Los diarios Última Hora y Extra (Grupo Vierci) publicaron que, mediante una videoconferencia, Anuncio Martí presentará su libro Río de sombras, además de un documental sobre su vida en el Punto de Cultura Casa Karaku, en Asunción. “El evento se realizará el 9 de febrero. Durante el evento de Casa Karaku se proyectará también el cortometraje documental Quando à pàtria bate forte, dirigido por la cineasta brasileña Jamille Fortunato, que narra la situación de Martí y su familia como refugiado político desde 2003″, reza la publicación, que fue objeto de cuestionamientos por “publicitar” a un secuestrador.

El acusado por la justicia paraguaya por haber participado del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi en 2001 y de ser dirigente del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), sigue libre y ahora lanzará un libro, lo cual genera tremenda indignación en la población paraguaya.

El mismo se encuentra en carácter de refugiado en Finlandia, gracias a las nulas gestiones hechas durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez para conseguir la revocatoria de este beneficio concedido además a Juan Arrom y Víctor Colmán.

En su momento, el entonces mandatario Abdo Benítez reconoció que el hecho de que Finlandia dé el estatus de refugiados se configuraba en una derrota. Señaló que de igual modo se seguirá litigando para lograr cancelar dicho estatus y aseguró que los perseguirá a donde vayan. “Esta es una derrota. Esta gente está corriendo de la Justicia. Mientras sea presidente, vamos a perseguirlos hasta donde vayan”, había dicho.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los entonces diputados Kattya González y Sebastián García habían presentado una nota dirigida a la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Finlandia, en donde solicitaron el apoyo político del parlamento finlandés, para la revocación del refugio político.

En la nota presentada al Parlamento finlandés, ambos congresistas explicaron que desde el año 2003, Juan Francisco Arrom Suhurt, Anuncio Martí Méndez y Víctor Antonio Colmán Ortega, son prófugos de la justicia paraguaya y se encuentran procesados por la comisión de crímenes de secuestro extorsivo y otras violaciones al derecho positivo paraguayo, habiendo eludido sus responsabilidades para presentarse ante la justicia paraguaya desde hace más de 15 años.

Sin embargo, Finlandia no hizo caso al pedido de Paraguay y los prófugos siguieron (hasta la fecha) con su beneficio.

En junio de 2019, el Paraguay consiguió una victoria frente a los secuestradores, al lograr que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) rechazara por unanimidad la demanda contra el Estado paraguayo entablada por Juan Arrom y Anuncio Martí por presuntas torturas durante la investigación del secuestro. La Corte también rechazó el reclamo “simbólico” de US$ 123 millones de Arrom y Martí (50 millones de dólares para cada uno y 23 millones para sus familiares), quienes también pretendían que unas avenidas lleven sus nombres.

MÁS DEL CASO

Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, miembros del Partido Patria Libre, fueron acusados por el Gobierno de haber participado, a finales de 2001, en el secuestro de María Edith Bordón, nuera del ex ministro de Hacienda Enzo Debernardi, además de ser dirigentes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En el 2002 huyeron del país y fueron al Brasil, donde alegaron haber recibido supuestas torturas por parte del Estado, por lo que ya obtuvieron el estatus de refugiados en el vecino país. Además, denunciaron a Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el órgano internacional falló en su contra.

Tras esto, Brasil había dado señales de que les retiraría la protección, por lo que los tres decidieron huir a Uruguay y luego a Europa, llegando finalmente a territorio finlandés.

Como ya se había implementado en ocasiones anteriores, la modalidad contempla el cobro adelantado en fila únicamente mediante dispositivos POS, con pagos habilitados a través de tarjeta de débito, crédito o QR.

Esto permitirá reducir las filas frente a los puestos de peaje y agilizar la circulación, en estos días donde muchas personas acuden a la Villa Serrana.

De manera excepcional y de acuerdo con la cantidad de vehículos que ingresen y salgan de Asunción, se habilitarán los puestos necesarios según el flujo vehicular, tanto en el acceso como en la salida del peaje, y se aplicará un sistema de cobro bidireccional. Estas medidas estarán vigentes del 6 al 8 de diciembre.

En los peajes concesionados a Tape Porã, ubicados en Minga Guazú y Juan Manuel Frutos, se reforzará la operación con más cajeros y auxiliares de pista entre el 5 y el 8 de diciembre.

Rutas del Este también implementará un operativo similar, con más perceptores de caja y cobro adelantado. Los servicios en ruta estarán disponibles para los usuarios y, para solicitar asistencia o grúa, podrán comunicarse al *76373.

El las últimas diez semanas no se registraron casos nuevos de sarampión, pero el riesgo de brotes y dispersión de la enfermedad sigue latente debido a que muchas personas siguen sin vacunarse.

Se encuentran actualmente en investigación cuatro personas con sospecha de sarampión, procedentes de San Pedro y de Asunción.

Desde Salud insisten en acceder a la vacunación y completar el esquema para protegerse de esta enfermedad altamente contagiosa.

La mayoría de los casos detectados de sarampión en territorio nacional se ubica en el rango etario de niños y adultos de entre 3 meses a 54 años. Cabe resaltar que ninguno de los afectados por sarampión requirió cuidados intensivos, tampoco se reportaron fallecidos.

En San Pedro, Asunción y Central continúan las actividades de intensificación, a fin de monitorear las coberturas de vacunación y realizar la búsqueda activa de sospechosos de sarampión y rubéola.

Los fiscales Giovanni Grisetti, Juan Ramón Sandoval, María Irene Álvarez y Christian Ortiz, presentaron el requerimiento conclusivo con acusación contra Armando Javier Rotela Ayala por homicidio, toma de rehenes y motín de internos y asociación criminal.

Además del líder del Clan Rotela, también están acusadas otras ocho personas por la supuesta participación en los graves hechos registrados los días 16 y 17 de febrero de 2021 en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

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En la ocasión, ocho internos fueron asesinados y más de veinte agentes penitenciarios fueron tomados como rehenes.

Se solicitó al Juzgado Penal de Garantías la admisión de la acusación y de todas las pruebas. También pidieron elevar el caso a juicio oral y público.

Entre los elementos de prueba figuran: actas de intervención fiscal y policial, informes de inteligencia y análisis de videos, autopsias, pericias forenses y estudios dactiloscópicos. Además, declaraciones testimoniales de autoridades, guardias retenidos, bomberos y agentes policiales intervinientes.

Los incidentes habían comenzado cuando se decidió trasladar a otro penal al interno Orlando Efrén Benítez Portillo, momento en que se amotinaron los miembros del clan Rotela, tomaron de rehenes a los guardias y mataron a 8 reclusos.

También quemaron colchones, causaron destrozos e impidieron que los funcionarios reorganicen el penal y retomen el control.

En cuanto a los homicidios, la Fiscalía sostiene que Rotela impartió órdenes directas de las ejecuciones. Muchos fueron apuñalados y otros decapitados.