Sergio González (58), quien se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Central del IPS, lastimosamente murió anoche, según comunicaron las autoridades de la previsional.

El paciente es la tercera víctima fatal de la explosión de amoníaco en la fábrica de San Lorenzo, inicialmente clausurada por el Ministerio del Trabajo para la investigación del caso. La suspensión se levantó precisamente ayer.

El primer fallecido fue el chofer de la empresa. El segundo, el trabajador que había quedado con quemaduras en el 80 % del cuerpo y el tercero, uno de los que se encontraba en terapia intensiva y que, de acuerdo al reporte anterior, era el único que no presentaba mejoría.

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El eventual aspecto penal y el cumplimiento o no de los protocolos de seguridad son los enfoques paralelos de la investigación de la explosión ocurrida en la fábrica de embutidos de San Lorenzo.

El Ministerio del Ambiente, que también abrió un sumario administrativo, tiene la potestad de emitir una resolución de cierre y traslado de actividades, sin embargo, el que realmente obliga a la mudanza es el Ejecutivo municipal, detalló el ministro.

La investigación abierta por esta cartera estatal incluirá un informe sobre la viabilidad para que la planta continúe operando en ese lugar, considerando la urbanidad y las condiciones de los alrededores.

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En el transcurso de esta tarde se concretó el traslado de Diego Ariel Segovia Paniagua, de 27 años, a la cárcel de Tacumbú.

El juez de Luque, Nelson Romero, dispuso que el detenido sea llevado hasta este penal, a fin de cumplir con la prisión preventiva.

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Segovia había sido detenido el último martes luego de un intento de asalto a una joyería ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Luque, ocasión en que fue reducido por vecinos a pedradas.

En su resolución, el magistrado estableció que el procesado permanezca en la Sección Sanidad de la penitenciaría, a fin de recibir atención médica constante.

Cabe recordar que el presunto delincuente recibió un fuerte golpe en la cabeza antes de lograr darse a la fuga. Así también, se confirmó que posee un proyectil de arma de fuego alojado en el cráneo.

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El agente fiscal Jorge Escobar resolvió imputar a este hombre por el hecho punible de robo agravado, a raíz de su participación probada en el fallido asalto a la joyería.

El abogado Osvaldo Arrúa, representante legal de Segovia, adelantó que apelará la resolución del juez, por las condiciones en las que se encuentra su cliente.

La Policía de la Ciudad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con apoyo de la Dirección General de Aduanas, esta semana logró desarticular una organización dedicada al contrabando y alquiler de automóviles deportivos.

Durante una serie de allanamientos desplegados en el vecino país, se logró la incautación de cinco vehículos de alta gama. Se trata de dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang (todos con matrícula paraguaya) y una Toyota SW4 con chapa argentina.

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Según la investigación, estos rodados habrían cruzado la frontera bajo la modalidad de “ingreso temporal”, con supuestos fines turísticos. Sin embargo, el objetivo real era dejarlos de manera permanente en Argentina, sin ser nacionalizados.

La finalidad de esta estrategia sería evadir el pago de impuestos, además de aprovechar estos lujosos vehículos para su uso con fines comerciales. Tal es así que llegaron a aparecer en videoclips de artistas como L-Gante, La Joaqui y La China Suárez.

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“Estos autos ingresaban bajo una modalidad que explota un vacío en el régimen de circulación de vehículos en el Mercosur”, explicó el director de Aduanas argentino, Andrés Velis, al canal NPY.

Dos ciudadanos argentinos y un paraguayo fueron detenidos por esta causa, mientras que una cuarta persona permanece prófuga. A la par, también se impartió una orden de secuestro contra un Dodge Challenger que no llegó a ser localizado en el operativo.

“Presentamos la denuncia por el hecho que atenta gravemente contra el patrimonio histórico de nuestra ciudad. No voy a permitir que se destruya Asunción ni que un acto de esta magnitud quede impune”, informó el intendente Luis Bello.

Se trata del edificio histórico ubicado en las calles Azara y Antequera, que fue demolido sin ningún permiso.

“El Ministerio Público será el encargado de investigar la causa, y desde la Intendencia acompañaremos cada paso del proceso hasta que los responsables respondan por el daño irreparable que causaron a nuestra ciudad”, agregó el jefe comunal.

Bello indicó que también se remitieron todos los antecedentes del caso al Juzgado de Faltas, para el sumario correspondiente, y a la Secretaría Nacional de Cultura, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Cabe mencionar que, según la Ley 5621/16 de Protección del Patrimonio Cultural, cualquier ciudadano que cause algún daño a los bienes del patrimonio cultural en todas sus categorías o clasificaciones, se expone de 3 a 10 años de cárcel.