En las primeras dos semanas de enero, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) recibió 286 denuncias contra 201 empresas por incumplimiento del pago de aguinaldo. La institución también empezó el proceso de fiscalización de los establecimientos que no acudieron a la conciliación para ponerse al día con sus trabajadores, y tramita los pedidos de órdenes judiciales de allanamiento para ingresar a aquellas empresas que recurrieron a mecanismos obstructivos para impedir la inspección.

Del total de denuncias recibidas, 207 son nominales y 79 anónimas. En cuanto al medio que utilizaron los trabajadores para hacer saber la vulneración de su derecho a percibir el aguinaldo, 160 lo hicieron de manera presencial, 72 a través del WhatsApp, 53 vía online y 1 mediante llamada telefónica.

Un 57,5% de las denuncias afectan a empresas de Asunción y Central y el 42,5% a establecimientos del interior del país. Otros datos que arrojan los registros del MTESS es que el 65% de los denunciantes son varones y el 35% mujeres.

En el marco del operativo aguinaldo, la cartera de Trabajo también comenzó el proceso de fiscalización de empresas, con el objetivo garantizar el respeto de los derechos laborales y asegurar que los trabajadores reciban los beneficios correspondientes.

Los primeros procedimientos de inspección abarcaron a empresas de la construcción, de transporte y de servicios de limpieza, las cuales figuran entre los sectores con mayor cantidad de denuncias por incumplimiento del pago del aguinaldo, junto con el rubro de comercio y de seguridad.

La orden de fiscalización se emite luego de que la empresa no haya comparecido a la instancia de conciliación entre las partes, en la que se busca el cumplimiento de la remuneración complementaria. El proceso puede culminar en una multa administrativa a la patronal denunciada, que va de 10 a 30 jornales mínimos por cada trabajador afectado.

Igualmente, el MTESS alista los trámites para ingresar a aquellas empresas que se negaron a ser fiscalizadas. El artículo 18 de la Ley 5115/2013 autoriza a la institución a recurrir a un juez competente para una orden de allanamiento de los establecimientos y de instituciones y entidades públicas y privadas, en caso de oposición a que sean inspeccionados y hacer uso de la fuerza pública a dicho efecto.

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Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.