Una influencia política y social que se refleja en las cifras: pese a ser la región del planeta con mayor población católica y el escenario de algunos de los casos más famosos, Latinoamérica destaca también por ser la que tiene la menor tasa de denuncias -apenas un millar-, según estadísticas de la ONU.

La polémica casi ha desaparecido del foco mediático y legal debido, según algunos expertos, a la pandemia de la Covid-19 pero sobre todo a que la jerarquía eclesiástica mantiene el ocultamiento, además del miedo que existe a que se desaten conflictos familiares, la vergüenza y ser objeto de estigmas sociales.

“La verdad es que incluso la Fiscalía ha bajado mucho la intensidad de la persecución, lo que es curioso”, explica a Efe el chileno José Andrés Murillo, víctima del ya fallecido sacerdote Karadima, al que el Vaticano condenó en 2011 por abusos cometidos entre 1980 y 2006, y que murió sin rendir cuentas a la justicia civil.

“Para poder enfrentar (el problema) de forma real y sustentable se requiere ir a la raíz. Y eso es lo que no han hecho en la Iglesia, ir a la raíz de la estructura del poder, la estructura del abuso, qué es lo que ha hecho que ocurra el abuso y qué es lo que ha hecho que ocurra el encubrimiento”, añade.

“Hablando de Chile, probablemente en términos absolutos no vivimos lo más grave, pero sí tuvo un nivel de publicidad mucho mayor porque hoy día la gente tiene mayor conciencia. Pero en Bolivia, en Paraguay, en México, en Brasil, en El Salvador, el poder que tiene la Iglesia Católica es realmente alucinógeno y muy peligroso”, advierte.

ENCUBRIMIENTO Y DESCONOCIMIENTO EN COLOMBIA

Encubrimiento, connivencia y poder eclesial son los términos que destacan también víctimas e investigadores en Colombia, a pesar de que la Iglesia Católica reconoció en 2019 más de un centenar de casos cometidos por sacerdotes.

“Solo en la Archidiócesis de Medellín hay al menos 43 religiosos con antecedentes de abusos sexuales a menores”, explica a Efe el periodista Juan Pablo Barrientos, autor del libro “Dejad que los niños se acerquen a mí”, en el que se narra el caso del padre Roberto Cadavid, “un depredador sexual que violó niños en una parroquia en Bello”.

A Cadavid le tuvo que sacar de este municipio de Antioquia la Policía “cuando lo iban a matar los combos (bandas dedicadas al narcotráfico y la extorsión) porque precisamente violó al hermanito de uno de los delincuentes”, recuerda.

Pero lejos de castigarle, fue trasladado en 2005 a otra parroquia donde siguió acumulando denuncias, tantas que el arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, optó por enviarlo a Nueva York para tratar de tapar el escándalo.

“Aquí vemos un caso de encubrimiento y de protección a un pederasta documentado desde hace cuatro años”, argumenta Barrientos, para quien solo se conoce la punta de una pirámide que en su opinión tiene una base muy amplia.

“En Medellín no son uno ni dos ni tres sino que hay decenas de curas pederastas. Yo creo que el número podía pasar de 100 curas que han abusado de niños, niñas y adolescentes y que aún siguen en parroquias, protegidos por el arzobispo de Medellín. Podría decir que entre el 20 y el 30 % de los sacerdotes (en Colombia) tienen denuncias por abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes”, señala.

“DIOS EN EL CIELO Y MARCO DESSI EN LA TIERRA”

En Nicaragua, el caso de Marco Dessi, un sacerdote italiano juzgado y condenado en Italia por abusar de seis menores de edad en la provincia Chinandega, donde vivió 30 años, muestra cómo ese poder eclesial se proyecta a través de una veneración que ejerce de escudo protector, especialmente entre las clases más pobres.

Allí, muchas de las denuncias no prosperaron a causa de los ataques lanzados contra los primeros seis denunciantes, a los que se recriminaba que vilipendiaran a un hombre santo que había fundado el Hogar del Niño, la Comunidad Getsemaní, un coro de niños y muchas otras obras para beneficio de la niñez y la adolescencia chinandegana, sus víctimas, explica Efe Lorna Norori Gutiérrez, coordinadora del Movimiento Contra el Abuso Sexual.

Existía una “devoción impresionante” hacia Dessi, al que se apoyó con vigilias, rosarios, procesiones y hasta con pronunciamientos de personalidades nicaragüenses. La presión hizo que cuatro se quedaran a vivir en el exterior, y sólo dos regresaron a Nicaragua, donde viven sin hablar del tema y con bajo perfil.

“Podemos decir que nunca vamos a saber cuántos niños y adolescentes fueron abusados por Dessi”, a quien le encontraron miles de fotos y videos de pornografía infantil en su ordenador, advierte Gutiérrez, para quien Dessi se aprovechó, no se sabe si de forma consciente, del afecto, la confianza y la devoción.

“Visitaba a las familias de estos niños y adolescentes, familias pobres de Chinandega, que confiaban totalmente en el sacerdote, asumían que sus hijos no podían estar más seguros en otra parte que con el padre. En Chinandega se dice: Dios en el cielo y el sacerdote Marco Dessi en la tierra”, señala la investigadora, para quien ese poder ha hecho que otras denuncias no hayan prosperado.

Según sus registros, el primer caso fue el del sacerdote Zenón Corrales, a cargo de una parroquia en la ciudad de Matagalpa (norte), acusado de abusar en 1997 de una niña. La respuesta fue trasladarlo a otra parroquia. Tras el escándalo Dessi, las denuncias se multiplicaron en las ciudades de Granada, Diriomo, Bluefields, Camoapa, Masaya y Juigalpa pero el patrón se repitió: la jerarquía católica nicaragüense respondía con el traslado como forma de encubrir el delito, insiste.

ABUSOS EN EL PAÍS DEL PAPA FRANCISCO

Durante años, la Iglesia argentina trató de obviar las denuncias de abuso sexual a menores, optando por el silencio más estricto.

Ejemplo de esta política de ocultamiento es Sebastián Cuattromo, quien sufrió abusos en el Colegio Marianista de Buenos Aires, una institución “fuertemente autoritaria, donde había múltiples abusos de poder”.

“Ese chico que yo era con trece años se sentía muy vulnerable dentro del colegio, frente a este abusador sexual que era el hermano marianista Fernando Picciochi”, relata Cuattromo a Efe. Tras doce años de lucha en los tribunales, en 2012, la Justicia argentina condenó al abusador a doce años de prisión, una experiencia “reparatoria” para el abusado pero que reveló la “cultura institucional de abusos de poder, violencias y de malos tratos”.

Diez años antes, en 2002, el colegio había ofrecido a Cuattromo una compensación civil por los daños ocasionados, siempre y cuando la mantuviera en la más estricta confidencialidad.¿Qué hizo, entonces, Cuattromo? Acudir al Arzobispado de Buenos Aires, dirigido por el entonces cardenal Jorge Bergoglio, actual papa Francisco, para saber si la Iglesia avalaba los intentos por ocultar esta realidad.

Tras varios encuentros con el obispo Mario Poli, la Iglesia comunicó a Cuattromo que respaldaba la actitud de la escuela, poniendo de manifiesto el trato “subestimador” de las máximas autoridades eclesiásticas.

“Esos cambios de política, profundos, radicales, que se debieran producir en la Iglesia católica con respecto a las complicidades con los agresores, a los encubrimientos, al desconocimiento del dolor de las víctimas, están muy lejos de haberse producido”, opina Cuattromo.

SIN CASTIGO

México, que cuenta con una larga historia de pederastia, fue escenario de otro de los escándalos más mediáticos, el que protagonizó el padre Marcial Maciel (1920-2018), fundador de los Legionarios de Cristo, una de las órdenes más extendidas, ricas e influyentes del mundo

Desde entonces, y según datos de la Conferencia del Episcopado Mexicana (CEM), al menos 271 sacerdotes han sido investigados por abuso sexual “sin que haya consecuencias” explica Efe Cristina Sada Salinas, activista social en contra de los abusos clericales del norteño y conservador estado de Nuevo León.

Maciel fue acusado de abusos sexuales a decenas de seminaristas, una denuncia que abrió la puerta a que en 2019 la cantante Ana Lucía Salazar revelara que también había sufrido abusos entre 1991 y 1993 en un colegio de los Legionarios en Cancún.

“Lo que hicieron fue lo que hacen siempre, se llevaron (al clérigo acusado) de Cancún. De la noche a la mañana ya no estaba”, explica Efe Bani López, que denunció igualmente a la misma escuela y cuyo único deseo es que los Legionarios desaparezcan.

“Por cada víctima que conocemos, probablemente hay 50 o 100 más”, insiste Sada Salinas, para quien la reparación nunca podrá llegar sin el reconocimiento de la grave situación en el interior de múltiples instituciones religiosas de México, un país profundamente creyente.

“Ojalá algún día la Iglesia se transforme en un refugio para las víctimas y no en un refugio para los abusadores como es hoy en día. Y así seríamos aliados”, subraya a Efe con un retazo de esperanza entre tanto pesimismo el chileno Murillo. EFE

(Por Javier Martín y Patricia Nieto Mariño desde Santiago de Chile, Luis Felipe Palacios desde Managua, Irene Escudero desde Bogotá, Inés Amarelo y Martí Quintana desde Ciudad de México y Javier Castro Bugarín desde Buenos Aires).

Ante un tribunal federal en Oakland, una coalición de estados exige a Meta que pague 200.000 millones de dólares en multas por utilizar tecnología diseñada específicamente para fomentar la adicción entre adolescentes, en un símil de lo que ocurrió hace tres décadas con las empresas tabacaleras.

“El modelo de negocio de Meta se puede resumir en cuatro pasos sencillos: enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y luego ocultar la verdad al público”, declaró ante el tribunal la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, en sus argumentos iniciales.

Meta “se aprovechó del funcionamiento del cerebro de los menores”, afirmó la fiscal.

La empresa ha negado todas las acusaciones e insiste en que colaboró con padres, expertos y autoridades para incorporar medidas de protección para los niños y adolescentes.

Meta sabía que algunos de sus usuarios se vieron perjudicados por Facebook e Instagram, pero la empresa trató de reducir esos riesgos y mejorar la experiencia, argumentó el abogado de la compañía durante el juicio.

“No cabe duda de que Meta ha reconocido que las personas pueden tener dificultades con su uso de las redes sociales y ha tratado de desarrollar herramientas para ayudarlas”, dijo el abogado Paul Schmidt.

AVALANCHAS DE DEMANDAS

El fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, es uno de los testigos clave que se espera que declare junto con el director de Instagram, Adam Mosseri.

Fuera del tribunal, madres que alegan que sus hijos fueron inducidos a quitarse la vida por las redes sociales, exigieron que Meta rinda cuentas.

“Tengo un mensaje para Meta, Mark Zuckerberg y Adam Mosseri: construyeron una de las empresas más poderosas y ricas del mundo”, dijo Lori Schott, una de las madres.

“Pero el poder no justifica el daño. Las ganancias no eliminan la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas, y ninguna empresa, por muy rica que sea, por muy influyente que sea, por muy intocable que se sienta, debería estar por encima de la verdad, la ley y nuestros hijos”, enfatizó Schott.

Este es el primer juicio federal de lo que se prevé será una avalancha de demandas que apunta también a TikTok, Snapchat y YouTube, acusados por familias, comunidades escolares y autoridades de algunos estados de haber deteriorado la salud mental de los adolescentes.

Meta, que cuenta con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, es la única demandada en este caso.

Además de sanciones económicas, los estados exigen cambios en las aplicaciones de Meta para proteger a los usuarios jóvenes, incluyendo límites al tiempo de uso.

Aunque son 29 los estados de la coalición que demanda a Meta desde 2023, la voz cantante en este juicio la llevan los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey.

Su acusación se articula en tres ejes: Meta habría mentido al público sobre la nocividad de sus aplicaciones en los adolescentes; habría diseñado ciertas funciones para retenerlos, en particular filtros de apariencia y herramientas de limitación del tiempo fácilmente eludibles; y habría recopilado datos de niños menores de 13 años sin consentimiento parental, en violación de una ley federal.

Se espera que el juicio dure seis semanas, y que el veredicto se dé a conocer en octubre.

Fuente: AFP.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, aumentó un 2,66% hasta 90,87 dólares.

El barril de la referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, ganó un 2,55% hasta 84,50 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear Omán si “interfiere” en un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz. Mascate y Teherán llevan semanas discutiendo sin Washington respecto al estratégico paso marítimo.

Según el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, el periodo de negociaciones de 60 días contemplado en el memorándum de entendimiento, para llegar a un acuerdo de paz, ya no tiene validez por “las violaciones” cometidas por Estados Unidos.

Estas declaraciones preocupan al mercado petrolero. “Han eclipsado en gran medida las advertencias de la semana pasada sobre la demanda”, señala David Morrison, analista de Trade Nation.

Los precios también reaccionan por la incertidumbre sobre las exportaciones desde el Golfo, según expertos.

“Hay (...) un debate sobre si el mercado está subestimando el volumen del petróleo que ha salido de Oriente Medio”, señaló Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el lunes que el ejército, mediante sus escoltas, “saca ocho o nueve millones de barriles de petróleo al día” del estrecho de Ormuz.

Fuente: AFP

Las autoridades reportaron 137 muertes más con respecto a los 6.301 fallecidos del registro anterior.

Los sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaron el norte de Venezuela el 24 de junio, principalmente el estado costero de La Guaira, donde al menos 190 edificios se desplomaron.

Tras casi dos meses después de la tragedia, voluntarios y familiares se mantienen en la búsqueda de cuerpos entre los escombros.

Los cadáveres aún no recuperados figuran como desaparecidos, pero hasta la fecha el Gobierno no ha publicado una cifra de personas sin localizar.

De acuerdo con el balance, de las casi 60.000 viviendas afectadas por los temblores, unas 24.429 se encuentran inhabitables.

En tanto, miles de damnificados viven en campamentos temporales, muchos en condiciones precarias.

Torrenciales lluvias registradas en la madrugada del domingo destruyeron las carpas ocupadas por los damnificados en algunos de estos campamentos en Caracas.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez prometió viviendas para los damnificados. Hasta ahora registran 335 hogares entregados, de las 4.000 que prometen para el fin de año.

Fuente: AFP.