Una inmensa propiedad se está levantando en una remota isla de Hawái, donde Mark Zuckerberg, CEO de Meta y uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, construye un enorme complejo que se compone de dos mansiones conectadas, un búnker postapocalíptico y un sistema con capacidad para autoabastecerse.

La instalación, cuyo costo supera los 100 millones de dólares, se localiza en la finca Ko’olau Ranch de la isla Kaua’i y ha generado múltiples especulaciones sobre sus propósitos, debido a que consta de una extensión de 570 hectáreas y está protegida por un alto muro y seguridad constante.

De hecho, la opulencia y las especificaciones del diseño, como la puerta de acero resistente a explosiones, oficinas, salas de conferencias y una cocina de tamaño industrial, sugieren una infraestructura preparada para un largo plazo y posibles escenarios de emergencia.

Según revelaciones de la revista Wired, el proyecto incluso ha despertado cuestionamientos sobre si Zuckerberg anticipa un futuro catastrófico para la civilización.

Qué se construye en el complejo

De acuerdo con la planificación y documentos oficiales, el complejo, que costaría más de $270 millones, sumando la compra del terreno desde 2014; poseerá un refugio subterráneo de más de 460 metros cuadrados.

El cual se ha diseñado para ser totalmente autosuficiente, con sistema propio de agua y producción de alimentos.

Además, dentro de las impresionantes instalaciones, se planean más de una docena de edificios que albergarán al menos 30 dormitorios y baños, varias piscinas, gimnasio, sauna, jacuzzi, así como una cancha de tenis. .

También se destaca una red de casas en los árboles y un túnel que conecta las mansiones con el refugio subterráneo.

Y a pesar de que la portavoz de Zuckerberg y Priscilla Chan, Brandi Hoffine Barr, ha rechazado comentar acerca del proyecto, los planes revisados por Wired muestran que puede tratarse de uno de los mayores complejos de construcción privados y personales conocidos.

Las dimensiones de este plan ha llevado a que se describa el lugar como una “gran ciudad subterránea”.

Cuestionamientos por manto de confidencialidad

La construcción del complejo ha estado protegida por un acuerdo de no divulgación (NDA) que afecta a todos los trabajadores en el lugar, desde carpinteros hasta guardias de seguridad.

Existen reportes de empleados despedidos por divulgar información en redes sociales y otros que evitan hablar entre ellos para no correr riesgos.

Y pese secreto y seguridad sin precedentes con el que se maneja la información en torno a este colosal proyecto, esto no impidió que salieran a relucir algunos detalles tras algunos incidentes graves en el sitio, incluyendo el fallecimiento de un guardia de seguridad de 70 años.

Mientras que las preocupaciones sobre el uso y la enérgica imposición de los NDA, así como la conducción del flujo de información tras los incidentes laborales, han despertado críticas y atención mediática.

De hecho, el compromiso de Zuckerberg con su privacidad contrasta con la naturaleza de su empresa Meta, anteriormente Facebook, que ha levantado un negocio multimillonario a través de la recolección de datos de los usuarios para publicidad.

El paso de proteger tan celosamente su privacidad refuerza la percepción de algunos expertos en privacidad, como Danielle Citron, sobre una posible doble moral: “privacidad para mí, pero no para ti”.

Impacto en la isla de Kaua’i

La isla de Kaua’i en Hawái, ha experimentado un notable aumento de actividad debido a la construcción del proyecto, que ha provocado un flujo constante de obreros y maquinaria en lo que antes era una isla conocida por su tranquilidad y belleza natural.

La fama del lugar, apodado Garden Island por sus paisajes idílicos, contrasta con su actual dinámica diaria, la cual resulta inusual para una isla cuya población es de alrededor de 73,300 habitantes y que en el año 1973 contaba solamente con dos semáforos.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.