A través de un comunicado publicado este viernes, los Obispos del Paraguay expresaron su posición luego de los últimos acontecimientos suscitados en el ámbito político, a raíz de la expulsión de Kattya González del Senado.

En el texto, la Conferencia Episcopal asegura “observar con dolor un proceso de deterioro de la institucionalidad democrática de nuestro país” que, con sus luces y sus sombras, se ha venido construyendo con esfuerzo en los últimos 35 años.

De igual manera, resalta la necesidad de “conducir las instituciones democráticas de la República con la altura moral y ética”, así como la idoneidad de sus miembros y el respeto de los procesos y procedimientos establecidos en el marco legal vigente.

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“Si en el cumplimiento de Reglamentos se toman decisiones legítimas, esperamos que se apliquen con equidad en todos los espacios y en todos los casos, sin privilegios ni consideraciones de intereses particulares o de grupos”, reza el pronunciamiento de la CEP.

Seguidamente, los obispos señalan que “se pone en riesgo el sistema democrático” cuando la lucha por el poder y los intereses de grupos de poder interfieren y se anteponen al bien común y al fortalecimiento de los Poderes del Estado, así como de los órganos institucionales previstos en la Constitución Nacional.

“Necesitamos instituciones que aseguren confianza a la ciudadanía, por la integridad, rectitud, honestidad y decencia en la conducta de quienes ejercen la responsabilidad de conducción en los órganos de gobierno”, prosigue.

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Finalmente, los miembros de la Conferencia Episcopal Paraguaya afirman que “es obligación de todos, especialmente de quienes ocupan cargos electivos, respetar, cumplir y salvaguardar los mandatos de nuestra Carta Magna”.

“En estos tiempos de tensiones e incertidumbres social y política, elevamos nuestras oraciones pidiendo a Dios que ilumine en su discernimiento a nuestros gobernantes, para guiar a su Pueblo con prudencia, serenidad y sabiduría, tomando decisiones justas, manteniendo presente la verdadera grandeza de una sociedad, la cual se mide por su capacidad de proteger los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos y de velar por el bienestar de cada uno de ellos”, finaliza el comunicado.

La carga estaba consignada a la firma de remesas SAGA’S SA, procedente de Miami y consistía en un total de 19 bultos que sumaban 814 kilos. Mediante el perfilamiento de riesgo realizado por el equipo de Visturía y Resguardo de la DNIT, fue seleccionada una caja de 11,23 kg que aparentaba contener cremas corporales.

El paquete estaba destinado a un ciudadano identificado como Ramón Valiente, con origen en San Francisco, California, informó la DNIT.

El escaneo no intrusivo reveló la imagen de material orgánico dentro del bulto, motivo por el cual se procedió a la verificación física correspondiente. En su interior se detectaron 7,8 kilos de una sustancia vegetal sospechosa.

La intervención se realizó con apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de Lala, el can antidrogas, que reaccionó de forma positiva ante la presencia de estupefacientes.

La sustancia fue entregada bajo acta al personal de la Senad para su análisis, custodia y procedimiento judicial correspondiente.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se habrían comprado hamacas por un precio de hasta G. 1.258.000 cada uno y camisas de ao po’i a G. 1.021.000.

Asimismo, se habrían comprado pines de plata que fueron regalados a más de 50 autoridades extranjeras, cuyo valor oscilaría en G. 30.000, pero la Defensoría del Pueblo habría pagado G. 600.000.

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Estiman que el perjuicio patrimonial rondaría los G. 1.400 millones (Mil cuatrocientos millones).

La denuncia presentada por la activista social, Francisca Duré de Bernal (bajo patrocionio de la abogada Elva Rubira) fue realizada en contra del defensor del Pueblo, Rafel Ávila y los funcionarios Rebeca Miranda y Pedro Santacruz, quienes ocupan altos cargos administrativos en la institución.

Hamacas y camisas de oro: presentan denuncia contra el defensor del Pueblo.

Se solicitó la urgente imputación de los denunciados.

Cabe mencionar que, la jueza de garantías Diana Carvallo ya solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Ávila por desacato judicial.

Lo que empezó como una simple solicitud verbal acabó a los tiros en el barrio Acaray de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

El protagonista de este episodio es Alcides Ramírez Esquivel (28), quien fue víctima de un amedrentamiento, con amenaza incluida, por parte de una turba.

Según el reporte, un grupo conformado por entre seis a ocho personas participaba de una fiesta en una casa quinta ubicada a pocos metros de la vivienda del afectado.

Debido a la polución sonora y las molestias ocasionadas en el vecindario, Ramírez fue hasta el lugar para pedir a los presentes que bajen el volumen de la música, a fin de dejarlo descansar.

Dicho pedido generó el disgusto del grupo, que siguió al hombre hasta su residencia para amedrentarlo, efectuando disparos al aire con intenciones de asustarlo.

Tras el incidente, los autores huyeron a bordo de una camioneta Kia Sportage de color blanco y un automóvil Toyota Vitz de color oscuro, sin llegar a ser identificados plenamente.

La Policía Nacional ya tomó conocimiento de lo ocurrido y se encuentra investigando el hecho, a fin de dar con el paradero de estos inadaptados.