La información fue proporcionada el lunes a la AFP por fuentes oficiales cercanas al caso, y se conoció poco después de que la Cancillería de Honduras informó en su cuenta de Twitter que remitió a la Corte Suprema “comunicación oficial de la Embajada de los EEUU”, solicitando formalmente el arresto provisional de “un político hondureño”, no mencionado, con el propósito de extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con las mismas fuentes, Hernández se encuentra en territorio hondureño. La noche del lunes, en su residencia en la colonia San Ignacio de la capital Tegucigalpa, se observaba un fuerte dispositivo de seguridad.

En tanto, la cadena informativa CNN exhibió el documento en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras hace a la Corte Suprema la “solicitud formal de arresto provisional con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América de Juan Orlando Hernández Alvarado, alias JOH”.

El abogado de Hernández, Hermes Ramírez denunció en el telenoticiero TN5 que su representado estaba siendo objeto de “atropellos” al ser rodeada su vivienda por un cordón policial, que impedía el acceso de sus asesores y de la comisionada estatal de Derechos Humanos.

Explicó que no se le había notificado la orden de captura, ni “se ha nombrado juez natural” para llevar a cabo el proceso de extradición, como es habitual en este tipo de casos, reclamó.

Según conoció la AFP, La Corte Suprema convocó de urgencia para el martes a los magistrados para “la designación del juez natural” que se hará cargo del caso.

“ACTOS CORRUPTOS”

El pasado 7 de febrero el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, había afirmado que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.

“Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a actos corruptos”, detalló Blinken. “Nadie está por encima de la ley”, subrayó.

Hernández, quien dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York en nexos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado “Tony” Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese mismo delito.

En un comunicado, Blinken apuntó que “según múltiples informes creíbles de los medios”, Hernández “se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”.

“Además, Hernández fue identificado por su nombre en el testimonio de un testigo bajo declaración jurada en un proceso penal federal de Estados Unidos por haber recibido ganancias del narcotráfico como parte de la financiación de su campaña”, agregó.

Fiscales estadounidenses se han referido al exgobernante como “co-conspirador”, aunque no existía una acusación formal en su contra.

El expresidente Hernández niega todos los cargos y asegura que las acusaciones son una venganza impulsada por los mismos capos de la droga que su gobierno capturó o extraditó a Estados Unidos.

Argumentó que entre 2014 y 2021 se extraditaron 28 capos y otros 31 se entregaron a Estados Unidos, en tanto se decomisaron 41.240 kg de cocaína, entre otros logros de su lucha contra el narcotráfico.

TEMOR DE FUGA

Tras entregar el poder a Xiomara Castro, primera mujer presidenta de Honduras, Hernández fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo, lo que le concede derecho a inmunidad y antejuicio.

Hernández “goza de la protección como diputado del Parlamento Centroamericano”, dijo su abogado.

Poco antes de dejar el cargo, JOH, como se le conoce por sus iniciales, viajó sorpresivamente a Nicaragua para firmar un tratado de límites marítimos con el gobernante Daniel Ortega, situación que despertó suspicacias sobre la posibilidad de usar ese territorio para escapar de la justicia.

“Hernández ha tenido reuniones con Ortega, y Ortega ya les dio refugio a dos expresidentes de El Salvador, y Nicaragua no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos (…) Estando en Nicaragua, la justicia norteamericana no va a poder agarrarlo”, dijo a la CNN Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.