uego de un proceso que comenzó en noviembre del año pasado, el Tribunal de Santa Rosa finalmente condenó a prisión perpetua a las asesinas de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti -la madre del menor- y Abigail Páez, su ex pareja. La decisión de los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié fue transmitida en vivo por el canal de Youtube del Poder Judicial pampeano. Se rechazaron los planteos de inconstitucionalidad de las defensas con respecto a la prisión perpetua.

Ambas acusadas no estuvieron presentes en la sala, tal como lo hicieron en audiencias anteriores. Permanecieron en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis, donde se encuentran encerradas y se negaron a escuchar la imposición de sus penas, que serán comunicadas a través de sus defensas. En cambio, estuvieron presentes Cristian, padre de la víctima, y su abuelo Ramón, que impulsó durante más de un año el pedido de justicia en el caso.

Espósito Valenti, la madre, había sido declarada el 2 de febrero último como la autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.

A su vez, Páez fue declarada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento. Su situación fue más grave aún: se la declaró culpable también del delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado.

Durante la audiencia previa de alegatos que se realizó este lunes 13 de febrero, la fiscal Verónica Ferrero pidió que las dos acusadas fueran condenadas a prisión perpetua porque, frente a los delitos cometidos, el Código Penal prevé solamente esa pena.

El abogado querellante que representa a la familia Dupuy, José Mario Aguerrido, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal, pero le añadió el requerimiento de que la pena sea de reclusión por tiempo indeterminado, una alternativa que prevé el artículo 52 del Código Penal, en relación con el artículo 80. Sus fundamentos, entre otras razones, se basaron en la extensión del daño provocado a “un chico absolutamente vulnerable”, agregando que el crimen de Lucio fue el final de un proceso de maltrato infantil.

La noche del crimen y la macabra revelación de la autopsia

Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2.300 de Santa Rosa, donde vivía junto a su madre y la entonces pareja de la mujer.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, representado en el debate por Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Marcos Sacco, las imputadas “agredieron físicamente, en forma conjunta” a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 del 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa, ocasionándole múltiples lesiones que le provocaron la muerte, luego de un período de agonía. Su madre y la pareja de la misma habían dicho en el centro médico que al que lo llevaron ya moribundo que un ladrón había entrado a su casa y había golpeado al chico: era mentira. Páez apareció con el chico en brazos frente a la sala médica del barrio Río Atuel, a poca distancia de su casa. Varios vecinos intentaron reanimar a Lucio, que finalmente perdió la vida en el Hospital Evita de la ciudad.

Lucio murió a raíz de una hemorragia interna provocada por la paliza que recibió. Las torturas a Lucio ocurrían hace meses y el cadáver del chico las reflejó. Ante los magistrados en el juicio, Juan Carlos Toulouse – el forense que practicó la autopsia al cuerpo-reafirmó sus conclusiones originales: dijo que el niño falleció a causa de una ‘feroz golpiza’ y que presentaba ‘lesiones en varias partes del cuerpo’, según informaron fuentes judiciales.

Aseguró que había sido víctima de abusos sexuales ‘recientes y de vieja data’, al mismo tiempo que presentaba ‘un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 a 8 días’”.

“Hubo una agresión puntual que le provocó la muerte”, según la autopsia presentada en la causa. Además de los signos de abuso, presentó quemaduras y mordidas.

Los abuelos de Lucio en la sala

Antes de su muerte en el Hospital Evita de Santa Rosa, Lucio había sido asistido médicamente al menos cinco veces en tres meses por traumatismos en diversos centros de salud. Los médicos que vieron sus lesiones no denunciaron nada. Tampoco su jardín de infantes. La jueza de familia Ana Clara Pérez Ballester había decidido que Lucio viva con sus asesinas, sin realizar un estudio socioambiental, luego de que la tía paterna de Lucio desistiera de su tenencia.

A comienzos de este mes, el bloque de diputados del peronismo y las bancadas de la oposición de la provincia de La Pampa anunciaron que impulsarán un jury de enjuiciamiento por mal desempeño contra la magistrada.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Un científico afirma haber descifrado la causa de la ‘maldición del faraón’ que, según se cree, provocó la muerte de más de 20 personas que abrieron la tumba del faraón Tutankamón en 1922.

“Una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de la que ya se había informado en tumbas antiguas”, afirma el estudio publicado por Ross Fellowes en la revista Journal of Scientific Explorationel.

Según Fellowes, la causa de las muertes fue el envenenamiento por radiación procedente de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada.

El científico explicó que, según la literatura funeraria egipcia, en las tumbas se dejaba una ‘torta de azafrán’ (un polvo amarillo de uranio) como un “legado de desechos peligrosos”.

Se cree que los antiguos egipcios conocían sobre las toxinas. “La naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como ‘los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar’”, destacó Fellowes.