La Nación

“Las contrataciones fueron a dedo, por prebendas, un poco de todo. Hay mucha tela que cortar dentro de la institu­ción, realmente hay que corre­gir muchas cosas, esto lleva su tiempo. Se están tomando medidas para ir depurando la institución”, manifestó el actual titular de la previsional, este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

Brítez había denunciado este último jueves que durante la era Abdo se registró un total de 11.000 nuevos funciona­rios. Actualmente, la institu­ción cuenta con 27.000 traba­jadores y recientemente ya se procedió a la desvinculación de 700 personas.

“Llegó la pandemia del covid-19, se necesitó de 3.000 funcio­narios para hacer la cobertura total de toda la situación, pero no más que eso. La gente que entró ya no salió”, puntualizó. Durante el inicio del gobierno de Abdo Benítez, la titularidad del IPS fue ejercida por Andrés Manuel Gubetich Mojoli.

El abogado presentó su renun­cia al cargo en marzo del 2021 y fue nombrado en su reem­plazo el médico Vicente Mario Bataglia, cuestionado por su administración deplo­rable ante la falta de medi­camentos, insumos y la falta de inversión en las infraes­tructuras de la institución.

VENTA DE CARGOS EN IPS

Por otra parte, Brítez se refi­rió sobre el escandaloso caso de ofrecimiento de nombra­mientos, contrataciones y recategorizaciones en la ins­titución a cambio de dinero por parte de un grupo de esta­fadores que tiene como inte­grantes a algunos funcio­narios de la previsional. El viernes fue detenido el sexto involucrado en el presunto esquema de venta de cargos.

Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado, Peña destacó la afinidad con la administración colombiana entrante.

En declaraciones brindadas a medios locales, el mandatario paraguayo lamentó la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que rechazó en reiteradas oportunidades las propuestas de reunión planteadas por la cancillería paraguaya, aunque aclaró que la cooperación operativa en materia de seguridad no se interrumpió en ningún momento.

Peña resaltó la decisión del gobierno de De la Espriella de integrarse a la iniciativa Escudo de las Américas, plataforma de la cual Paraguay ya forma parte. Además, valoró la capacidad del nuevo presidente colombiano para consolidarse como un articulador regional decisivo en el combate contra el crimen transnacional organizado.

Igualmente, la agenda de trabajo incluyó el impulso de las relaciones comerciales. Desde la Presidencia paraguaya informaron que ambos líderes coincidieron en la importancia de promover un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, atraer inversiones y consolidar un plan de trabajo conjunto a largo plazo.

La propuesta plantea blindar el tope de responsabilidad fiscal y garantizar el equilibrio presupuestario de entre el 1,5% y el 3%, estableciendo que los políticos e integrantes de las altas esferas del Estado paguen de su propio bolsillo si autorizan o legislan gastos no previstos que sobrepasen los límites legales.

El titular del Poder Legislativo explicó que la iniciativa afectará de manera directa los ingresos de los legisladores, del presidente y vicepresidente de la República, así como de las autoridades del Poder Judicial en caso de incumplir las metas fiscales.

Pese a que el plan contempla reducir salarios —como el sueldo parlamentario de 35 millones de guaraníes, Núñez aclaró que no busca ser tan radical como en otros países donde se propone la suspensión total de haberes, aunque enfatizó la necesidad de que la clase política asuma un impacto monetario real ante el descontrol presupuestario.

Dentro del alcance del proyecto, Núñez apuntó de forma particular contra el Poder Judicial al denunciar la existencia de una presunta “mafia de los amparos”, un esquema mediante el cual se dictan fallos que obligan al Estado a adquirir medicamentos de alto costo o no disponibles en el sistema de salud pública. Según el legislador, esta dinámica involucra a clínicas y laboratorios.

En caso de prosperar, la norma excluirá explícitamente de cualquier ajuste a las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicios penitenciarios.

El agente fiscal Federico Delfino logró sostener la acusación al demostrar que el edil exigió la suma de 15.000 dólares americanos a la víctima a cambio de frenar una denuncia en su contra por supuesta violencia contra la mujer.

El fallo judicial fue emitido tras el juicio oral y público conducido por el Tribunal de Sentencia que estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes.

Durante el debate, el representante del Ministerio Público expuso diversos medios probatorios que resultaron determinantes para probar la responsabilidad penal del político del partido Yo Creo.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la causa, los hechos sucedieron el 17 de marzo del año 2023 en la ciudad de Asunción.

La investigación confirmó que Villalba Alves utilizó su posición e influencia para amedrentar a la víctima y chantajearla económicamente con la promesa de evitar que el proceso legal en su contra prosperara.