El Instituto Robert Koch (RKI) de virología comunicó este sábado 8.092 nuevas infecciones en las 24 horas previas (un 43 % más que el sábado anterior) y 17 muertes con o por covid-19. La incidencia acumulada en siete días se incrementó hasta los 51,6 casos por cada 100.000 habitantes (frente al 32,7 de hace una semana).

Por primera vez desde el 26 de mayo, la media nacional de la incidencia acumulada en siete días superó la barrera de los 50, una cifra a partir de la cual en las olas anteriores se habían aplicado restricciones en Alemania al considerarse que la epidemia empezaba a estar fuera de control.

En esta ocasión el avance de la campaña de vacunación y también el hartazgo social -tras el período de fuertes restricciones entre noviembre y junio- han hecho que la situación sea diferente, aunque el RKI ha confirmado que la cuarta ola ya ha empezado en el país.

Según el Ministerio alemán de Sanidad, un 63,9 % de la población (53,2 millones de personas) ha recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que al 58,8 % (48,9 millones) se le ha administrado ya la pauta completa.

Sin embargo, el Gobierno alemán y los expertos han alertado sobre la evolución de la campaña, porque en las últimas semanas se ha ralentizado de forma notable el ritmo de inyecciones diarias y de nuevos inmunizados.

En los últimos 31 días sólo en ocho ocasiones se ha superado el medio millón de dosis diarias, cuando en mayo y en junio se llegaron a subir de los 1,4 millones en una sola jornada.

El semanario “Der Spiegel” publica en su presente edición que los estados federados han acumulado ya casi tres millones de dosis que la población no demanda, en su mayoría de la farmacéutica AstraZeneca.

Las cifras en las ucis también están subiendo en Alemania, pero de una forma mucho más moderada. Según el registro DIVI que elabora el sector, 681 personas con covid se encuentran actualmente en cuidados intensivos, el 90 % de los cuales corresponde a personas no vacunadas.

VACUNACIÓN Y RESTRICCIONES

En esta situación resurge la incertidumbre y, de su mano, los debates sobre cómo afrontar la cuarta ola, que va a coincidir con la llegada de los meses fríos, temperaturas en principio más favorables para el Sars-CoV2.

La posibilidad de una tercera dosis para personas especialmente vulnerables está empezando a extenderse por varios estados federados, pese a las dudas de mucho expertos que consideran innecesario este paso para una gran mayoría de la población.

Mientras, el debate público gira especialmente en torno a las posibles restricciones en Alemania si se agudiza la cuarta ola y, sobre todo, en torno a quienes las sufrirán y con qué criterios se establecerán.

El Gobierno federal y los “Länder” han incrementado en este sentido la presión sobre los no vacunados, acordando que sea necesario presentar test de antígenos para muchas actividades en interiores y que estas pruebas, además, dejen de ser gratuitas a partir del 11 de octubre para quienes no se hayan inmunizado.

El ministro de Sanidad, Jens Spahn, señaló este viernes que no serán necesarias nuevas restricciones este otoño para los vacunados, dejando entrever que de establecerse limitaciones serían sólo para quienes no se hayan inmunizado.

Incluso ha generado controversia en ciertos sectores la decisión de la Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) de recomendar la vacuna contra la covid también para personas entre 12 y 16 años.

Se ha apuntado que los menores no necesitan en general ser vacunados y que la decisión responde en parte a la presión del Gobierno alemán, consciente de que sin este sector de edad la inmunidad de grupo -que el propio Ejecutivo ha situado en torno al 85 % de la población general- quedará lejos.

Además, se han criticado desde algunas instancias las iniciativas que están llevando puestos móviles de vacunación a los colegios, al considerar que presionan a los menores que prefieren no vacunarse.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.