El informe final de la autopsia de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que fue asesinado a golpes en La Pampa, reveló que fue víctima de abusos sexuales “recientes y de vieja data”. La información fue confirmada a Clarín por fuentes judiciales.

El estudio forense también detalló que la muerte se produjo entre las 20.30 y las 21.30 del viernes. Fue producto de “politraumatismos” y una “hemorragia interna”.

Por otra parte, confirmó datos que habían trascendido en el informe preliminar: el cuerpo tenía mordeduras y quemaduras.

La autopsia detectó además que Lucio había sufrido un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna. “Le dificultaba caminar, tenía una data de 7 a 8 días”, contaron fuentes del caso.

El médico a cargo de la pericia, Juan Carlos Toulouse, reconoció que el caso lo conmovió. “En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así”, afirmó. De acuerdo al forense, el niño falleció producto de una feroz golpiza.

Por el crimen está detenidas su madre Magdalena Espósito Valenti (24) y la pareja, Abigail Páez (27). Tras una marcha de vecinos que terminó el domingo con graves incidentes frente a la comisaría en la que estaba detenidas, fueron trasladadas a San Luis.

Cerca de las 21.15, Páez fue hacia una posta sanitaria -ubicada a unos 150 metros de su casa- con Lucio en brazos. Una vecina dijo que sangraba por la boca. Pero esa posta estaba cerrada. Buscaron ayuda en una sede policial ubicada enfrente, pero los policías que estaban en el lugar se negaron a asistirlo. Una enfermera, también vecina, le hizo RCP.

El nene no reaccionó. Fue llevado por otra vecina en su auto particular al hospital Evita, donde ingresó muerto.

Piden informes sobre cinco internaciones

Este martes la Fiscalía de Investigaciones Administrativas solicitó al Ministerio de Salud provincial un informe sobre los reiterados ingresos de Lucio Dupuy a distintos hospitales de Santa Rosa.

El pedido, realizado por fiscal Juan Carlos Carola, surge luego de que se corrobore en la historia clínica de la víctima que Lucio había sido atendido cinco veces en tres meses en diferentes centros de salud por presentar lesiones de gravedad, como fracturas y traumatismos.

La solicitud se fundamenta en la cantidad de oportunidades que Lucio debió recibir asistencia médica, sin que se registrara denuncia alguna por parte de las autoridades sanitarias intervinientes teniendo en cuenta que se trataba de heridas de complejidad.

En este sentido, se brindó el detalle de los motivos por los cuales el niño ingresó a los hospitales tantas veces entre diciembre de 2020 y enero 2021.

La primera vez fue el 15 del último mes del año: Lucio fue asistido por traumatismos “del miembro superior” en el Hospital Evita.

Tres días después, ingresó al Hospital Molas donde le diagnosticaron una fractura al nivel de la muñeca y de la mano.

Dos diagnósticos que alertaban de una posible situación violenta por la que estaba pasando. Sin embargo, uno de los fiscales del caso, Walter Martos, informó este martes: “Dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal o en la Unidad de Género, Niñez y Adolescencia, no existe una denuncia formal de maltrato contra Lucio”.

Esas no fueron las únicas veces que el chico debió asistir de urgencia a un centro de salud. El 22 de enero, menos de una semana después de la última asistencia a un hospital, fue llevado a la posta del barrio Río Atuel donde los médicos constataron traumatismos del miembro superior.

El 1° de febrero, apenas una semana después, Dupuy volvió al Hospital Evita por un “código T14-1”. Este significa un traumatismo en el cuerpo.

El último 23 de marzo fue cuando, según su historial, finalizó la seguidilla de visitar médicas. No obstante, el diagnóstico de ese día se trató de una condición que perduró para siempre: le informaron, también en el Hospital Evita, que tenía “mallet finger”. Es decir, una deformidad en el dedo generada por una fractura ósea de la falange distal.

En este marco, desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, buscan establecer los motivos por los cuales las autoridades médicas no hicieron las denuncias correspondientes.

Según alegan, por esta causa el niño no llegó a ser auxiliado y puesto a resguardo por algún organismo del Estado provincial. Un hecho que pudo haberle salvado la vida.

Por el caso se conformó un equipo de fiscales. Lo integran Martos, Verónica Ferrero (quien estaba de turno y realizó la investigación penal inicial) y Marcos Sacco. También el licenciado en psicología Ignacio Dalgarrondo.​

El caso

El hecho que aún consterna al país se conoció el sábado: durante la noche del viernes, Lucio murió producto de una golpiza.

Por el crimen fueron detenidas su madre y la pareja, quienes están bajo prisión preventiva.

La primera es acusada por “homicidio calificado por el vínculo” y podría recibir prisión perpetua; mientras a la segunda se la acusa por “homicidio simple”, con una pena de 8 a 25 años.

En la causa interviene el juez Daniel Ralli, quien dispuso que ambas permanezcan detenidas mientras hasta que sean sometidas a juicio.

La mujeres están actualmente alojadas en el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis luego de que fueron trasladadas desde La Pampa por los violentos incidentes registrados el pasado domingo en la comisaría donde estaban presas.

El fiscal Martos relató que la causa comenzó el viernes pasado cuando Lucio “prácticamente llegó sin vida” al Hospital Evita, donde murió “pese a todas las maniobras que se le hicieron de reanimación”.

“Este fue un hecho del que se tuvo conocimiento el viernes pasado, a raíz de que llega el niño Lucio a la Unidad Regional 1 y luego al Hospital Evita, donde prácticamente llegó sin vida y constato el fallecimiento”, dijo el fiscal.

“Luego se detienen a dos personas: a la mamá y la pareja de la mamá. El día sábado se hace una audiencia de formalización, se le imputan los hechos ante el Juez de Control y se peticiona desde la Fiscalía la prisión preventiva hasta la finalización del proceso, la cual es otorgada por el Juez de Control, lo que quiere decir que ambas personas se encuentran detenidas y así seguirán hasta el momento del juicio”, agregó.

Consultado sobre la indagatoria a las acusadas, Martos recordó que se hizo el sábado. No declararon.

El fiscal Martos dijo que con la incorporación del informe final de la autopsia fue agravarse o atenuarse la acusación. “No quiere decir que el delito por el cual se le imputa en el inicio de la investigación, no pueda, atenuarse o agravarse, de acuerdo a la investigación”, afirmó el fiscal pampeano.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Un científico afirma haber descifrado la causa de la ‘maldición del faraón’ que, según se cree, provocó la muerte de más de 20 personas que abrieron la tumba del faraón Tutankamón en 1922.

“Una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de la que ya se había informado en tumbas antiguas”, afirma el estudio publicado por Ross Fellowes en la revista Journal of Scientific Explorationel.

Según Fellowes, la causa de las muertes fue el envenenamiento por radiación procedente de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada.

El científico explicó que, según la literatura funeraria egipcia, en las tumbas se dejaba una ‘torta de azafrán’ (un polvo amarillo de uranio) como un “legado de desechos peligrosos”.

Se cree que los antiguos egipcios conocían sobre las toxinas. “La naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como ‘los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar’”, destacó Fellowes.