Decenas de millones de rusos rechazan la vacuna de Sputnik V, desarrollada en su país, por miedo o desconfianza, llevando al fracaso la campaña de vacunación del Kremlin en pleno aumento mortal de casos de covid-19.

Apenas un tercio de los 146 millones de rusos está inmunizado. Por eso, la variante delta se expande en el país con facilidad y el número de muertos supera diariamente el millar, batiendo récords respecto a otras olas de la pandemia.

Esta situación está dando problemas más allá de las fronteras rusas, en una pandemia que ha dejado cerca de cinco millones de muertos en el mundo.

Los expertos recuerdan que la lucha contra el coronavirus tiene que ser global para ser eficaz.

Sputnik V, anunciada por Vladimir Putin el año pasado, mucho antes que las vacunas de los países Occidentales, iba a servir como ejemplo de la superioridad de los científicos rusos y permitiría a Moscú dejar atrás la pandemia más rápido.

Pero no tuvieron en cuenta la profunda desconfianza de los rusos.

“Las autoridades nos mienten sobre muchos temas. ¿Por qué creerles sobre la vacunación?”, dice Viacheslav, en la piscina que continúa frecuentando a pesar de la crisis sanitaria.

“No me da ninguna confianza”, resume este hombre de negocios de 52 años.

Aunque el coronavirus la dejó “zombi” durante varios días, Svetlana Jetlujina no da su brazo a torcer.

“Es una vacuna experimental. No soy un mono”, lanza esta analista financiera de 54 años, que piensa que faltan “datos”.

– “Es sospechoso” –

Aunque en Rusia hay “antivacunas” recalcitrantes, la profunda “desconfianza hacia las instituciones” explica mejor el rechazo a las vacunas, afirma la antropóloga rusa, Alexandra Arjipova.

“Hay quien piensa que no podemos esperar nada bueno del gobierno (…), si nuestros laboratorios no son capaces de producir aspirinas, cómo van a hacer vacunas”, añade.

A Tamara Alexeieva, una jubilada de 67 años, le molesta que se venda la superioridad de Sputnik frente a las vacunas Occidentales.

“Nos quieren hacer creer que tenemos los mejores científicos del mundo, como en la época de la URSS”, afirma Alexeieva, que camina decidida hacia su estación de metro. “Nunca aceptaré esa supuesta vacuna”.

A pesar de que Sputnik V se ha exportado a varios países, y que su fiabilidad está respaldada por la prestigiosa revista médica The Lancet, su credibilidad está en entredicho por la falta de homologación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

“Es sospechoso”, suelta Alexeieva frunciendo el ceño.

El escepticismo ha hecho florecer un mercado de certificados de vacunación, exigidos por algunos empleadores.

Alexander, trabajador autónomo de 45 años, prefirió pagar 5.500 rublos (78 dólares) para comprar un certificado de vacunación. Y afirma “conocer a mucha gente” que ha hecho lo mismo.

– “Recuperar la confianza” –

Ante el fracaso de la campaña de vacunación, el Kremlin (que esperaba tener al 60% de la población vacunada en septiembre), apela al “sentido cívico”. “Por favor, sean responsables”, pidió Vladimir Putin a mediados de octubre.

Para vencer las reticencias, las autoridades mezclan recompensa, como entrar en un sorteo de coches, con castigo, con restricciones.

Moscú, la ciudad más golpeada por la pandemia, cerró del 28 de octubre al 7 de noviembre los servicios no esenciales. Al mismo tiempo, Putin declaró una semana no laboral para limitar los desplazamientos.

Pero la tarea se anuncia complicada. Según el sociólogo Stepan Goncharov, del centro independiente Levada, las encuestas hablan “de un 50% al 55%” de opositores a la vacuna, una cifra estable desde hace meses.

Para Goncharov, el Kremlin “tiene que recuperar la confianza de la gente” con una “política más coherente” tras meses de alternancia entre restricciones y relajación de medidas.

Pero los mejores embajadores de la vacuna son aquellos opositores que cambiaron de opinión después de haber sido hospitalizados por una forma grave de coronavirus.

“Los que sobreviven se convierten en nuestros aliados”, señala Eugeni Riabkov, médico del instituto moscovita Sklifosovski. “Cuando salen del hospital, piden a sus allegados que se vacunen”.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.