ese, ahora ya es tarde (…) después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido. Ella [la vicepresidenta] está arriba pero no creo que salga, así que ya fue”, dicen los chats.

De acuerdo con fuentes de la causa judicial, estas frases prueban que estaban esperando el momento propicio para cometer el ataque. Además, hay grabaciones que demuestran que ambos acudieron varias veces a las manifestaciones afuera de la casa de Fernández de Kirchner. Supuestamente iban a vender los “copitos”, pero los investigadores creen que, en realidad, estaban realizando labores de inteligencia para vigilar los movimientos de la gente y de la vicepresidenta para matarla.

En las comunicaciones también debaten la posibilidad de alquilar un departamento frente al de Fernández para poder espiarla.

“Laburamos esta semana y el sábado vamos y le dejamos una seña [anticipo]. Alto depto ese de Recoleta amore, si vieras dónde vive Cristina entendés, Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina. Sí, hay que ir y pegarle un corchazo ¿Sabés que hace falta? Un francotirador, viste que la mina se pone en el balcón, hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda…”, escribió la joven el 23 de agosto, cuando ya estaban en marcha las movilizaciones masivas a favor de la vicepresidenta.

Lo extraño es que Recoleta es una de las zonas más ricas y caras de la capital, así que, por sus condiciones socioeconómicas, la pareja no podría haber pagado un alquiler. Por eso comenzó a investigarse la posibilidad de que haya existido un desconocido financista. En ese afán, la jueza ya solicitó la revisión de las cuentas bancarias de Sabag Montiel y de Uliarte para saber si tuvieron depósitos sospechosos.

Más imputados

Otros mensajes cruciales para la causa son los que mantuvo Uliarte con una amiga a la que tenía agendada como “amor de mi vida” y a la que le avisó: “Mandé matar a Cristina, no salió porque se metió para adentró”, le escribió el 27 de agosto, el día del primer intento de magnicidio.

Ya desde julio, le había anticipado que iría a una protesta en la Casa Rosada. “Voy con el fierro [la pistola] y le pego un tiro a Cristina. Me dan los ovarios para hacerlo”. Incluso le mandó una foto posando con el arma.

La amiga se llama Agustina Díaz, tiene 21 años y el martes fue detenida y acusada como presunta cómplice. Aunque en un principio negó cualquier vínculo con el ataque, los chats telefónicos la inculparon.

Muy importante información sobre el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. La novia de Fernando Montiel apareció en televisión diciendo que hacía 2 días que no había visto a su novio cuando se demostró que le acompañó en el momento del intento de asesinato. pic.twitter.com/NqiaCHv2cq

— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 6, 2022

“Che, pero ¿qué onda que falló el tiro? ¿Cómo mandaste a ese tarado? ¿No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? ¿Vos dónde estás? ¿No sería conveniente que vayas a tu casa? Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta. Todo”, le escribió Díaz a Uriarte un día después del atentado.

Ya antes le había confirmado: “Quién no va a querer matar a esa chorra [ladrona]”. En su primera declaración judicial, aseguró que jamás creyó que Uliarte fuera capaz de cumplir sus “fantasías”.

Su situación se complicó luego de que la Televisión Pública descubriera que, contrario a lo que había dicho, Díaz sí estuvo en las manifestaciones frente a la casa de la vicepresidenta, por lo menos el día previo al atentado.

Se convirtió en la tercera sospechosa detenida. Faltaba el cuarto.

El miércoles por la tarde, fue el turno de Gabriel Nicolás Carrizo, el joven de 27 años que luego del intento de homicidio se presentó en la televisión junto con Uliarte y dijo que era el líder de los vendedores a los que la prensa ya había bautizado como “la banda de los copitos”.

Hasta ahora no han trascendido los motivos concretos de su captura, pero su animadversión al Gobierno quedó en evidencia un par de horas después del atentado.

🚨 Los chats de Brenda Uliarte previo al atentado contra CFK

📲 "Voy con el fierro y le pego un tiro a CFK"
📲 "Me dan los ovarios para hacerlo"
📲 "Estuve practicando tiro"
📲 "Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a CFK"
📲 "Me pudrí que hablen y no hagan nada" pic.twitter.com/au8NtLoq5u

— C5N (@C5N) September 15, 2022

“¡Seguro el próximo sos vos, Alberto! ¡Tené cuidado! El Gobierno es vulnerable, y espero que les quede claro (…) Nosotros somos los que mantenemos estos parásitos ahí arriba, van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la Nación Argentina”, amenazó en su estado de WhatsApp.

La vecina

Fernández de Kirchner tiene una vecina célebre. Se llama Ximena de Tezanos Pinto, vive un piso arriba, es defensora de la última dictadura militar y comenzó a hacerse famosa por colgar banderas o mensajes en contra de la vicepresidenta. La influyente prensa antikirchnerista comenzó a entrevistarla cada vez más seguido para que la denostara.

Luego del atentado, se descubrió que Tezanos Pinto alquila habitaciones en su casa. Y una de sus inquilinas es Gladys Egui, abogada de Leonardo Sosa y Gastón Guerra, líderes de Revolución Federal, una agrupación extremista que desde hace meses comenzó a acosar a funcionarios peronistas en las calles y a pedir la “muerte” para Fernández de Kirchner.

La organización se hizo conocida en mayo, por llevar una guillotina de madera a Plaza de Mayo para promover la ejecución de la exmandataria. Meses después, Uliarte, la joven que ya fue procesada por el intento de magnicidio, participó de una de sus violentas protestas.

El 28 de agosto, cuatro días antes del atentado, Sosa y Guerra postearon fotos desde el balcón de la vecina de Fernández de Kirchner, por lo que se sospecha que aprovecharon para hacer trabajos de espionaje.

Esa misma semana, otros miembros de Revolución Federal ratificaron en una transmisión en vivo desde Twitter sus deseos de matar a la expresidenta. Incluyeron, también, a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y al presidente Alberto Fernández.

Ahora, todos están en la mira de la Justicia.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.