Desde la irrupción de la pandemia en el país hace un año, esta región fronteriza con Paraguay ha sido objeto de polémica en reiteradas ocasiones por sus medidas extremas para frenar el avance del coronavirus, que van desde el cierre de las fronteras provinciales durante meses hasta la creación de precarios centros de aislamiento para los enfermos y los casos sospechosos de covid-19.

“Lo que está habiendo en Formosa desde hace ocho meses son violaciones sistemáticas de los derechos humanos, vinculadas al decreto que habilita el aislamiento obligatorio”, cuenta a Efe por videoconferencia Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

REGRESO AL CONFINAMIENTO ESTRICTO

Lo que terminó por minar la paciencia de cientos de formoseños fue el regreso a la fase uno del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) en la capital provincial, decretado el pasado 4 de marzo tras la detección de 17 casos de coronavirus en la ciudad.

La medida, que se extenderá hasta el próximo 18 de marzo, abarca varios tipos de restricciones, como la prohibición de circular sin permiso, la suspensión del transporte interurbano y el cierre de todas las actividades laborales salvo las consideradas esenciales, como la salud o las fuerzas de seguridad.

Como respuesta, cientos de personas salieron a las calles en los últimos días para exigir un “diálogo” con las autoridades provinciales y así poder trabajar, en una provincia con un 42,4 % de su población viviendo bajo la línea de la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

“Todos los que necesitan trabajar estamos súper mal, ya no podemos vivir con esta situación (…). Lo que estamos pidiendo es trabajar para poder cubrir todas las deudas que estamos teniendo”, relata a Efe Pablo Siddig, integrante de la agrupación Comerciantes Unidos de Formosa.

La dura represión policial marcó la primera jornada de protestas hace una semana, con balas de goma, camiones lanzando agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

“Mi esposa recibió gas lacrimógeno, balas de goma… Mis empleados, todos, todos recibieron balas de goma, hasta balines metálicos en la cabeza, que a uno se lo tuvieron que sacar con una pinza”, comenta Siddig sobre unas revueltas que se saldaron con decenas de personas detenidas.

Tras esa jornada de disturbios, las manifestaciones prosiguieron de forma pacífica durante toda la semana, incluyendo una pequeña protesta el martes frente a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional.

LA RESPUESTA POLÍTICA

En declaraciones al canal televisivo C5N, el presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó que el método para encauzar esta situación “no es ni la manifestación violenta ni la represión del Estado”, aunque avaló la decisión de imponer la cuarentena que decretó el gobernador de Formosa, el también peronista Gildo Insfrán, en el cargo desde 1995, quien defiende sus medidas en pro de la salud y critica el ataque mediático en su contra.

“El gobernador me dijo que la actitud de los manifestantes fue particularmente violenta, que quisieron ingresar a la casa de Gobierno… Hay que ser cuidadoso. Pido a todos los formoseños recuperar la paz social”, aseguró Fernández, agregando que la situación sanitaria de Formosa es delicada por su cercanía con Paraguay, país que está viviendo “una escalada de los contagios impresionante”.

Con todo, las principales figuras opositoras han criticado con dureza lo sucedido en Formosa, como es el caso del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), que en un tuit tildó de “inaceptable” el accionar policial y pidió una respuesta al Gobierno nacional.

Asimismo, la presidenta de la opositora Propuesta Republicana, Patricia Bullrich, acudió personalmente a las manifestaciones de la capital formoseña, en donde se le vio disfrazada de presidiaria.

“No hay represión que valga, no hay palazo que valga, lo que tiene que hacer es retroceder el gobernador (Gildo Insfrán)”, subrayó Bullrich en declaraciones al canal TN.

POLÉMICAS MEDIDAS PARA FRENAR EL CORONAVIRUS

La represión policial también levantó críticas entre las organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, cuya directora ejecutiva de Argentina, Mariela Belski, califica de “irrazonables” y “excesivas” las últimas restricciones en la provincia.

“En otras provincias no se han tomado estas medidas tan extremas. Las de Formosa son absolutamente extremas”, asevera Belski a Efe por videoconferencia.

Aunque esta no es la primera vez que el organismo denuncia las decisiones de las autoridades formoseñas, caracterizadas por la implantación de medidas muy duras para contener la propagación del coronavirus.

El pasado noviembre, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la provincia que autorizase el ingreso de miles de ciudadanos varados durante meses, una normativa que el máximo tribunal definió como una “restricción de derechos”.

Otra de las disposiciones más polémicas fue la obligación de permanecer en centros de aislamiento a personas con síntomas leves o inexistentes de covid-19, los cuales, en opinión de Amnistía Internacional, presentaban condiciones “absolutamente insalubres”.

“Hay gente que estuvo más de 45 días encerrada sin ningún tipo de justificación”, señala Mariela Belski a propósito de unos lugares que están dejando de usarse para aislar a los pacientes.

En cualquier caso, la dirigente de Amnistía Internacional Argentina se muestra “medianamente optimista” en cuanto a la posibilidad de que mejoren las condiciones de los formoseños, las verdaderas “víctimas” de todas estas controversias.

“Cuando denunciamos la situación de los centros de aislamiento, el Gobierno intervino y lo resolvió, ¿por qué no voy a pensar que no van a hacer lo mismo ahora? (…). El costo para el Gobierno nacional (de las restricciones formoseñas) es muy alto”, subraya Mariela Belski.

Formosa es, con diferencia, la provincia menos afectada por el coronavirus en Argentina, con 1.428 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Un científico afirma haber descifrado la causa de la ‘maldición del faraón’ que, según se cree, provocó la muerte de más de 20 personas que abrieron la tumba del faraón Tutankamón en 1922.

“Una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de la que ya se había informado en tumbas antiguas”, afirma el estudio publicado por Ross Fellowes en la revista Journal of Scientific Explorationel.

Según Fellowes, la causa de las muertes fue el envenenamiento por radiación procedente de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada.

El científico explicó que, según la literatura funeraria egipcia, en las tumbas se dejaba una ‘torta de azafrán’ (un polvo amarillo de uranio) como un “legado de desechos peligrosos”.

Se cree que los antiguos egipcios conocían sobre las toxinas. “La naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como ‘los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar’”, destacó Fellowes.

Om Fahad, con decenas de miles de seguidores en TikTok e Instagram, se hizo famosa por sus videos en los que aparece con atuendos ajustados, moviéndose al ritmo de músicas iraquíes, en un país mayoritariamente conservador y patriarcal.

La joven fue asesinada a tiros por un atacante en motocicleta, mientras estaba en su vehículo frente a su domicilio en el centro de Bagdad, indicaron dos funcionarios de seguridad bajo condición de anonimato a la AFP.

En febrero de 2023, un tribunal condenó en primera instancia a Om Fahad a seis meses de cárcel por “la publicación de varios videos con intenciones indecentes y que atentan contra el pudor y las costumbres públicas”.

El gobierno iraquí lanzó el año pasado una campaña para identificar y perseguir en las redes sociales los “contenidos decadentes” que iban “en contra de la moral y las tradiciones” de la sociedad.

Para ello se creó una plataforma que permitía a los internautas denunciar publicaciones inadecuadas. Varias estrellas de las redes sociales fueron condenadas a cárcel o forzadas a pedir disculpas por sus contenidos, que a veces no eran más que videos humorísticos o de tono satírico.

En 2018, la modelo e “influencer” Tara Fares fue asesinada en Bagdad por varios disparos en su Porsche blanco descapotable.

En un Irak golpeado por décadas de conflictos, la circulación de armas está bastante extendida, aunque las fuerzas de seguridad han lanzado una campaña para recuperar este arsenal.

© Agence France-Presse