El jefe de la milicia Wagner, clave en la ofensiva militar rusa en Ucrania, acusó el viernes al ejército regular de Moscú de bombardear sus bases y llamó a la población a sublevarse contra el mando militar.

El ejército negó esas acusaciones y las calificó de “provocación”, en tanto que los servicios rusos abrieron una investigación contra el jefe del grupo paramilitar, Yevgueni Prigozhin, por tentativa de amotinamiento.

Sin embargo, Prigozhin juró posteriormente “llegar hasta el final” en su campaña contra el mando militar ruso y que sus fuerzas traspasaron la frontera rusa por la región sureña de Rostov.

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Prigozhin aseguró que sus fuerzas van a “destruir todo lo que se ponga” en su camino.

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En tanto, la agencia noticiosa estatal rusa TASS informó de que las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en “instalaciones críticas del gobiermo e infraestructura de transporte” en Moscú tras el llamado del jefe de Wagner.

Prigozhin, considerado durante un tiempo como aliado cercano del presidente ruso, Vladimir Putin, fue ganando influencia política y se lanzó en una confrontación con autoridades políticas y militares que ahora parece haber desbordado el campo de la retórica.

Tras sus críticas, el servicio de seguridad ruso FSB lo acusó de hacer “un llamado a comenzar un conflicto civil armado” y pidió a los combatientes de Wagner “tomar medidas para detenerlo”.

El fiscal general ruso, Igor Krasnov, informó a Putin de que abrió “una investigación penal” contra Prigozhin por “amotinamiento armado”, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Prigozhin explicó posteriormente que no pretendía protagonizar un “golpe de Estado”, sino organizar una “marcha por la justicia”.

Aseguró que Putin se mantiene “constantemente” informado por los servicios de seguridad.

Prigozhin declaró en un mensaje de audio que las tropas rusas “han llevado a cabo bombardeos, bombardeos con misiles, contra nuestras bases de retaguardia” en el frente ucraniano.

“Un gran número de nuestros combatientes murió”, agregó, prometiendo “responder” a esos ataques.

– 25.000 combatientes –

“El comité de comando del grupo Wagner decidió que hay que poner freno a quienes tienen responsabilidad militar en el país”, prosiguió el jefe de los mercenarios, de 62 años.

El Ministerio de Defensa ruso dijo en un comunicado que “aprovechando la provocación de Prigozhin para desestabilizar la situación, el régimen de Kiev cerca del frente de Bajmut está concentrando unidades (…) para realizar acciones ofensivas”.

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“Somos 25.000 y vamos a determinar las causas del caos que reina en el país (…). Nuestras reservas estratégicas son todo el ejército y todo el país”, proclamó, llamando a “todos los que quieran” a unirse a sus hombres para “acabar con el desorden”.

El ejército ruso desmintió categóricamente las acusaciones de ataques.

“Los mensajes y vídeos difundidos en las redes sociales por Prigozhin sobre supuestos ‘bombardeos del ministerio ruso de Defensa contra bases de retaguardia del grupo paramilitar Wagner’ no se corresponden con la realidad y son una provocación”, indicó Moscú.

El Kremlin afirmó que Putin está al tanto de todos los hechos relacionados con Prigozhin” y que “se están tomando las medidas necesarias”.

– Los militares “se lavan en su sangre” –

Estas tensiones se dan en plena contraofensiva de las tropas ucranianas para reconquistar territorios tomados por Rusia desde el inicio de la intervención militar en febrero de 2022.

Pocas horas antes del estallido de esta crisis, Prigozhin aseguró que el ejército ruso se estaba “retirando” en el este y el sur de Ucrania, contradiciendo las afirmaciones del Kremlin, que considera que la contraofensiva de Kiev está fracasando.

“El ejército (ruso) se retira en las zonas de Zaporiyia y Jersón (sur), las fuerzas armadas ucranianas están haciendo retroceder” a las tropas rusas, declaró en una entrevista publicada en Telegram por su servicio de prensa.

“No hay ningún control, no hay triunfos militares” de Moscú, insistió Prigozhin, agregando que los militares rusos “se lavan con su sangre”, aludiendo a grandes pérdidas sufridas por las tropas regulares.

Putin y su ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, aseguran en cambio que el ejército está “repeliendo” todos los ataques ucranianos.

Safina Namukwaya tachó de “milagro” el nacimiento de sus gemelos el miércoles en un centro médico de la capital, Kampala, donde había recibido un tratamiento de fertilidad.

“Es un logro extraordinario”, dijo a la AFP el doctor Edward Tamale Sali, que siguió el embarazo y el parto.

Añadió que la madre y los bebés, una niña y un niño, siguen en observación, pero están en buen estado de salud.

“No hay forma de expresar mi alegría en este momento”, dijo Namukwaya, que vive en una zona rural a unos 120 kilómetros al oeste de Kampala.

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La mujer ya había tenido una primera hija en 2020 tras varios años de intentos infructuosos, que le valieron el apodo de “mujer maldita”.

Con su primer marido, fallecido en 1992, no tuvo hijos.

Su actual pareja, al que conoció cuatro años después, no asistió al parto.

“Quizá no esté contento de que haya dado a luz a gemelos (…) por miedo a las responsabilidades que eso puede conllevar”, declaró Namukwaya.

A mediados de la década de 1970, las dictaduras militares del Cono Sur se unieron para perseguir y eliminar a disidentes de izquierda ( y de otras corrientes democráticas) más allá de las fronteras nacionales, como parte de un plan secreto conocido como “Operación Cóndor”.

Cientos de personas fueron asesinadas bajo este programa de terror estatal apoyado por Estados Unidos, en el que participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, sin contar las miles de víctimas de esas dictaduras en sus propios territorios.

En el 50º aniversario del golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende y puso en el poder al general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, repasamos la guerra encubierta que Chile y otros países libraron contra la izquierda.

La mayoría de los asesinados y secuestrados por la Operación Cóndor fueron detenidos en Argentina, donde muchos militantes de izquierda chilenos, paraguayos y uruguayos se exiliaron antes de que la presidenta María Estela Martínez de Perón fuera derrocada en 1976.

En un garaje de Buenos Aires, militares argentinos y uruguayos detuvieron y torturaron a cientos de disidentes de varios países.

Guyana ve el referéndum como un caso de anexión y pidió a la Corte Internacional de Justicia el 14 de noviembre que detuviera partes de la votación. El tribunal no ha emitido una decisión, pero incluso si falla en contra de Venezuela, el gobierno de Maduro tiene la intención de celebrar las elecciones el domingo.

El área de 61.600 millas cuadradas (159.500 kilómetros cuadrados) representa dos tercios de Guyana. Sin embargo, Venezuela siempre ha considerado a Esequibo como propio porque la región estaba dentro de sus fronteras durante el período colonial español, y durante mucho tiempo ha disputado la frontera decidida por árbitros internacionales en 1899, cuando Guyana todavía era una colonia británica.

El compromiso de Venezuela de perseguir el reclamo territorial ha fluctuado a lo largo de los años. Su interés volvió a despertarse en 2015, cuando ExxonMobil anunció que había encontrado petróleo en cantidades comerciales frente a la costa de Esequibo.

El último capítulo de la disputa ha sembrado la ira entre los residentes de la zona, la mayoría de los cuales son indígenas, contra el gobierno de Guyana. La información sobre el referéndum les ha llegado principalmente a través de publicaciones inexactas en las redes sociales que sólo han creado confusión entre los guyaneses.

“Nos sentimos abandonados como pueblo de esta tierra. No se está haciendo nada por nosotros en este momento”, dijo Michael Williams, un líder indígena de la aldea de Annai en Esequibo. “El gobierno (…) sólo viene cuando quiere nuestros votos. Ahora bien, existe esta disputa. Nadie está aquí para decirnos: ‘Estos son los problemas’. Esto puede llegar. Preparémonos para ello. Estamos negociando. Esperamos lo mejor.’ Nadie vendrá a decirnos eso”.

La frontera en disputa fue decidida por árbitros de Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos representó a Venezuela en el panel en parte porque el gobierno venezolano había roto relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.

Los funcionarios venezolanos sostienen que los estadounidenses y los europeos conspiraron para engañar a su país y arrebatarles la tierra y argumentan que un acuerdo de 1966 para resolver la disputa anuló efectivamente el arbitraje original. Guyana , el único país de habla inglesa en América del Sur, sostiene que el acuerdo inicial es legal y vinculante y pidió a la corte mundial en 2018 que lo dictamine como tal.

Los votantes venezolanos tendrán que responder el domingo si “están de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme a la ley”, el límite de 1899 y si apoyan el acuerdo de 1966 “como único instrumento legal válido” para llegar a una solución.