En las primeras dos semanas de enero, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) recibió 286 denuncias contra 201 empresas por incumplimiento del pago de aguinaldo. La institución también empezó el proceso de fiscalización de los establecimientos que no acudieron a la conciliación para ponerse al día con sus trabajadores, y tramita los pedidos de órdenes judiciales de allanamiento para ingresar a aquellas empresas que recurrieron a mecanismos obstructivos para impedir la inspección.

Del total de denuncias recibidas, 207 son nominales y 79 anónimas. En cuanto al medio que utilizaron los trabajadores para hacer saber la vulneración de su derecho a percibir el aguinaldo, 160 lo hicieron de manera presencial, 72 a través del WhatsApp, 53 vía online y 1 mediante llamada telefónica.

Un 57,5% de las denuncias afectan a empresas de Asunción y Central y el 42,5% a establecimientos del interior del país. Otros datos que arrojan los registros del MTESS es que el 65% de los denunciantes son varones y el 35% mujeres.

En el marco del operativo aguinaldo, la cartera de Trabajo también comenzó el proceso de fiscalización de empresas, con el objetivo garantizar el respeto de los derechos laborales y asegurar que los trabajadores reciban los beneficios correspondientes.

Los primeros procedimientos de inspección abarcaron a empresas de la construcción, de transporte y de servicios de limpieza, las cuales figuran entre los sectores con mayor cantidad de denuncias por incumplimiento del pago del aguinaldo, junto con el rubro de comercio y de seguridad.

La orden de fiscalización se emite luego de que la empresa no haya comparecido a la instancia de conciliación entre las partes, en la que se busca el cumplimiento de la remuneración complementaria. El proceso puede culminar en una multa administrativa a la patronal denunciada, que va de 10 a 30 jornales mínimos por cada trabajador afectado.

Igualmente, el MTESS alista los trámites para ingresar a aquellas empresas que se negaron a ser fiscalizadas. El artículo 18 de la Ley 5115/2013 autoriza a la institución a recurrir a un juez competente para una orden de allanamiento de los establecimientos y de instituciones y entidades públicas y privadas, en caso de oposición a que sean inspeccionados y hacer uso de la fuerza pública a dicho efecto.

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El barril de West Texas Intermediate perdió 3,29%, hasta 61,07 dólares, y el de Brent un 3,15%, hasta 64,01 dólares, después de que Trump asegurara que “nos estamos acercando tal vez a hacer un trato”, según informó la AFP.

Cada modificación del precio del barril hace que los usuarios locales se pregunten sobre la posibilidad de una reducción del precio del combustible.

Sin embargo, como se sabe, esto no se traslada de manera inmediata al precio final, menos aún cuando de bajar se trata.

Este lunes último, Petropar redujo 270 guaraníes el precio en todos sus combustibles, lo que repercutió por obligación en todos los emblemas privados.

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No obstante, esa disminución llegó después de que el barril permaneciera por mucho tiempo por debajo de los 60 dólares (entre 57 y 58) y recién luego de un llamado de atención en público del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.

Posteriormente, el barril volvió a subir tras el anuncio de tregua por 90 días entre Estados Unidos y China respecto a los aranceles comerciales, al punto que, desde Cadipac (Cámara Paraguaya de Distribuidoras de Combustibles), lamentaron tener que bajar sus precios “justo ahora” que nuevamente estaban subiendo y estimaron que harían otro reajuste en 30 días.

Ese aumento al que aludieron en Cadipac, ahora nuevamente se convierte en una baja, con las declaraciones de Trump este jueves, sobre el inminente acuerdo con Irán sobre el programa nuclear.

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Tres ciudadanos de nacionalidad china, de 54, 29 y 28 años de edad, en las últimas horas fueron expulsados del territorio nacional.

La salida de estos extranjeros se dio a raíz de su ingreso y permanencia irregular en suelo paraguayo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 6984/22.

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Estas tres personas formaban parte del grupo hallado tras el asalto a una granja de criptominería ubicada en la ciudad de Coronel Bogado, departamento de Itapúa.

Otro ciudadano chino, junto con un venezolano, también fueron notificados para regularizar su situación migratoria, dado que sí contaban con registro de ingreso al país.

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El intento de asalto acabó siendo frustrado gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional, que fue alertada sobre el hecho por uno de los empleados.

Los miembros de la banda criminal lograron escapar del sitio sin lograr su cometido, para lo cual huyeron en varios vehículos.

Mediante un trabajo de investigación policial, en las últimas horas se concretó la detención de Augusto Suárez Ortiz, de 60 años, en el barrio Villa del Agrónomo de San Lorenzo.

El mismo posee frondosos antecedentes penales por robo agravado y hurto agravado, además de contar con cuatro órdenes de captura pendientes.

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Este sujeto es acusado por las autoridades de liderar una banda delictiva que el pasado mes de abril perpetró un intento de asalto en la ciudad de Villeta.

Según los antecedentes, Suárez y sus cómplices ingresaron a un puerto privado con el propósito de apoderarse de una importante cantidad de fertilizantes, pertenecientes a una empresa privada.

El atraco acabó siendo frustrado gracias a la intervención de las fuerzas del orden, lográndose la captura de más de 10 integrantes de este grupo criminal.

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Durante todo este tiempo, Suárez permaneció prófugo de la justicia, hasta que finalmente se pudo dar con su paradero. En su poder incautaron un revólver calibre 38 con seis cartuchos sin percutir.

Con su captura, la Policía presume que la banda fue completamente desbaratada, sin que falte ningún eslabón por detener.