El gobierno sufrió un revés en las primarias obligatorias (PASO) de septiembre cuando la coalición oficialista Frente de Todos (peronismo de centro-izquierda) obtuvo 33% de los votos a nivel nacional, en lo que se considera un sondeo a escala real. La coalición de centro-derecha Juntos, del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), obtuvo 37%.

El oficialismo ahora busca evitar que un resultado adverso le impida conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados o ponga en riesgo la que tiene en el Senado cuando a Fernández le restan dos años de mandato.

– ¿Qué se elige y con cuáles consecuencias? –

Las legislativas renovarán un tercio de las bancas del Senado y la mitad de Diputados. Fernández no arriesga su gobierno en esta elección, pero sí la posibilidad de gobernar con holgado apoyo parlamentario.

En la Cámara Baja el oficialismo tiene 120 de los 257 escaños y en el Senado la mayoría absoluta con 41 sobre 72 legisladores.

“Si se repitieran los resultados de las PASO, el oficialismo podría perder la mayoría que tiene en el Senado y no sólo no lograría mayoría en Diputados sino que perdería bancas”, dijo Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría.

El analista político Gabriel Puricelli consideró que “la composición del Congreso que surja de estas elecciones determinará las condiciones de gobernabilidad” hasta 2023, cuando termina el mandato de Fernández.

Pero también “son una puesta a prueba de la viabilidad de las dos principales coaliciones como vehículo para las próximas presidenciales”, dijo al referirse al Frente de Todos y a Juntos.

Otro factor a tener en cuenta “será cuánto poder tendrá la oposición en el Congreso. Si alcanza poder de bloqueo, lo más probable es que lo utilice”, remarcó Puricelli.

El politólogo Carlos Fara consideró que una derrota “pondrá un freno al kirchnerismo en las dos Cámaras y eso puede obstaculizarle en el Senado cuestiones institucionales, como el nombramiento de jueces”.

– ¿Puede el gobierno recuperar el voto perdido? –

Las primarias abrieron una crisis en la coalición gobernante. Luego de reproches públicos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Fernández renovó parte de su gabinete. Pero aún si gana en la estratégica provincia de Buenos Aires, la más poblada con casi 40% del padrón nacional, no alcanzará para reparar el daño político, subrayaron analistas.

“Es posible para el gobierno mejorar la elección pero no sustancialmente”, consideró Fraga.

En opinión de este analista “el problema político central será, cualquiera sea el resultado, la división en el oficialismo entre el presidente y la vicepresidenta. Esta disputa va a continuar e incluso se puede agravar. Será un problema para la gobernabilidad”.

Mario Riorda, politólogo y académico de la Universidad Austral precisó que “el Frente de Todos descendió 19 puntos en todo el país desde las presidenciales de 2019 y ya no tiene núcleos imbatibles”, mientras la opositora Juntos “prácticamente no se ha movido de su última cifra nacional”.

La segunda mitad del gobierno de Fernández transcurrirá “en un equilibrio complejísimo de tensiones internas que pueden jaquear la gobernabilidad”, opinó.

– ¿Cuánto pesó la economía? –

Argentina votará estremecida por una inflación del 40% en lo que va del año, una de las más altas del mundo. El gobierno lanzó el congelamiento de precios durante tres meses para 1.500 artículos de la canasta básica, además de ayudas sociales para enfrentar la pobreza que alcanza al 40% de los 45 millones de habitantes.

La derrota en las primarias fue “un castigo a la gestión de Alberto Fernández”, opinó Fara, consecuencia “del impacto económico que se fue generando entre lo que heredó (del gobierno anterior) y lo que se produjo por la pandemia”.

El país busca un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que reemplace el stand-by por 44.000 millones de dólares de 2018 y cuyos vencimientos de capital por más de 19.000 millones comienzan el año próximo.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.