El acceso a la bóveda de los cambistas de Ciudad del Este era potestad exclusiva de los que estaban registrados como socios y depositantes. El plano visual externo del recinto, por lógica, fue proveído por alguien que conocía a la perfección la disposición de las cajas.

En otro aspecto del caso, los investigadores resaltan que la desactivación de los alimentadores eléctricos (primero bajando las llaves, luego sacando el aceite de los trasformadores) requirió de personas que tenían conocimiento exacto de cómo generar un apagón de forma manual (primero intermitente, después constante), así como del lugar donde se encontraban los dispositivos a desactivar.

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Esas operaciones implicaron cortes de electricidad en el sitio de la bóveda y los alrededores. El apagón, según denunciaron los vecinos, duró la tarde del sábado y gran parte del domingo.

Un informe que obra en poder de la Fiscalía consigna que, un camión estacionado en el lugar donde técnicos de la ANDE debían operar para superar el corte, impidió el trabajo de reposición del fluido. ¿Por qué los funcionarios del ente eléctrico no recurrieron a la Policía para sacar el camión que obstaculizaba el acceso? Es una de las interrogantes que queda flotando en ámbito de la investigación.

“El tema de los cortes se está investigando para revelar las circunstancias. Igualmente, todas las demás cuestiones que se relacionan al caso. Hay muchas evidencias con que se cuenta para la investigación”, dijo el fiscal Lorenzo Lezcano en comunicación con la 730 AM.

Otras aristas son analizadas al respecto. Es el caso de los guardias, privados y policiales, que estaban resguardando el local. En el día D, el de ejecución del robo, nadie escuchó ruido alguno del momento en que los ladrones ingresaron a la bóveda, en donde, con potentes taladros abrieron, una a una, las 148 cajas de seguridad en donde estaba el dinero de los cambistas.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.