“Hemos confirmado 12 fallecidos el día de hoy en Puno, durante enfrentamientos con las fuerzas del orden en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca”, dijo a la AFP una fuente de la Defensoría del Pueblo en Lima.

Las víctimas tenía en el cuerpo impactos de proyectil, detalló un responsable sanitario del hospital Calos Monge, en declaraciones al canal N de televisión.

“Lo que está pasando es una matanza entre peruanos, les pido calma, no se expongan”, exclamó el alcalde de Juliaca, Oscar Cáceres, en un llamado desesperado a la población entrevistado por la radio La Decana de esa localidad.

Las violentas protestas se registraron durante un intento de ocupar el aeropuerto de Juliaca, que está bajo resguardo policial y militar. Un intento similar había ocurrido el sábado.

Mientras el país está sumido en una grave crisis institucional y política salpicada de manifestaciones y bloqueos de rutas, el gobierno de Dina Boluarte prohibió este lunes hasta nuevo aviso el ingreso a Perú del exmandatario boliviano Evo Morales por “intervenir” en los asuntos de política interna del país.

“Se dispuso el registro del impedimento del ingreso al país, a través de todos los puestos de control migratorio, de nueve ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre quienes se incluye al señor Juan Evo Morales Ayma”, indicó el ministerio del Interior en referencia al exmandatario que ha expresado su apoyo a las protestas contra el gobierno de Boluarte.

Puno, la región aymara peruana fronteriza con Bolivia, se ha convertido en epicentro de las protestas con un paro indefinido desde el cuatro de enero.

Desde ahí se organiza una marcha hacia la capital peruana que debe llegar a partir del 12 de enero, según diversas convocatorias de colectivos sociales, que agrupan principalmente a campesinos.

El anuncio contra Morales coincide con nuevas protestas y bloqueos de rutas en seis de las 25 regiones del país, donde los manifestantes reclaman la renuncia de la presidenta Boluarte, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la libertad del destituido presidente Pedro Castillo.

“En los últimos meses se ha identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú”, agregó el ministerio para justificar la decisión.

Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Pedro Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre. En noviembre visitó Puno.

Castillo fue destituido tras un fallido golpe de Estado y cumple 18 meses de prisión dictada por un juez por delito de rebelión.

Morales lamentó en Twitter la decisión del gobierno de Perú y sostuvo que ésta busca “distraer y esquivar” las responsabilidades por las “graves violaciones” de los derechos humanos.

– ¿Separar a Perú? –

Las autoridades peruanas sostienen que Morales pretende dividir el territorio de Perú, promoviendo la secesión a través de la creación de “Runasur”, una región andina que supuestamente incluiría parte del sur andino peruano con Bolivia.

“El único separatismo en Perú es causado por el racismo, la exclusión y discriminación de los grupos de poder de Lima contra su propio pueblo. En el fondo, la derecha no acepta que los indígenas, los vilipendiados por su color de piel, apellido o lugar de origen lleguen al poder”, replicó Evo Morales el fin de semana.

El año pasado, el Parlamento, controlado por la derecha, declaró a Morales persona non grata.

La prohibición de su ingreso a Perú era reclamada desde el Congreso, convertido en principal punto de apoyo de Dina Boluarte.

– Corta tregua –

Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte se reiniciaron el 4 de enero, tras una breve tregua por las fiestas de fin de año.

Los manifestantes mantenían este lunes bloqueos de carreteras en seis de los 24 departamentos del país, incluyendo zonas turísticas como Puno, a orillas del lago Titicaca; Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Tacna y Apurímac.

La comisaría de la ciudad de Puno amaneció con una barricada de bolsas de tierra y guardia policial, como medida de precaución ante las manifestaciones en esa urbe del altiplano.

“Estamos preocupados por lo que esta pasando en la ciudad. El problema es que quieren dañar el aeropuerto. Están utilizando bombardas. Tenemos más de 50 policías heridos. Estamos llamando a la calma”, dijo temprano el general de la policía David Villanueva en conferencia de prensa en Puno.

En previsión de posibles ataques, el ministerio de Transportes indicó que suspenderá el martes las operaciones del aeropuerto Alfredo Mendívil de Ayacucho ante el inicio de un paro de 48 horas.

Aunque se considera de izquierda, Boluarte es vista como “traidora” por las comunidades y militantes que apoyan a Castillo. Los sectores de derecha que antes promovían su caída ahora la respaldan. Estas movilizaciones acumulan 34 muertos en casi un mes.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.