El jefe de la milicia Wagner, clave en la ofensiva militar rusa en Ucrania, acusó el viernes al ejército regular de Moscú de bombardear sus bases y llamó a la población a sublevarse contra el mando militar.

El ejército negó esas acusaciones y las calificó de “provocación”, en tanto que los servicios rusos abrieron una investigación contra el jefe del grupo paramilitar, Yevgueni Prigozhin, por tentativa de amotinamiento.

Sin embargo, Prigozhin juró posteriormente “llegar hasta el final” en su campaña contra el mando militar ruso y que sus fuerzas traspasaron la frontera rusa por la región sureña de Rostov.

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Prigozhin aseguró que sus fuerzas van a “destruir todo lo que se ponga” en su camino.

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En tanto, la agencia noticiosa estatal rusa TASS informó de que las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en “instalaciones críticas del gobiermo e infraestructura de transporte” en Moscú tras el llamado del jefe de Wagner.

Prigozhin, considerado durante un tiempo como aliado cercano del presidente ruso, Vladimir Putin, fue ganando influencia política y se lanzó en una confrontación con autoridades políticas y militares que ahora parece haber desbordado el campo de la retórica.

Tras sus críticas, el servicio de seguridad ruso FSB lo acusó de hacer “un llamado a comenzar un conflicto civil armado” y pidió a los combatientes de Wagner “tomar medidas para detenerlo”.

El fiscal general ruso, Igor Krasnov, informó a Putin de que abrió “una investigación penal” contra Prigozhin por “amotinamiento armado”, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Prigozhin explicó posteriormente que no pretendía protagonizar un “golpe de Estado”, sino organizar una “marcha por la justicia”.

Aseguró que Putin se mantiene “constantemente” informado por los servicios de seguridad.

Prigozhin declaró en un mensaje de audio que las tropas rusas “han llevado a cabo bombardeos, bombardeos con misiles, contra nuestras bases de retaguardia” en el frente ucraniano.

“Un gran número de nuestros combatientes murió”, agregó, prometiendo “responder” a esos ataques.

– 25.000 combatientes –

“El comité de comando del grupo Wagner decidió que hay que poner freno a quienes tienen responsabilidad militar en el país”, prosiguió el jefe de los mercenarios, de 62 años.

El Ministerio de Defensa ruso dijo en un comunicado que “aprovechando la provocación de Prigozhin para desestabilizar la situación, el régimen de Kiev cerca del frente de Bajmut está concentrando unidades (…) para realizar acciones ofensivas”.

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“Somos 25.000 y vamos a determinar las causas del caos que reina en el país (…). Nuestras reservas estratégicas son todo el ejército y todo el país”, proclamó, llamando a “todos los que quieran” a unirse a sus hombres para “acabar con el desorden”.

El ejército ruso desmintió categóricamente las acusaciones de ataques.

“Los mensajes y vídeos difundidos en las redes sociales por Prigozhin sobre supuestos ‘bombardeos del ministerio ruso de Defensa contra bases de retaguardia del grupo paramilitar Wagner’ no se corresponden con la realidad y son una provocación”, indicó Moscú.

El Kremlin afirmó que Putin está al tanto de todos los hechos relacionados con Prigozhin” y que “se están tomando las medidas necesarias”.

– Los militares “se lavan en su sangre” –

Estas tensiones se dan en plena contraofensiva de las tropas ucranianas para reconquistar territorios tomados por Rusia desde el inicio de la intervención militar en febrero de 2022.

Pocas horas antes del estallido de esta crisis, Prigozhin aseguró que el ejército ruso se estaba “retirando” en el este y el sur de Ucrania, contradiciendo las afirmaciones del Kremlin, que considera que la contraofensiva de Kiev está fracasando.

“El ejército (ruso) se retira en las zonas de Zaporiyia y Jersón (sur), las fuerzas armadas ucranianas están haciendo retroceder” a las tropas rusas, declaró en una entrevista publicada en Telegram por su servicio de prensa.

“No hay ningún control, no hay triunfos militares” de Moscú, insistió Prigozhin, agregando que los militares rusos “se lavan con su sangre”, aludiendo a grandes pérdidas sufridas por las tropas regulares.

Putin y su ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, aseguran en cambio que el ejército está “repeliendo” todos los ataques ucranianos.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.