En redes sociales se viralizó la denuncia contra la empresa “Auto Fácil”, dedicada a la venta de vehículos importados vía Chile.

Según la denuncia, los encargados del negocio solicitan una entrega de dinero para gestionar la compra del automóvil y luego de unos días se llaman a silencio, sin cumplir con el acuerdo inicial.

José María Vera, uno de los afectados, manifestó al canal GEN que a principios de diciembre había ido con su esposa con la intención de adquirir un rodado. “Ellos te piden una entrega de G. 2 millones y el saldo pagás en 60 meses”.

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La promesa era que en dos semanas les entregarían el vehículo solicitado, pero hasta la fecha no recibieron retorno por parte de la empresa, sin que ningún responsable conteste a sus insistentes reclamos.

Más de 130 personas habrían sido víctimas de esta aparente estafa de “Auto Fácil”, mencionó Vera, aunque no descarta que pueda haber más personas perjudicadas y que vayan saltando más casos tras la difusión del hecho.

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El modus operandi sería similar al utilizado por la empresa Mocipar, acusada años atrás por haber estafado a miles de personas cuyos aportes terminaron con rumbo desconocido y que también se vieron perjudicadas económicamente.

Vera adelantó que formularán una denuncia colectiva contra la citada firma. A la par, ya iniciaron las gestiones ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) para dar seguimiento al asunto.

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Empresa exigía seña por vehículos que no son entregados: "Unas 135 personas fueron afectadas".

📞José María Vera, denunciante.

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— GEN (@SomosGEN) January 10, 2024

Un hombre fue detenido por los agentes de la comisaría 24° tras intentar agredir a su hijo de 14 años y, posteriormente, quemar las prendas de vestir del adolescente y de su pareja, grabar el hecho y enviar mensajes amenazantes al grupo familiar vía WhatsApp.

Se trata de Juan Carlos Flores Silvero, de 36 años, quien fue denunciado por Carina Aparecida Griebeler Da Silva (35). La mujer relató que se encontraba en su lugar de trabajo, mientras que el hombre estaba en la casa de sus padres ingiriendo bebidas alcohólicas, donde empezó a crear zozobras tratando de agredir a su hijo menor.

En ese contexto, el adolescente le dijo a su mamá que no vaya a la vivienda, debido a que Juan Carlos se encontraba en total estado etílico y violento. Luego, el hombre fue hasta su domicilio, comenzó a quemar las ropas de las víctimas sin sentido alguno, hecho que filmó y envió al grupo familiar vía WhatsApp, además de amenazar con hechos de violencia a su pareja.

En tal sentido, la mujer no dudó en denunciar por lo que los agentes, en prosecución a la denuncia de inmediato, en compañía de la víctima acudieron hasta la casa y aprehendieron al sindicado. Se comunicó el hecho al fiscal Víctor Santander.

En conversación con la radio 650 AM, Óscar Tuma, abogado de la senadora Yamy Nal, anunció que apelará el fallo del juez laboral Rubén Darío López, por carecer de fundamentos para conceder un amparo a favor de la abogada Alejandra Peralta Merlo.

“El fallo, con total seguridad, puedo decir que es una barbaridad desde todo punto de vista. Evidentemente, este amparo sobrepasó la capacidad del juez, que seguramente por ser nuevo, no tiene la solvencia necesaria para obrar conforme a derecho”, esgrimió. “Vamos a apelar porque deja un nefasto precedente”, indicó.

El abogado Tuma sostuvo que el amparo tiene como fin proteger un derecho constitucional y para que se haga lugar, la persona debe accionar contra un acto ilegal. “Ahí tenemos que preguntarnos si existe alguna norma de desbloquear o bloquear, o no interactuar con un internauta, y no existe. Entonces, no estamos ante un acto ilegal porque esta conducta no está legislada”, esgrimió.

Señaló que tampoco es ilegal porque la propia red social da la posibilidad de interactuar, bloquear, aceptar o rechazar a alguien. “La senadora no cometió un acto ilegal porque no está penalizada esta conducta y la propia red social permite esto”, dijo.

Otro punto esgrimido por Tuma es que no consiste en un caso de urgencia, tal como alegó el magistrado, porque la amparista podría recurrir a información a través de canales oficiales de la Cámara del Senado, tales como la cuenta oficial de esa institución o de la TV Cámara. “No iba a quedar sin el derecho a informarse o en indefesión porque fue bloqueada, puede acceder a la información a través de los medios de comunicación, o medios oficiales de los senadores”, resaltó.

Así también, el abogado resaltó que se debe diferenciar entre las cuentas oficiales y las personales. En ese sentido explicó que, la cuenta institucional se utiliza exclusivamente para comunicar los actos oficiales y las políticas institucionales, tal como lo hace el Senado mediante sus canales oficiales. En tanto que, un funcionario público o autoridad electa tiene el derecho de crear una cuenta privada donde emite opiniones personales que no son oficiales.

Finalmente Tuma consideró que se vulnera el derecho de la congresista, al obligarla a tener que aguantar todos los ataques de los demás cibernautas y no poder bloquearlos.

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Los artículos 120, 121, 203 y 213 de Código Penal son los que configuran los hechos punibles en los que incurrió el extranjero que retrasó un vuelo al amenazar con una bomba en pleno despegue.

El 120, sobre coacción, indica que, quien mediante fuerza o amenaza constriña gravemente a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.

Además, el 121, coacción grave, señala que, se aplicará una pena no menor de ciento ochenta días-multa o una pena privativa de libertad de hasta tres años cuando la coacción se realizara. mediante amenaza con peligro para la vida o la integridad física.

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El 213, producción de riesgos comunes y el 213, atentados al tráfico civil aéreo y naval. El que:

1. aplicara fuerza o vulnerara la libre decisión de una persona o realizara otras actividades con el fin de influir sobre la conducción u obtener el control de una aeronave civil con personas a bordo o de un buque empleado en el tránsito civil; o

2. utilizara armas de fuego o intentara causar o causara una explosión o un incendio con el fin de destruir o dañar dicha aeronave o buque o su carga a bordo, será castigado con pena privativa de libertad de cinco a quince años.

Guillermo Bertolotto, ciudadano argentino que bromeó con una bomba en pleno despegue, pasó la noche en la Comisaría 3ª de Luque, donde espera lo que disponga el Ministerio Público en el marco de la investigación.

El extranjero dice ser ejecutivo de una empresa y que su visita a Paraguay responde a una invitación para un evento, pero que se disponía a retornar ayer.

Desde la Dinac, el titular Rubén Aguilar confirmó que, una de las sanciones a la que se expone Bertolotto es a la prohibición de volar desde Paraguay a otros destinos y viceversa.

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